17 de enero de 2021

JUDICIALES

NISMAN A 6 AÑOS

17/ENE/2021

La causa del memorándum con Irán, la que más preocupa a Cristina Kirchner

La vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández, tuvieron oscilantes posiciones entre el homicidio y el suicidio sobre la conmocionante muerte del fiscal del caso AMIA.

A nadie le escapa que la principal preocupación de la vicepresidenta Cristina Kirchner son sus multiprocesamientos en la Justicia federal, resabios de hechos de corrupción que se habrían cometido durante sus gobiernos. Preocupación que, parece, se convirtió durante los años de gestión macrista y en lo que va de su socio del poder, Alberto Fernández, en obsesión para quitarse de encima esa espada de Damocles. Las causas abiertas, algunas en proceso de juicio oral y la mayoría en espera, son las denominadas Hotesur/Los Sauces, negociados en la obra pública, dólar futuro, los cuadernos de las coimas y el encubrimiento por la firma del memorándum con Irán del atentado a la AMIA. Este último caso es el que más la inquieta a la expresidenta, un proceso que roza lo que hace 6 años conmovió a la Argentina y al mundo: la repentina y sospechosa muerte del fiscal que investigó el ataque a la mutual judía, Alberto Nisman.

ACUSACION

Precisamente, el 14 de enero de 2015, el doctor Alberto Nisman denunció a la entonces presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de Irán por la firma del Memorándum de Entendimiento en el marco de su investigación del sangriento atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. Cuatro días después, el domingo 18 de enero de 2015, el fiscal fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la cabeza, a pocas horas de su presentación en el Congreso Nacional.

Nisman acusó a la presidenta Cristina Kirchner y a su canciller Héctor Timerman de pactar un acuerdo con el régimen iraní en febrero de 2003 para proteger a los responsables intelectuales y materiales del ataque terrorista a la sede de la mutual judía en Once. Según el fiscal, las maniobras del gobierno nacional para borrar a Irán del caso AMIA fueron a cambio de acuerdos comerciales con Teherán. Para poder materializar este arreglo era necesario garantizar la caída de las alertas rojas que pesaban sobre varios altos funcionarios iraníes, hecho que jamás ocurrió. Ademas de Cristina Kirchner y Héctor Timerman, la denuncia de Nisman alcanzaba al diputado K, Andrés “Cuervo” Larroque, al piquetero oficialista Luis D’Elía, al líder de Quebracho, Fernando Esteche y al argentino/iraní Jorge “Yussuf” Khalil. Además fueron procesados el por entonces secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, el jefe de la AFI, Oscar Parrilli y su segundo, Juan Martín Mena.

Jorge «Yussuf» Khalil y Luis D’Elía bajan del camión celular en Comodoro Py para declarar ante el juez Claudio Bonadio.

Los fiscales pidieron que para la lista de testigos del juicio se llame al exjefe de Interpol, Ronald Noble, y su segundo, Joel Sollier. Quieren saber si la firma del memorándum con Irán implicaba el cese de las alertas rojas. Sobre Noble, el fiscal federal Marcelo Colombo, aseguró que “no existe imputación formal” como lo pidieron los querellantes. El fallecido juez Claudio Bonadío, quien instruyó la causa hasta que fue elevada a juicio, puso en duda el accionar de Noble.

Mas allá de la compleja trama judicial, tanto en la instrucción como el demorado comienzo del juicio oral, están las oscilantes posiciones que tuvieron los hoy más altos funcionarios del poder argentino: Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Cuando el actual presidente estaba distanciado y enfrentado públicamente con Cristina, declaró en varios medios: “Nadie en la Argentina cree que Nisman se ha suicidado. La primera que no lo cree es Cristina Fernández de Kirchner”. Últimamente, restablecida la relación con Cristina, cambió de visión y declaró: “No apareció ninguna prueba seria que diga que a Nisman lo mataron”.

Por su parte, Cristina Kirchner también fue y vino con distintas hipótesis y teorías sobre la muerte del fiscal del caso AMIA, oscilando entre el homicidio y el suicidio. Parece que (aunque cueste creerlo) ambos socios del Frente de Todos se esclarecieron, despejaron todas sus dudas, cuando vieron el documental de Netflix “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía”. En su libro “Sinceramente”, Cristina primero plantea sospechas sobre la muerte del fiscal y pone al exagente de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiusso en medio de la escena. En otra parte del texto, la expresidenta también abona la hipótesis del suicidio, citando argumentos del libro del periodista Pablo Duggan “¿Quién mató a Nisman?”, donde el autor refuta las pericias de Gendarmería y toma partido por el suicidio.

La miniserie de Netflix

Finalmente, Cristina resaltó en sus redes sociales el trabajo del documental de Netflix y criticó cómo se manejó la Justicia al investigar la muerte para perjudicarla. “La verdad es algo que nunca buscó Comodoro Py ni la mayor parte del Poder Judicial”, concluyó la vicepresidente. Libros, documentales, expedientes judiciales. Todo mezclado, como las opiniones de los principales protagonistas de esta macabra historia, de la que se cumplen 6 años.

Fuente: TN

FERNANDO BAEZ SOSA

16/ENE/2021

Uno por uno, cómo es la situación de los rugbiers en el expediente

Ocho imputados irán a juicio por el asesinato ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Cuál es la responsabilidad que recae sobre cada uno y cómo está la causa.

A un año del crimen de Fernando Báez Sosa, ocho de los 10 rugbiers implicados en la causa están imputados como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, quecontempla como pena la prisión perpetua. Actualmente, cumplen la preventiva en la alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata.

