falta un mayor control ciudadano

falta un mayor control ciudadano

La democracia argentina todavía esta en deuda en materia de lucha contra la corrupción. Es habitual que la publicación de las declaraciones juradas de las personas obligadas por la Ley de Ética Pública de lugar a debates acerca de las razones fundantes del incremento patrimonial de los funcionarios, cuando este incremento aparece como abultado.

Generalmente, la respuesta a las observaciones públicas de esos incrementos remite a justificaciones basadas en el incremento de la valuación de los bienes, lo que genera incertidumbre en los usuarios de la información, toda vez que los procedimientos de valuación y de actualización periódica de los valores, se relacionan con situaciones contables de difícil percepción por las personas interesadas en supervisar la ética de los funcionarios.

Es necesario, por tanto, y en particular en una situación como la que registra la economía argentina, en la cual el precio de los bienes se encuentra sujeto permanentemente a cambios que se relacionan con la pérdida de valor de la moneda, que la asignación de valor de los bienes se mantenga actualizada.

Por ello, se debe procurar que la reglamentación establezca -en cada una de las situaciones en que se genera la obligación de presentar o actualizar la declaración jurada prevista en la Ley- un procedimiento de valuación que permita ajustar el valor asignado a los bienes a la realidad económica, de modo que la sociedad toda pueda juzgar sin mayor dificultad si el aparente enriquecimiento de los funcionarios se ajusta a la evolución de sus ingresos declarados y a la actualización real sufrida por los valores.

Ello forma parte también del derecho a la efectiva información que tiene la ciudadanía y de la consecuente exigencia de transparencia requerida en el actuar de los funcionarios.

Así las cosas, nuestro modelo de democracia republicana exige la instauración de nuevas reglas de juego sobre la manera en que los funcionarios públicos se relacionan con los ciudadanos, de modo que estos últimos puedan ejercer con eficacia el rol de contralor que se les reconoce discursivamente, pero que un conjunto de tecnicismos dificultan en la práctica. Por supuesto que para que ello prospere será necesaria una enorme dosis de voluntad política desde el más alto nivel gubernamental.

En es lógica y con ese objetivo, proponemos reformas a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública que así lo determinen, mediante la reglamentación que dicte la Oficina Anticorrupción.

Además, con el propósito de generar un ámbito que brinde confianza pública en el seguimiento de la evolución patrimonial y ética de los funcionarios, se propone restablecer un órgano que en su momento fue suprimido legalmente, pero cuya presencia juzgamos necesaria a fin de que la Ley cumpla su cometido, y contribuya eficazmente al objetivo común de eliminar la corrupción administrativa del ámbito del Estado Nacional.

En otras palabras, proponemos reponer la Comisión Nacional de Ética Pública como órgano cumbre del sistema, en la inteligencia de que los órganos encargados de designar sus miembros han de encontrar el modo de ponerlo en funcionamiento confluyendo en la nominación de once “ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público”, que se interesen en colaborar en la mejora de la Administración y correlativamente, en que se pueda recuperar la deteriorada confianza social en los servidores públicos.

Martin Berhongaray es Diputado Nacional UCR-La Pampa.



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Actualidad | Diario Digital

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