la defensa de Abel Fatala se despegó de los mensaje de José López y cuestionó al fiscal Diego Luciani

la defensa de Abel Fatala se despegó de los mensaje de José López y cuestionó al fiscal Diego Luciani

En el marco de los alegatos de las defensas en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública, este viernes realizó su descargo el abogado de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas. Sobre él pesa un pedido de condena de cuatro años por parte de la fiscalía. La defensa a cargo de Lucio Simonetti rechazó las acusaciones y al pedir la absolución acusó al fiscal Diego Luciani de realizar una “interpretación maliciosa” de los mensajes del celular de José López que involucran a Fatala.

Abel Fatala integra la línea de ex funcionarios acusados como responsables de la maniobra defraudatoria, que produjo un perjuicio estimado en 1.000 millones de dólares a las arcas del Estado. Se lo señaló como responsable de la estructura que posibilitó la “sustracción de fondos públicos” y por ello se pidió cuatro años de prisión por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.

Después del pedido de absolución formulado por los abogados de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, continuaron los alegatos del ex subsecretario de Obras Públicas. Esta cartera estaba a cargo de José López dentro del organigrama del extinto Ministerio.

Durante los alegatos del Ministerio Público Fiscal se expusieron una serie de mensajes de whatsapp del celular de López que involucraban a Fatala en lo que respecta “a saltearse instancias legales en varios procesos, a intervenir directamente en algunas obras que se iban a licitar en Santa Cruz”, detallaron los fiscales.

La defensa del ex subsecretario de Obras Públicas consideró que el fiscal Diego Luciani no realizó “una descripción precisa de los hechos por los que pidió cuatro años de prisión” para Fatala.

Al respecto añadió que en este caso “no se está juzgando un hecho cometido de manera activa, sino que se le imputa una omisión, no haber cumplido con sus funciones», expresó el abogado Lucio Simonetti.

Este expediente conocido como “Vialidad” inició con la denuncia de Javier Iguacel, entonces director de Vialidad Nacional durante el gobierno macrista. Acusó a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Santibañez y a Abel Fatala, de haber “diseñado una estructura en la provincia de Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Báez, las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia durante los últimos 12 años”.

La administración fraudulenta, que se agrava al ser en perjuicio del Estado teniendo en cuenta las partidas presupuestarias otorgadas al Grupo Báez, es el delito atribuido a Abel Fatala. La fiscalía señaló que “bajo un acuerdo espurio, permitiendo sobreprecios, licitaciones amañadas, obras inconclusas, un flujo constante de fondos de forma ilegal”.

En otras palabras, se indicó que todos los ex funcionarios, perjudicaron “los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional, con el fin de procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Báez”.

La estructura muestra cómo sin el dueño de Austral Construcciones la maniobra no se podría haber concretado: era indispensable contar con una empresa que sea la adjudicataria de las 51 licitaciones por $ 46.000 millones. La compañía se puso en marcha en mayo de 2003 y dejó de funcionar en diciembre de 2015, con la salida de Cristina Kirchner de la Casa Rosada.

Ante el cuadro probatorio expuesto por los fiscales, el abogado de Fatala indicó que se hizo una “descripción precisa de qué fue lo que no habría cumplido» el ex funcionario, y en ese mismo sentido remarcó que la Subsecretaría de Obras Públicas “no tenía poder de control sobre la Dirección Nacional de Vialidad” que era la que licitaba las obras adjudicadas a Báez.

En otras palabras, reiteró: «La Subsecretaría de Obras Públicas no tenía competencia para inmiscuirse en todo lo que sucedía en la Dirección Nacional de Vialidad, es la clave para entender la situación de Fatala y los demás Subsecretarios».

Sobre este punto se explayó un poco más y adujo que no existía en la órbita de la subsecretaría “ninguna normativa que establezca cómo debía realizarse dicho control», exigido por la fiscalía a la hora de referirse a los incumplimientos de los deberes y de la “laxitud existente que benefició a Lázaro Báez”.

Al refutar las acusaciones añadió que no había ninguna normativa “que estableciera cómo debía realizarse dicho control. No hay un reglamento, una disposición administrativa que detallara en qué consistía la intervención de la Subsecretaría respecto de la Dirección de Vialidad Nacional”.

La imputación

Se refirió así a la acusación puntual del Ministerio Público Fiscal que sostiene que Abel Fatala “omitió realizar sus funciones y controlar a la Dirección Nacional de Vialidad”, en relación a las obras adjudicadas al Grupo Austral.

La imputación expresa en otro tramo que cada uno de los funcionarios “que ocuparon un cargo de forma permanente y beneficiaron a Báez con roles asignados”, provenían de la estructura creada en Santa Cruz. Para defenderse de este vínculo, Simonetti dijo que su defendido “no era alguien de procedencia kirchnerista pura, de paladar negro, por llamarlo de alguna manera”.

Los mensajes del celular de López

En otro tramo del alegato que se realizó de forma presencial en Comodoro Py, el abogado del ex subsecretario de Obras Públicas se refirió a los mensajes de texto que lo inculpan según la interpretación de la fiscalía.

Sobre este punto, acusó a la fiscalía de realizar una “utilización maliciosa de esos mensajes”, en relación a las consultas y órdenes expresadas sobre un conjunto de obras que se estaban licitando y algunas por licitar en Santa Cruz. En este punto dijo que “la fiscalía no ha querido descubrir la verdad de lo sucedido”.

La defensa de Cristina Kirchner

El lunes próximo desde las 8 comenzarán los alegatos a cargo del abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi. Los mismos serán de forma virtual y hará uso de las tres audiencias asignadas.

No se descarta que el viernes 23 cuando concluya su exposición, Beraldi otorgue la palabra a Cristina Kirchner que se constituirá en su propia abogada para poder hablar en esta instancia y realizar un nuevo descargo.



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Actualidad | Diario Digital

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