El 17 de noviembre, con el pedido de elevación a juicio, concluyó la etapa de investigación. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, a cargo de la fiscal Verónica Zamboni, acumuló toda las pruebas testimoniales, grabaciones, audios, indagatorias, filmaciones, autopsia, pericias científicas, geográficas y gps de celulares, entre otras. Y requirió al juez de Garantías David Mancinelli que los detenidos sean juzgados por el asesinato, ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

El magistrado debe definir la fecha de inicio del juicio, que -según se especula- no será antes de julio o agosto de este año. La responsabilidad de los ocho rugbiers que se sentarán en el banquillo se divide en dos: están los que participaron de la paliza criminal y los que impidieron que los amigos de Fernando y otros presentes pudieran auxiliarlo. En el primer grupo se ubican Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli. En el segundo están Luciano Pertossi, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz. Para la fiscal, todos tienen el mismo grado de responsabilidad.

Alejo Milanesi Juan Pedro Guarino, los otros dos rugbiers que estuvieron esa noche, fueron desvinculados de la causa. Pasaron tres semanas detenidos junto a sus amigos, aunque luego se los liberó por falta de pruebas. La fiscal Zamboni los imputó entonces como “partícipes necesarios”, hasta que hace dos meses pidió su sobreseimiento.

Hubo también un “sospechoso número 11″, cuya identidad fue confirmada en septiembre, y que nunca fue detenido ni imputado.

El rol de cada rugbier en la golpiza que terminó con la vida de Fernando

Máximo Thomsen

Máximo Thomsen. (Foto: Twitter Julieta Rossi)

Tiene 20 años, es el líder del grupo y uno de los más complicados en su situación procesal: las pericias apuntan a que fue quien le dio la patada mortal a Fernando. Según el estudio escopométrico, una huella identificada en el rostro del joven asesinado correspondía con la impronta de las zapatillas que el imputado utilizó ese día.

Como deportista, “Machu” -así lo apodan- era el más destacado entre sus compañeros. Al igual que ellos, se formó como rugbier en el Arsenal Zárate Rugby y desde 2017 jugaba en el Club Atlético San Isidro (CASI), pero fue suspendido como socio tras conocerse su detención por el crimen. Estudiaba en un profesorado de educación física y aspiraba a ser kinesiólogo de alto rendimiento.

Los videos que se viralizaron horas después del asesinato lo muestran en la escena del crimen, caminando nervioso de bermudas y camisa desabrochada, mientras Fernando, a sus espaldas, estaba tendido en el suelo.

Ciro Pertossi

Ciro Pertossi. (Foto: Twitter Julieta Rossi)

Tiene 20 años y es otro de los acusados más comprometidos en el expediente: al menos tres testigos lo reconocieron como quien “le pegó a Fernando en la cabeza, cara y pecho cuando ya estaba en el piso”. Una cámara de seguridad lo capturó mientras se chupaba los dedos con sangre al ser interceptado por personal policial.

Casi una hora y media después del ataque, escribió en el grupo de WhatsApp que compartía con el resto del grupo: “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”. Según la fiscal Zamboni, “esta conversación podría tratarse de un planteo o pacto para guardar silencio entre ellos mismos sobre lo sucedido; corroborando ello la participación de todos en el hecho, como así también la total premeditación”. Es hermano de Luciano Pertossi y primo de Lucas Pertossi, otros dos detenidos por el asesinato.

Lucas Pertossi

Lucas Pertossi. (Foto: Julieta Rossi)

Tiene 21 años y es el mayor del grupo. La fiscalía determinó que registró con su iPhone la secuencia del ataque, desde que fueron expulsados del boliche hasta que él mismo dejó de grabar la golpiza para agredir a un amigo de Fernando. Diez minutos después del ataque, envió un audio al resto de la banda: “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia. Caducó”. Es primo de Luciano y Ciro Pertossi.

Luciano Pertossi

Luciano Pertossi. (Foto: Julieta Rossi)

Tiene 19 años y es el menor de los imputados. Testigos del expediente lo reconocieron como uno de los atacantes de Fernando y distintas filmaciones lo muestran en la escena del crimen. Es hermano de Ciro Pertossi y primo de Lucas.

Matías Benicelli

Matías Benicelli. (Foto: Julieta Rossi)

Tiene 21 años. Una serie de cotejos de ADN determinaron el hallazgo de sangre de Fernando en su camisa. Además fue señalado como partícipe del crimen por diferentes testigos: uno lo acusó de haber sido atacante directo de Fernando, otro lo observó agrediendo a un amigo del joven asesinado y un tercero declaró que también fue arengador, y que le gritaba insultos y amenazas a la víctima.

Le abrió la puerta a la Policía a las 10.30 de aquel 18 de enero, luego de que se ordenara la aprehensión de los rugbiers en la casa que alquilaban en Villa Gesell.

Enzo Comelli

Enzo Comelli. (Foto: Twitter Julieta Rossi)

Tiene 20 años. Según consta en el expediente, al ser detenido presentaba un “hematoma sobre el labio inferior”. La fiscalía lo acusó de haber atacado “premeditadamente” a Fernando.

Los investigadores establecieron además que fue quien “le propina en la secuencia fílmica golpes a otros sujetos masculinos que se encuentran en el piso y luego observa de cerca la golpiza que recibe la víctima”.

Blas Cinalli

Blas Cinalli. (Foto: Twitter Julieta Rossi)

Tiene 19 años, es el segundo más joven del grupo y las pruebas que forman parte del expediente lo sitúan como “agresor directo de Fernando”. Material genético compatible con el suyo fue encontrado en la uña del dedo meñique de Fernando, quien lo habría lastimado al intentar defenderse.

En el requerimiento para la elevación a juicio se constató que “golpea a unos sujetos que se encuentran en el piso”.

