El sí a una nueva Constitución

El sí a una nueva Constitución


Leo con cierta perplejidad los análisis que siguieron al plebiscito chileno del pasado 4 de septiembre, cuando se le dijo “no” al proyecto propuesto para el cambio constitucional. Encuentro, en la mayoría de tales estudios, reflexiones algo cómodas, en donde los analistas del caso derivan de los resultados obtenidos, básicamente, aquello que desde un principio tenían intenciones de derivar de los mismos.

Se trata de una actitud favorecida por este tipo particular de consultas al pueblo, que plantean cientos de temas diferentes al ciudadano (en este caso, casi 400 artículos sobre temas muy diversos), frente a los cuales sólo se le permite a cada uno dar una sola respuesta (por sí o por no). La herramienta en cuestión (el “plebiscito de salida”) es tan mala, que cualquier reconstrucción posterior del resultado parece posible, aunque resulte finalmente caprichosa y arbitraria.

Con total liviandad (y cito testimonios que efectivamente he escuchado en estos días), alguien puede aventurar que el pueblo votó “no” para castigar a los intelectuales de izquierda; el de al lado puede decir que, en verdad, se trató de sancionar a los Convencionales Constituyentes; otro más puede asegurarnos que fue para reprochar la inclusión de nuevos derechos; otro decir que, en realidad, lo que pasó tuvo que ver con el rechazo a la pluriculturalidad y los derechos indígenas; otro que fue por las pocas protecciones a la propiedad; otro más puede referirse a la supuesta supresión del Senado; y el último de la fila puede citar la inseguridad, y por qué no los inmigrantes que entran por el Norte y, ya que estamos, por qué no agregar una mención sobre los mapuches en el Sur. Todo esto se ha repetido estos días: quiero decir, ha sido posible alegar cualquier cosa.

Mi impresión es otra. Propongo leer lo ocurrido de otra forma, que no ignora, sino que busca dar sentido al cualunquismo anterior. Entiendo que, frente a pregunta tan complejas y diversas como las que plantean este tipo de plebiscitos, los ciudadanos terminan concurriendo a las urnas para responder algo distinto, mucho más concreto y preciso.

Típicamente, los ciudadanos utilizan la oportunidad que la consulta les abre, para expresarse políticamente, de forma tal de castigar o dar su aprobación al gobierno de turno. Si se encuentran en un momento de simpatía hacia el gobierno, buscarán favorecerlo con su voto, y de lo contrario, aprovecharán la posibilidad que se les ofrece para castigarlo.

Este elemental planteo nos ayuda a explicar por qué muchos plebiscitos constitucionales han sido aprobados (cuando fueron convocados por presidentes en tiempos de creciente popularidad, como Chávez o Morales); y por qué -en cambio- se votó en contra de otras consultas, en apariencia populares, pero puestas en marcha por gobiernos que atravesaban una situación de impopularidad (así en el voto a favor del Brexit, como modo de castigar a Cameron; o la votación en contra del Acuerdo de Paz en Colombia, como forma de castigar a Santos). La lógica anterior explica perfectamente la votación casi unánime en favor del cambio constitucional en Chile (cuando la popularidad de Boric estaba en ascenso), y la derrota estruendosa sufrida por la nueva Constitución, apenas meses después (cuando la popularidad de Boric se encontraba en descenso). Tan sencillo como eso.

Esta explicación nos ayuda a dejar atrás las críticas entusiastas de los sectores más conservadores, que aprovechan la oportunidad que hoy encuentran para despacharse contra sus adversarios de siempre (donde cada uno escoge a su blanco favorito: indígenas; cuestiones de género; impuestos; Estado grande, lo que sea). Y, a la vez, dicho esquema nos permite escapar de las defensas y consuelos a los que se aferran, también torpemente, algunos sectores de izquierda (sectores que, como suele ocurrir, denuncian a las fake news y a los “grandes medios,” como si el pueblo al que reivindican en sus discursos fuera susceptible de caer hipnotizado frente a discursos engañosos -discursos ante los cuales sus voceros y representantes resultarían obviamente inmunes).

Finalmente, el planteo que sugiero no pretende ser complaciente con el proyecto constitucional rechazado, sino que busca impedir una “distribución de culpas” a partir de caprichos.

El proyecto hoy rechazado (lo sostuve innumerables veces en los meses pasados) mejoraba a la Constitución vigente, al alinear al constitucionalismo chileno con el constitucionalismo contemporáneo del que se había alejado (alejado, sobre todo, por su resistencia a incorporar nuevos derechos económicos y sociales; hablar de la igualdad de género; reconocer a los pueblos indígenas; etc.).

Sin embargo, el mismo mostraba fallas sustantivas importantes, al repetir el “viejo error” constitucional latinoamericano (el error de la “sala de máquinas”), este es, el de renovar y expandir las declaraciones de derechos (derechos estilo “siglo xxi”), mientras mantenía una organización del poder cerrada, concentrada y vetusta, propia del siglo xviii (por tomar un ejemplo, piénsese que la innovación más revolucionaria del proyecto, en materia de justicia, fue la creación de un “consejo de la magistratura”). Y algo más, en términos procedimentales: fue un error (y parece un error llamado a repetirse) “cerrar” la Convención Constituyente, eliminando o no construyendo puentes entre la ciudadanía y los convencionales, durante los debates.

La “conversación pública” sobre la Constitución debe darse precisamente en esa instancia, en lugar de quedar relegada a un sí o no distante y final. Esta peculiar opción plebiscitaria deshonra, en lugar de homenajear como debiera, al diálogo democrático.

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