La defensa de Cristina Kirchner cargó contra los fiscales y comparó su situación con un proceso judicial contra Perón

La defensa de Cristina Kirchner cargó contra los fiscales y comparó su situación con un proceso judicial contra Perón

Con una analogía entre el proceso judicial que afronta Cristina Kirchner por presuntos hechos de corrupción, y una acusación judicial que enfrentó Juan Domingo Perón en 1955, el abogado Carlos Beraldi inició este lunes el alegato de la defensa de la Vicepresidenta en el juicio que se investiga el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez. En su presentación, Berardi abonó de esa manera el discurso del kirchnerismo sobre la presunta «proscripción» que representaría una eventual sentencia condenatoria contra la ex presidenta en la causa.

Durante la primera jornada del alegato de la defensa de Vicepresidenta, Berardi cargó con duros argumentos contra la Fiscalía a la que acusó de «mentir descaradamente» al requerir una pena de doce años de prisión. Y utilizó la expresión «Nunca Más» para pedirle al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso que cuando deba dictar una sentencia sobre el caso «sea acorde a la ley, lo piden millones de argentinos», añadió.

Durante tres jornadas los abogados de Cristina Kirchner buscarán echar por tierra la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que pidieron su condena por encontrarla responsable de los delitos de asociación ilícita, en carácter de jefa, y el de administración infiel en perjuicio de la administración pública.

Este lunes de forma virtual, tal como lo anticipó la Vicepresidenta a través de las redes sociales, Beraldi inició su defensa señalando que se ocuparán de «desarmar las mentiras de la fiscalía». Agregó en este sentido: «Desde el inicio de este proceso la decisión de Cristina Kirchner fue presentarse en todos los procesos para demostrar que todos los cargos son falsos».

Para contradecir el criterio del Ministerio Público Fiscal, la defensa indicó que durante las más de 600 horas de juicio oral, «quedó demostrado que lo que se decía, respecto a las acusaciones, era falso. Lo sucedido en el juicio destruyó las acusaciones«.

Minutos después de concluida la primera jornada, Cristina escribió en sus redes sociales: «Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de (Diego) Luciani y (Sergio) Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis».

La «mala praxis en la que incurrieron los fiscales» fue una de las frases más reiteradas por el abogado a la hora de atacar el corazón de la acusación: el delito de asociación ilícita.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo en su pedido de condena, que se dio por corroborada la conformación de una asociación ilícita. «Desde el Gobierno kirchnerista y diversos organismos estatales vinculados a la obra pública, se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz», lo que representó la contratación del Estado «en favor de Lázaro Báez por más de 46.000 millones de pesos».

La causa sostiene que la organización criminal contó con cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de «beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado».

Este organización, indicó el Ministerio Público Fiscal, contó con «su permanencia en el tiempo y con roles asignados por las personas intervinientes».

En la vereda opuesta a la imputación se ubicó Carlos Beraldi con la siguiente comparación: «En la Justicia argentina hubo épocas que fueron vergonzosas y no pueden volver a repetirse, a Juan Domingo Perón le hicieron un proceso por traición a la Patria y asociación ilícita«, situación que comparó con la que ahora atraviesa la Vicepresidenta.

Dando continuidad a este análisis, consideró que «no puede pasar que se use a los jueces para cuestiones subalternas. Ese es el Nunca Más, no corrupción en la justicia, es el Nunca Más que millones de argentinos esperan y es que este juicio se defina acorde a la ley», rechazando cualquier prueba que sustente las acusaciones.

Después de comparar la situación judicial de la Vicepresidenta con la de Perón, dando crédito al discurso oficialista de que el juicio y un eventual resultado adverso podría proscribir a Cristina de cara al año electoral que se aproxima (algo que en términos procesales y de tiempos judiciales es imposible), el abogado continuó con el descargo jurídico.