Ayrton Viollaz

Ayrton Viollaz. (Foto: Twitter Julieta Rossi)

Tiene 21 años y es el único del grupo que no tenía teléfono celular: lo había vendido para juntar dinero y poder viajar con sus amigos. Según la fiscalía, existen pruebas que lo ubican junto a Fernando “pudiendo quizás tratarse de un agresor directo”.

Varios testigos lo señalaron como arengador. Y aparece cerca de Thomsen en la puerta del boliche en los videos que se viralizaron horas después del crimen,

Alejo Milanesi

Alejo Milanesi. (Foto: Twitter Julieta Rossi)

Tiene 19 años. Fue detenido junto al resto de sus amigos, pero recuperó la libertad tres semanas después por falta de mérito y el 17 de noviembre, la fiscal Zamponi solicitó su sobreseimiento. En el documento donde la fiscal solicitó la elevación a juicio se indica que “se halla en una zona más alejada del altercado”.

Sin embargo, Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados de la familia Báez Sosa, alegaron que la eventual responsabilidad de Milanesi en la “coautoría funcional” del crimen debe definirse en un proceso oral.

Juan Pedro Guarino

Juan Pedro Guarino. (Foto: Twitter Julieta Rossi)

Tiene 19 años. Fue apresado junto a los otros rugbiers, pero al igual que Milanesi, fue excarcelado por falta de mérito tres semanas después del asesinato. Estaba imputado como “partícipe necesario”, pero la fiscal pidió su sobreseimiento.

El “sospechoso N°11”

Identificado como “TC”, nunca fue detenido ni imputado. No alquilaba la casa en Villa Gesell junto al resto del grupo, sino que había viajado con sus padres a la ciudad balnearia y la noche del crimen estaba en el boliche. Tras un análisis de las cámaras de seguridad de la zona y de testimonios, se confirmó que salió de Le Brique 11 minutos después que el resto de los imputados. “Solo observa todo lo sucedido (el cual no resulta imputado en autos, ni ha sido identificado durante la investigación como agresor)”, describió la fiscalía sobre su participación.

Fuente: TN

INADI Y ESCANDALO

04/ENE/2021

Una empleada doméstica acusó a Victoria Donda de ofrecerle un plan social y trabajo en el INADI tras no pagarle aportes

La titular del organismo envió los audios completos a TN.com.ar. “Es una mujer en situación de vulnerabilidad que está siendo usada para desprestigiar”, se defendió. El caso está en la Justicia.

Victoria Donda, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), quedó envuelta este lunes en un escándalo luego de que se conociera que su empleada doméstica la denunció en la Justicia por negarse a pagarle los aportes patronales y ofrecerle un plan social a modo de compensación. La funcionaria le envió a TN.com.ar los audios completos de las conversaciones que tuvieron en WhatsaApp, dijo que “es todo mentira” y aseguró: “Es una mujer en situación de vulnerabilidad que está siendo usada para desprestigiar”.

El caso fue revelado por Osvaldo Barsanti, el abogado de Arminda, la denunciante. En el programa que conduce el periodista Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, el letrado informó que inició dos acciones judiciales contra la exdiputada: una en el fuero laboral y otra en el penal. “Es una señora de origen boliviano de 62 años que durante muchos años, alrededor de 14, se desempeñó como empleada doméstica de Victoria Donda”, introdujo.

Sostuvo que, de esos 14 años de trabajo, durante 10 estuvo “totalmente en negro”. Explicó que, desde 2016, la mujer está “parcialmente registrada, con un salario menor al que le correspondía”. El problema habría comenzado cuando Armina quiso jubilarse y “de modo informal, inició una charla con Donda por ese motivo y porque, además, durante la pandemia no se hizo cargo de su salario”, contó el letrado.

Barsanti indicó que lo planteado por la mujer se formalizó en una carta documento “que fue recibida pero no contestada”. Dijo que, después, la respuesta de la funcionaria llegó a través de WhatsApp: “Le mandó ofrecimientos de planes y contrataciones en el INADI a cambio de su denuncia”. Para probarlo, difundió capturas de supuestos chats entre Arminda y la exdiputada.

TN.com.arse comunicó con Donda y la funcionaria facilitó los audios completos que se envió con su empleada doméstica. Allí da a entender que Arminda quería dejar de trabajar porque tenía problemas familiares, según le había transmitido en un mensaje anterior. “Te estoy diciendo que por ahí se te puede anotar en algún plan, en algo por ahí podemos anotarte. Necesito que me digas eso, si renunciás, porque hay que darte de baja para anotarte en el plan. Después se puede pagar para que saques la jubilación, yo necesito resolver y entiendo que necesites la plata. Los planes se están cobrando más o menos unos 10 mil pesos y la contraprestación puede ser cerca de tu casa”, le contestó la titular del INADI.

Afirmó, además, que su relación laboral formal con la mujer comenzó en 2016, aunque dijo que tenía trato con ella desde antes porque había trabajado “para otras personas que conocía”. Por otro lado, confirmó que, tal como indicó el abogado, le llegó una carta documento. “Los aportes laborales y los pagos salariales fueron hechos en tiempo y forma. Así consta en los registros de ANSES y AFIP”, afirmó.

En su versión de los hechos, explicó que la mujer le manifestó su interés en renunciar “por razones personales” y dijo que, ante esa situación, “recomendó la posibilidad de acceder a alguna prestación social” a la vez que realizara “alguna contraprestación en su barrio”. “También le mencioné la posibilidad de que colaborara en el INADI en algunos de los programas y acciones que el organismo realiza”, agregó.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, Donda manifestó que “entiende la preocupación” que la situación generó, al tiempo que aseguró que “el trabajo no registrado es un problema estructural en nuestro país”. “En este caso, se encuentra todo en regla y así puedo comprobarlo ante quienes lo requieran o ante la misma Justicia de ser necesario”, concluyó.

Fuente: TN

«LOS LARGAN O SE LES FUGAN»

02/ENE/2021

Se fugaron nueve presos de la comisaría de José Ingenieros: ya recapturaron a dos

Habían escapado el viernes alrededor de las 16.30 en la localidad bonaerense de Tres de Febrero

La fuga se registró alrededor de las 16.30 en la seccional 8va. de Tres de Febrero, ubicada en Fray Cayetano Rodríguez 2454, donde dos efectivos estaban en la dependencia para custodiar a 16 presos. Según informaron fuentes judiciales, el grupo de detenidos aprovechó esa situación: huyeron en total nueve hombres que estaban alojados por diversos delitos.

Menos de 24 horas más tarde, dos de ellos ya fueron recapturados. Se trata de Roberto Carlos Jofre y Alan Leonardo Florentín, ambos acusados de “robo agravado”.

Fuentes policiales informaron a Télam que el primero fue encontrado anoche en su domicilio ubicado en Ángel Pini al 4600, en Caseros. Jofre estaba alojado en la seccional por un robo, a disposición del Juzgado de Garantías 5 de San Martín.

En tanto, Florentín fue atrapado en Riobamba al 800 de General Pacheco, partido de Tigre, mientras merodeaba la casa de su pareja.

El hombre también estaba detenido en la comisaría de José Ingenieros por un robo que tramitaba en el Juzgado de Garantías 4 de San Martín. Personal policial procuraba esta mañana recapturar a los otros siete prófugos que ayer huyeron de la dependencia.

Ayer, al percatarse de la fuga, los dos policías que estaban desempeñando sus tareas en la comisaría emitieron un alerta y se inició un rastrillaje por la zona con el objetivo de recapturarlos.

El hecho es investigado por el fiscal Ernesto Farber, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial San Martín, en una causa caratulada como “evasión”.

Fuga en Dolores

En noviembre, dos internos de 24 y 26 añosambos condenados por robo y con régimen abierto, escaparon de una cárcel de la localidad bonaerense de Dolores.

La evasión se produjo en horas de las madrugada en la Unidad 6 del mencionado penal ubicado a 216 kilómetros al sur de la provincia de Buenos Aires.

Los voceros señalaron que a las 2.45 se realizó un recuento de los internos en el que estaban todos, pero una hora más tarde se advirtió la ausencia de dos de los 17 detenidos alojados en el sector denominado Casas por Cárceles.

En ese momento, se activó el protocolo de seguridad para estos casos y se dio aviso a la Policía, a la Justicia y al resto de las fuerzas de seguridad de la zona.

Una fuente policial detalló que los efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense realizaron una recorrida y advirtieron que el alambrado perimetral estaba cortado.

Fuente: TELAM / TN

Y LOS PORTEÑOS LA PAGAN

28/DIC/2020

Coparticipación: el Gobierno promulgó la ley que le quita más recursos a la Ciudad

Se puso en marcha el cambio en la partida que le otorga Nación a CABA para financiar la policía. Se abren dos meses para que ambos gobiernos negocien cuánto se destinará a la fuerza de seguridad porteña

El Gobierno promulgó este lunes la Ley 27.606, por la que se recortan los recursos que el Estado nacional le envía a la Ciudad de Buenos Aires para financiar a la policía porteña.

Lo hizo a través del decreto 1043, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

La norma fue aprobada por el Senado el pasado 10 de diciembre y reasigna partidas destinadas a la seguridad que recibe la Ciudad. Prevé la transferencia de $24.500 millones anuales, a distribuirse de forma mensual y automática en doce cuotas.

También establece que el Poder Ejecutivo Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán establecer en un máximo 60 días el monto que se destinará para la policía de la Ciudad.

El gobierno porteño, que comanda Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la ley por considerar que evidencia “un ataque a la autonomía” de la Ciudad, advirtió que la quita de fondos obligará a paralizar obras y ratificó que recurrirá a la Justicia.

Este mismo lunes, se prevé que la administración porteña presente una nueva medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia contra el recorte.

La quita de fondos de la coparticipación a la Ciudad había comenzado en septiembre, cuando en medio de un conflicto con la policía bonaerense, el Gobierno por decreto recortó a 2,32% los recursos que iban a las arcas porteñas, para destinarlo a los gastos bonaerenses.

Por una modificación que hizo Mauricio Macri, en 2016 la capital nacional recibía el 3,5% del total de los envíos federales. De manera previa al cambio definido por el entonces presidente la proporción era de 1,4%.

Con la ley sancionada por el Congreso y promulgada este lunes, a esa poda se suma una quita de 1,18% en concepto de seguridad.

El perjuicio total calculado desde la administración porteña asciende a $65.000 millones para el año próximo, por lo que la gestión Larreta incrementará impuestos para compensar parte de ese recorte.

Punto por punto, la ley que recorta los fondos a Ciudad

  • Aprueba el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre ese distrito y el Estado nacional el 5 de enero de 2016.
  • Establece que el gasto anual que demande la transferencia y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo nacional y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de esta ley.
  • Fija que la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinar el monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2016.
  • Hasta la entrada en vigencia del acuerdo especificado en el párrafo anterior, se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doceava parte de 24.500 millones de pesos, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se acuerde.
  • La suma será actualizada de manera trimestral, según un indicador compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20%, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec.