Sobre la asociación ilícita Luciani había dicho que «es falaz el argumento de querer extender la asociación ilícita a todo el Congreso por votar esas leyes que contaban con serias falencias informativas por parte del Poder Ejecutivo. Al contrario a lo que Cristina Fernández dijo, el diseño de las políticas de inversiones en materia vial fue dirigido por el Poder Ejecutivo y no es como señaló en su indagatoria que el Presupuesto es resorte del Congreso».

Beraldi se centró en este punto. Dijo que en ese análisis y en el planteo de la fiscalía «hubo una marcada intromisión del Poder Judicial» y leyó jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a los actos de gobierno que no pueden judicializarse. Dio un paso más allá y dijo: «No se pueden judicializar los actos de un gobierno elegido por el voto popular«.

Para defender a Cristina, el abogado reprodujo la palabra de Alberto Fernández, quien como testigo en el juicio en su rol de ex jefe de Gabinete, e insistió en que «me sorprende algo en este juicio y es que se quieren juzgar actos de gobierno, algo que no se puede hacer».

Fue en esa instancia en la que la defensa, se ocupó en analizar el circuito administrativo que recorren las leyes de presupuesto de 2003 y 2015, para indicar que no se puede hablar de actos ilegales cuando esas normativas que incluyeron las partidas destinadas a la obra pública vial que recibió Lázaro Báez, pasaron por el Congreso de la Nación y diversos organismos estatales.

La causa puso bajo la lupa el «manejo discrecional de fondos públicos» que permitieron que el Grupo Austral lograra contar «con un flujo permanente de ingresos estatales sin el debido control sobre el destino de los mismos». Esto permitió, según la imputación, que se pagaran «redeterminaciones de costos, sobreprecios en un importante conjunto de obras» a través de «procesos amañados, direccionamiento de las licitaciones y procesos irregulares de contratación».

Ese esquema al que se calificó de beneficios exclusivos para favorecer a un mismo grupo económico, contó durante doce años con fondos públicos. El Estado fue el único cliente de Austral Construcciones y a su vez, la empresa selló diversos negocios comerciales con los ex presidentes en simultáneo: contratos de alquiler, un fideicomiso, administración de hoteles, contratación de los servicios, permuta de terreno, compra-venta de inmuebles, entre otros. En todas esas operaciones Báez pagó a los Kirchner a través de la constructora.

Una vez más para referirse a los fondos públicos, Beraldi utilizó otro tramo de la testimonial de Alberto Fernández: «me llama la atención este juicio porque se discuten cuestiones políticas no judicializables como las leyes de presupuesto y quizás no se conozca cómo se elabora un presupuesto que su aprobación no es decisión de un presidente, se debate en el Congreso, es un debate enorme».

Entonces la defensa acusó a los medios de comunicación de «repetir las acusaciones falsas de la fiscalía», pero se concentró en la vía administrativa de las leyes de presupuesto. Rechazó los DNU como las decisiones administrativas que criticó Luciani para señalar que se dispusieron diversos circuitos para garantizarle fondos a Báez. «Les mintieron señores jueces, la Fiscalía cometió mala praxis, todo pasó por el Congreso y no existió ningún apagón informativo», dijo Beraldi en referencia a una parte del alegato fiscal.

El fiscal Luciani sostuvo que hubo 17 obras por 2.000 millones de pesos que entre 2003 y 2015 no fueron incluidas en las planillas anexas a las leyes de presupuesto. Fue cuando usó la expresión «apagón informativo» al señalar que el Poder Ejecutivo no le proporcionó toda la información al Congreso para aprobar las partidas. «Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se llevaron a cabo múltiples iniciativas para fortalecer los sistemas informativos del presupuesto» y aseguró que no le negó ninguna información al Poder Legislativo.

Analizó cinco de las 17 obras señaladas por la fiscalía y que integraron el peritaje ordenado por el TOF 2. «Fueron incluida e informadas al Congreso, esto es la mala de de la fiscalía», dijo Beraldi para defender a la ex presidenta. Continuará con su alegato este martes donde busca refutar lo que la fiscalía calificó como el «plan limpiemos todo» en relación al cierre de Austral Construcciones en diciembre de 2015.



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Actualidad | Diario Digital

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