Fuente: TN

VILLA MASCARDI, NUEVOS PERITAJES

16/DIC2020

Impresionante operativo en la toma mapuche

La Justicia rionegrina ordenó nuevos peritajes en los terrenos usurpados. Participan fiscales y fuerzas federales

Un nuevo capítulo se escribe en Villa Mascardi, en las afueras de San Carlos de Bariloche, con las tierras ocupadas desde hace varios meses por integrantes de la comunidad mapuche local Lof Lafken Winkul Mapu. La Justicia provincial ordenó otra vez peritajes para constatar quiénes están usurpando terrenos públicos y privados frente a la ruta nacional 40. Como hubo incidentes en los últimos operativos, con resistencia de encapuchados que no se querían identificar, se dispuso un impresionante despliegue de fuerzas federales de seguridad.

Desde muy temprano, el procedimiento salió desde Bariloche con una docena de móviles y camiones de la Policía Federal Argentina. Al frente está la fiscal Silvia Little y sus secretarios, para realizar el allanamiento e inspección en las tierras usurpadas. Esta medida se tomó ya que últimamente hubo incidentes protagonizados por estos grupos violentos, incluso con agresión a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y sus colaboradores, cuando estuvieron en la zona.

El panorama se complicó más tarde cuando en un corte de la ruta 40, los encapuchados identificaron en un auto al vecino Diego Frutos, uno de los líderes de la comisión de Vecinos de Villa Mascardi que lleva adelante los reclamos para recuperar los terrenos usurpados, y le dieron una paliza.

Por otra parte, el Tribunal de Impugnación rechazó un planteo defensivo de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu contra la formulación de cargos y la orden de restituir el predio ocupado en Villa Mascardi al Obispado de San Isidro.

Los jueces Miguel Cardella, Rita Custet Llambí y Carlos Mussi, declararon inadmisible la queja presentada por el defensor Manuel Mansilla, en representación de los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu que habían sido imputados por usurpación. En la misma disposición impugnada, se había ordenado restituir el predio ocupado en Villa Mascardi, al Obispado de San Isidro.

Los jueces recordaron que el juez de Garantías admitió el 22 de octubre pasado, la formulación de cargos y la solicitud de un desalojo y que luego esas decisiones fueron ratificadas por el juez de Revisión el día 6 de noviembre.

Analizando los planteos defensivos, los jueces del TI concluyeron que “no puede prosperar porque la inadmisibilidad resuelta por el juez del Foro de la Tercera Circunscripción Judicial es la solución que se ajusta a nuestros precedente en función de que tramitada la instancia recursiva prevista en el artículo 228 del CPP no existe impugnabilidad objetiva que habilite una segunda instancia recursiva”.

No obstante, argumentaron que “aun en el caso de que no hubiere existido el doble conforme de los actos impugnados este Tribunal de Impugnación no sería competente”, pues según apuntaron: “El mismo magistrado es quien declara la inadmisibilidad del recurso, sin que la queja presentada reúna los requisitos de objetividad y subjetividad que exige el ritual o la manifiesta violación de garantías constitucionales y convencionales”.

Los magistrados, agregaron además que la defensa “no rebate la argumentación que denegó la impugnación presentada ni existe una cuestión definitiva que habilite la instancia ante este Tribunal”.

// JOVEN DE 19 AÑOS MANTIENE EN VILO A LOS ARGENTINOS

Betiana Colhuan, Yéssica Bonnefoi, Johana Colhuan, María Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Cristian Colhuan, Maira Tapia, Juan Pablo Colhuan, Gonzalo Coña, según la acusación, son los responsables de haber invadido y desplegado diversos actos en el predio ubicado en Villa Mascardi y que pertenece -según escritura pública del año 1983- al Obispado de San Isidro, que se lo había comprado a la Administración de Parques Nacionales. Pese a ello, la formulación de cargos resuelta en octubre, prosperó únicamente contra María Nahuel, Johana Colhuan, Betiana Colhuan y Yéssica Bonnefoi, porque el resto de los nombrados no fueron debidamente notificados de la realización de la audiencia y no se presentaron a la misma.

Fuente: TN

MARADONA, MAS ALLANAMIENTOS

15/DIC/2020

Allanaron y secuestraron el teléfono del enigmático hombre que estuvo en la casa cuando murió el Diez

Se trata de una persona nunca se había reportado como testigo, pero que estuvo en la vivienda cuando falleció el exfutbolista. Esta madrugada allanaron su departamento ubicado en la Capital. Qué buscan

La Fiscalía General de San Isidro que investiga las causas de la muerte de Diego Armando Maradona ordenó este martes el allanamiento de un hombre identificado como Maximiliano Trimarchi, quien habría estado temporalmente junto al Diez en el momento de su muerte, el pasado 25 de noviembre.

Los primeros informes tras lo ocurrido dieron cuenta de que en la casa se encontraban la cocinera apodada Monona, Jonathan Espósito, sobrino y escudero de Maradona, y Maximiliano Pomargo, guardaespaldas del exfutbolista y entrenador. Sin embargo, restaba saber quién era esta persona que estuvo en el lugar cuando Diego murió. La investigación determinó, finalmente, que la misma sería Maximiliano Trimarchi, de 44 años, y hermano de Andrea, contadora del ídolo vinculada a Matías Morla .

En principio, Trimarchi no fue catalogado como sospechoso en la investigación pero se considera que tiene información fundamental para determinar los motivos y/o las circunstancias que pudieron llevar a la muerte del astro. La información que pueda surgir de los dispositivos electrónicos secuestrados en el domicilio de la calle Olazábal, en el barrio de Colegiales, será clave para conocer detalles de lo ocurrido en la mañana y las primeras horas de la tarde del 25 de noviembre, día en que murió Maradona.

#FuerzaDiego, tendencia en Twitter por la salud de MaradonaPor: AFP

Los responsables de llevar a cabo la investigación buscan determinar con los resultados de la autopsia y las pericias complementarias si la muerte de Diego se pudo evitar. En ese sentido se lleva a cabo la reconstrucción de los hechos por parte de los fiscales destinados a la causa para determinar qué tareas cumplía cada uno de los que estaban asignados al acompañamiento y cuidado del Diez, en qué condiciones estaba el lugar, qué medicación le aplicaban y quién o quiénes eran los encargados de este menester, y cómo fue el minuto a minuto de los acontecimientos que desencadenaron en el final ya conocido.

En principio, al no haber delito alguno, -conclusión que se confirmará o descartará luego de una junta médica-, tampoco hay imputados pero sí se investiga la participación de cada una de las personas que ingresaron a la casa del complejo Villa Nueva, entre los cuales se pudo determinar que Trimarchi fue uno de ellos pese a que su identidad se mantuvo oculta hasta la madrugada de este miércoles.

El comunicado de la Fiscalía General de San Isidro con motivo de la muerte de Diego Maradona:

1- En la madrugada del día de la fecha se procedió (a requerimiento del equipo de Fiscales y por orden del Juez de intervención) al allanamiento del departamento donde habita el señor Maximiliano Trimarchi ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procediéndose al secuestro de su aparato de telefonía celular. El motivo de la diligencia obedeció a que se ha constatado la presencia del nombrado en el Lote 45 del Barrio San Andrés al momento del hecho materia de investigación, circunstancia ésta que no fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes. La importancia del secuestro de dicho elemento radica en que podría resguardar en ese dispositivo información valiosa vinculada al suceso

2- Por otra parte, en el día de la fecha comenzará la pericia informática que llevarán a cabo peritos de la Unidad de Análisis e Investigación Digital dependiente del Departamento de Policía Judicial de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, sobre los dispositivos electrónicos oportunamente secuestrados en los distintos allanamientos.

3- Continúa el análisis de los aparatos de telefonía celular iniciado el pasado viernes 11 de diciembre de 2020.

Fuente: TN / TODA PASION

FEMICIDIO EN LUJAN

09/DIC/2020

Creían que una chica de 16 años se había suicidado, pero ahora detuvieron al novio

El cínico posteo que hizo el acusado en las redes para despedir a su pareja

El barrio Padre Varela de la ciudad de Luján se vio convulsionado en las últimas horas por la muerte de una adolescente de 16 años a la que encontraron el domingo en el garaje de su casa. Todos los indicios apuntaban a un presunto suicidio, pero ahora investigan un femicidio y detuvieron a su novio, un joven de 22 años.

La joven tenía 16 años y la encontraron ahorcada con un cable. Por: Facebook

Las primeras versiones señalaban que el cuerpo de Luz Belén Marino fue encontrado en el interior de la vivienda ubicada en Muñiz y Padre Salvaire con un cable alrededor del cuello y que, pese a las distintas maniobras que intentaron para salvarla, no pudieron reanimarla. Así surgió la primera hipótesis: el suicidio. Pero se desdibujó en menos de 72 horas.

Dani Deantoni / No se olviden de esta cara..
CRISTIAN ZANETTI ASESINO HDP..
#justiciaporluz / Facebook

La autopsia determinó que las causas de la muerte de la menor fueron por “estrangulamiento y/o asfixia mecánica”. La conclusión de los forenses fue contundente y dio un vuelco a la causa, que se recaratuló como “femicidio agravado”. El fiscal a cargo de la investigación pidió entonces la detención de la última persona que la había visto con vida: su novio.

“No puedo sacarte de mi cabeza”

La Justicia todavía investigaba un posible suicidio y Cristian Zanetti, novio de Luz y ahora detenido por femicidio, seguía en libertad. “Mi pequeña luz, qué loco lo que hiciste, nos soltaste la mano, ¿por qué?”, escribió cerca de las 8 de la mañana de este martes, mostrándose consternado por la trágica decisión que había tomado la chica.

El mensaje del acusado de matar a su novia en las redes. Por: Facebook/Cristian Zanetti

“Te voy a amar siempre como el primer día, fuiste y sos el amor de mi vida, lo mejor que me pasó en la vida, llena de amor y energía, perdón por no haber estado en ese momento”, agregó en la publicación. “Tengo un gran vacío no puedo sacarte de mi cabeza , dame una señal si necesitas que te acompañe en este viaje. Solo me quedaron los recuerdos y tus cosas , te tengo en mi corazón siempre”.

En el último párrafo, escribió: “Perdón Belén, te pido mil perdón, que brilles siempre como lo hacías acá abajo como esa pequeña luz que sos, que en paz descanses hermosa mía”. Finalmente, el joven de 22 años ya está preso y, de ser encontrado culpable por el femicidio de su novia, será condenado a prisión perpetua

Siete de cada diez asesinatos de mujeres están vinculados con la violencia de género

Según las últimas estadísticas oficiales, siete de cada diez asesinadas perdieron la vida por circunstancias vinculadas con ataques machistas. Así fue detallado en el informe sobre homicidios dolosos de mujeres que presentaron días atrás la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Ese documento estableció que 412 mujeres fueron asesinadas el año pasado en todo el territorio argentino. De esa cifra, 277 casos (el 67,2%) estuvieron relacionados directa o indirectamente con femicidios.

Los expedientes analizados marcaron 226 episodios que fueron calificados como homicidios agravados por la violencia de género, otras 14 muertes fueron señaladas como femicidios vinculados (denominándose de esa manera a un asesinato para causar dolor psicológico a la víctima central del ataque machista) y en nueve casos las investigaciones se perfilan como femicidios, aunque en el momento del sondeo oficial no se había caratulado de esa manera al mantenerse las causas en la etapa de recolección de pruebas.

Fuente: TN

BERNI vs. FREDERIC, Y VAN…

09/DIC/2020

Sergio Berni: “No hay ninguna duda de que hay que bajar la edad de imputabilidad”

El ministro bonaerense apuntó nuevamente contra Sabina Frederic, quien planteó una mirada alternativa sobre los menores que cometen delitos. “La víctima no es familiar de ningún familiar de estos progresistas que dicen estas cosas tan sueltos de cuerpo”, aseguró

El debate sobre la edad de imputabilidad de los menores generó hoy un nuevo cruce entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni, quien acusó a la funcionaria nacional de “hablar porque no tiene responsabilidad territorial”.

Hay algunos que empiezan siempre poniendo el carro adelante del caballo. La diferencia entre Frederic y nosotros es que ella no tiene responsabilidad territorial: nosotros tenemos la responsabilidad de lo que pasa en nuestro territorio. La ministra de Seguridad, como no tiene territorio que cuidar, se puede dar el lujo de decir a veces cosas que a muchos de nosotros nos cuesta entender”, sostuvo el funcionario provincial.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof afirmó que “los que están pensando al revés son los que tienen la responsabilidad de que estas cosas no pasen”.

“Yo trato de ser coherente entre lo que digo y hago”, remarcó Berni, quien insistió en que “hay personas que hablan porque no tienen responsabilidad territorial”.

En referencia a las declaraciones de Frederic sobre la edad de imputabilidd de los menores, el ministro bonaerense se quejó de que «la víctima (de los delitos) no es ningún familiar de estos progresistas que dicen estas cosas», a quinenes acusó de ser «muy liberales y muy sueltos dicen estas cosas», a quienes acusó de ser «muy liberales y muy sueltos de cuerpo a la hora de justificar lo injustificable».

“Está claro que el problema es del sistema, que no ha sabido resolver un problema que en cualquier parte del mundo con reeducación, un servicio penitenciario que funcione y una Justicia rápida”, analizó.

Respecto al tema que volvió a ponerse en debate luego de que un adolescente de 15 años asesinara a un ciudadano armenio en el barrio porteño de Retiro para robarle la bicicleta, Berni aseguró que a esa edad “un chico comprende la criminalidad de un hecho”.

“En un país en el que las instituciones funcionan no se debería bajar la edad de imputabilidad. Evidentemente, no somos un país normal. En la Argentina de hoy no tengo ninguna duda de que hay que bajar la edad de imputabilidad, pero eso no significa que un chico de 15 años tenga que ser tirado en un depósito de presos, como son hoy las penitenciarías”, destacó.

Y concluyó: “Uno de los problemas que tenemos es que no hay una Ley Penal Juvenil. La actual es una ley excelente si estuviéramos en Suiza”.

EL DEBATE DE FONDO

Los gobiernos porteño y nacional revivieron el debate sobre la edad de imputabilidad de menores tras el crimen del ciclista en RetiroLos gobiernos porteño y nacional revivieron el debate sobre la edad de imputabilidad de menores tras el crimen del ciclista en Retiro

Un hombre de nacionalidad armenia fue asesinado el martes por la mañana de un balazo en el cuello por un delincuente que quiso robarle la bicicleta en el barrio porteño de Retiro, a 50 metros del Hotel Sheraton.

>>ADOLESCENTE ASESINO 08/DIC/2020

La víctima –que murió camino al Hospital Fernández– fue identificada como Dmitri Amiryan, especialista en quiropraxia. Tenía 47 años, era padre de cuatro hijos, y según uno de sus amigos, vivía con su hijo menor.

Por el crimen fue detenido un adolescente de 15 años que cuenta con antecedentes delictivos: este año fue protagonista de distintos delitos en al menos cuatro ocasiones.

El dato surge de registros informales, ya que las autoridades tienen prohibido almacenar información sobre los menores que fueron detenidos ya que las autoridades consideran que esos datos podrían ser estigmatizantes.

El funcionario del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta aseguró que el crimen del ciclista pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el debate de un nuevo régimen penal juvenil, algo que no sólo permitiría sancionar al autor de un delito, sino también otorgarle garantías para su reinserción social.

Me cuestan entender los fundamentos de quienes dicen que no hay que discutir la ley penal juvenil, que lo que hace es cuidar a los menores. Según ellos, hay que dejarlos en esta situación donde el final es inevitable: terminan siendo abatidos o matando a una persona”, analizó D’Alessandro en diálogo con el periodista Marcelo Longobardi en radio Mitre.

El secretario de Seguridad recordó el caso de Brian Aguinaco, un joven de 14 años asesinado presuntamente por un menor de edad cuando caminaba junto a su abuelo en el Bajo Flores. Dos semanas después del crimen, el sospechoso se subió a un avión y retornó a Perú, su país natal.

Y planteó una dicotomía sobre el régimen legal vigente: “Todos sabemos que un chico de 15 años comprende la criminalidad del acto y hoy no puede ser imputado; en cambio, a los 16 años ya están habilitados para ir a votar”.

El acusado de asesinar a  Dmitri Amiryan quedó a disposición del Juzgado de Menores N° 6. Está alojado en el instituto. “Pero en esto tenemos que ser realistas, la verdad es que el magistrado no tiene mucho margen para tomar una medida”, adelantó D’Alessandro.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, panteó otra visión. Dijo que el caso es trágico, pero es necesario abordar la situación no sólo con una sanción legal, sino con políticas que prevengan “este tipo de perfiles”. Evitó hacer foco en la cuestión de la edad.

Tenemos un sector de la población que ha atravesado una historia de desatenciones y maltratos que lo terminan llevando a un camino sin salida; hay que atender la situación de estos jóvenes desde muy diferentes ángulos”, analizó.

Y agregó: “No debemos estigmatizar y generalizar ni creer que todos los jóvenes son pasibles de convertirse en victimarios”.

Fuente: INFOBAE

BOUDOU A PRISION NUEVAMENTE

02/DIC/2020

Causa Ciccone: Boudou regresaría a prisión por decisión de la Corte Suprema

El máximo tribunal desestimará los recursos presentados por las defensas y dejará firmes todas las condenas de los imputados. El ex vicepresidente había sido condenado a 5 años y 10 meses en agosto de 2018

La Corte Suprema desestimará en las próximas horas los recursos presentados en el caso Ciccone y de esa manera dejará firme la condena de 5 años y 10 meses para el ex vicepresidente Amado Boudou que había dictado el Tribunal Oral Federal 4 en 2018. Por ese escándalo también habían sido condenados José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Alejandro Vandenbroele (el único que no apeló), Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri. Con esta decisión, Boudou regresaría a prisión.

Boudou ya estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento de Puerto Madero con una orden del juez Ariel Lijo en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Recuperó su libertad en enero de 2018.

Luego volvió a la cárcel en agosto de 2018, tras la condena del TOF 4 por el caso Ciccone. Ese período se extendió hasta el 11 de diciembre de ese año, cuando ese mismo tribunal, con otra composición, decidió otorgarle la excarcelación tras el pago de 1 millón de pesos y la colocación de una tobillera electrónica con GPS. Boudou regresó a su casa de Barracas, donde lo esperaban su esposa y sus hijos mellizos.

Su tercer paso por el complejo penitenciario de Ezeiza arrancó el 18 de febrero del año pasado, luego de un fallo de la Cámara de Casación que decidió revocar su excarcelación. Esa resolución, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, habló de “análisis sesgado” y de la “falta de justificación” para disponer su libertad. Pero también de los vínculos de poder que aún conservaría y la multiplicidad de causas que aún enfrenta. Finalmente, en abril de este año obtuvo la prisión domiciliaria.

Amado Bodou, detenido por una causa de enriquecimiento ilícito

El ex vicepresidente había sido condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a la pena de 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. Los jueces también lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos y ordenaron su inmediata detención por la compra de la empresa Ciccone por parte de The Old Fund, una empresa pantalla que tenía como cara visible a Vandenbroele.

Su amigo y socio, José María Núñez Carmona, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, y el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo. El tribunal también condenó al arrepentido Alejandro Vandenbroele a 2 años de cárcel, a Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) a 3 años, y al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses. Los dos últimos fueron condenados como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Al final de ese juicio, Boudou optó por hacer una defensa política y aseguró que se estaba “tomando revancha” en su contra por cambiar la política de las AFJP durante su gestión. “Jamás negocié por mí o terceras personas el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone”, sostuvo horas antes de la condena.

En julio del año pasado, la Sala IV de la Cámara de Casación confirmó las condenas en un fallo unánime, con las firmas de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Además de la maniobra para “rescatar” a Ciccone Calcográfica, los jueces dieron por probado que el grupo liderado por Boudou manipuló en provecho personal al menos tres organismos del Estado: la Casa de Moneda, la AFIP, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para beneficiar a la imprenta.

Las defensas de casi todos los imputados fueron a la Corte Suprema por la vía del recurso de queja, excepto Vandenbroele, por lo que quedó confirmada su condena a dos años de prisión en suspenso. Con el cambio de gobierno, el arrepentido fue acusado de recibir dinero durante el gobierno de Cambiemos para modificar su declaración judicial. Según esa acusación, que ahora tramita en un expediente paralelo, el dinero se habría invertido en una posada en la zona de Chacras de Coria, en las afueras de Mendoza.

Alejandro Vandenbroele

Para Vandenbroele, esa denuncia, activada a partir de una nota en el sitio El Destape, era parte de una maniobra para intentar beneficiar a Boudou y al resto de los condenados. El objetivo era cuestionar la legitimidad de su testimonio y sumar presión ante la Corte Suprema. “Mi interpretación del tema es que hay intereses concretos en mejorar la situación procesal de ciertas personas y socavando mi testimonio se pueden ver beneficiadas”, le dijo a Infobae en febrero de este año.

De hecho, la filtración del legajo secreto de Vandenbroele desencadenó varios movimientos de las defensas de los condenados. Además de la denuncia penal, hubo presentaciones ante la Corte y el TOF 4.

Antes del comienzo de la pandemia, el ex titular de The Old Fund renunció al Programa de Testigos Protegidos, que ya había pasado a la órbita del Ministerio de Justicia, y se recluyó en la posada de Mendoza. Según pudo saber Infobae, pasó toda la cuarentena en ese lugar, afectado desde marzo por las restricciones al turismo.

En octubre del año pasado, un tribunal oral federal redujo la condena de Boudou tras aceptar computar como parte de la detención los dos meses y medio que estuvo detenido por la causa de enriquecimiento y lavado de dinero. La defensa del ex vicepresidente señaló que esa detención –ordenada por el juez Ariel Lijo– fue en una causa conexa a Ciccone y que por lo tanto debía computarse como tiempo cumplido en prisión para la condena principal.

En abril pasado, el Tribunal Oral Federal 4 le otorgó a Boudou la prisión domiciliaria en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. La decisión la tomó el juez Daniel Obligado, actuando como juez de ejecución, tras analizar la situación penal del ex vicepresidente. “El actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del Covid 19, ciertamente trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales asumidos por el plexo normativo de la ejecución de las penas (ley 24.660), que en definitiva logren con éxito la inserción social de quien resulte condenado, una vez recuperada su plena libertad”, escribió.

Cuatro meses después, el socio y amigo de Boudou, José María Núñez Carmona, también recibió el beneficio de la prisión domiciliaria para continuar su detención en una vivienda de la ciudad de Mar del Plata.

Fuente: INFOBAE