la Justicia levantó el secreto bancario de Brenda Uliarte y analizan los pagos que hizo

la Justicia levantó el secreto bancario de Brenda Uliarte y analizan los pagos que hizo


La jueza federal María Eugenia Capuchetti levantó el secreto bancario de Brenda Uliarte, joven de 23 años que está sospechada de ser la instigadora del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. La Justicia analiza los pagos que Uliarte hizo a través de aplicaciones.

Según pudo saber Clarín, José Manuel Ubeira, el abogado de la querella que representa a Cristina, pedirá que se profundice la investigación en ese sentido.

El cuadro de situación expone, hasta el momento, a los principales acusados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados como coautores de intento homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.

Brenda Uliarte con una pistola.

La acusación con prisión preventiva para la pareja, expuso otros datos: fue Uliarte quien adquirió el arma Bersa calibre 32 el 22 de abril de este año cuando, para la jueza Capuchetti, se dio inicio a la planificación del ataque que se llevó a cabo el 1° de septiembre.

La investigación cerró una primera parte en la responsabilidad penal de los dos primeros detenidos. Los defensores tendrán hasta el miércoles a primera hora para apelar la decisión. En caso de no hacerlo, el expediente tendrá vía libre para avanzar hacia la próxima instancia: la elevación a juicio oral.

Previo a ello, la magistrada se prepara para pronunciarse sobre la responsabilidad penal de Agustina Díaz -amiga de Uliarte- y Nicolás Carrizo, conocido como jefe del grupo que comercializaba algodones de azúcar.

Ambos fueron indagados la semana pasada y se encuentran imputados por la participación en el planeamiento del atentado y en el caso de la joven de 21 años, también por el delito de encubrimiento.

Al menos dos factores nuclean a los dos últimos imputados y detenidos en el expediente: el contenido de sus respectivos celulares los comprometieron en la investigación, determinando el nivel de conocimiento del plan que realizaron el jueves 1 de septiembre Sabag Montiel y su pareja. En segunda instancia, el planteo de inocencia formulado, bajando el tono a los mensajes intercambiados con Brenda Uliarte antes y después del ataque.

Mientras la magistrada trabaja en la resolución que expondrá el nivel de responsabilidad de Díaz y Carrizo, la Fiscalía requirió una serie de medidas tendientes a clarificar si los acusados contaron con financiamiento externo a su entorno inmediato para llevar adelante el atentado contra Cristina Kirchner.

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, el fiscal Carlos Rívolo requirió que se realice el rastrillaje de movimientos de fondos de Sabag Montiel, Uliarte, Díaz y Carrizo.

En línea con lo que plantea el kirchnerismo, lo que se busca determinar es si pudo haber habido «una organización mayor» que contribuyera con fondos para «la planificación del ataque”, según indicaron fuentes del caso.

A raíz del análisis que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó sobre los teléfonos celulares, se detectó que hubo una primera pistola involucrada en la planificación del ataque.

Un arma calibre 22 que Nicolás Carrizo le proporcionó a Uliarte. Sobre este punto, se quiere saber cómo se financió el circuito de la misma, qué hizo la joven con el arma porque no se halló en los allanamientos ordenados.

La investigación determinó que no fue esa la pistola utilizada para cometer el intento de homicidio contra Cristina Kirchner, sino la Bersa calibre 32 que el 22 de abril adquirió la joven de 23 años. Cómo financió esa compra y quién se la proporcionó, es uno de los puntos que busca desentrañar la justicia.

Fernando Sabag Montiel, atacante de Cristina Kirchner.

Fernando Sabag Montiel, atacante de Cristina Kirchner.

Sobre la joven de 23 años se ordenó el levantamiento del secreto bancario, después de un análisis sobre los pagos realizados a través de diversas aplicaciones que llamaron la atención a los investigadores.

Dentro de las tareas emprendidas para especificar la fuente de financiamiento de Carrizo y el grupo que integraba el grupo dedicados a la comercialización de algodones de azúcar. Por ese motivo el Ministerio Público Fiscal pidió “un rastrillaje de sus movimientos financieros” y también “las personas que esa trazabilidad arroja”.

Nicolás Gabriel Carrizo explicó ante la Justicia: “Vivo del negocio del algodón de azúcar hace más o menos cuatro años y yo ahora con el tema de los copos siempre tuve gente que iba y venía, yo vivo de eso. Yo depende mucho del clima, lo que gano, un buen día, siempre dentro del fin de semana, puedo ganar entre 12.000 y 15.000 pesos, un día de lluvia nada. Mis días fuertes siempre fueron viernes sábados y domingo. Tiene mucho que ver el horario en el que salga, todo tiene que ver”.

¿Cómo entraron Uliarte y Sabag Montiel en ese negocio? Según el acta de la indagatoria, Carrizo explicó que “Nando me cuenta que no tenía trabajo y le dije cuánto ganaba. Hoy por lo menos 12.000 pesos le dije, fue un día muy bueno. Me pregunto qué onda con el laburo y le ofrecí trabajo, le dije que cobraba 600 pesos por armar hasta 50 copos. /os venís con tus materiales y te cobro 600 pesos por 50 copos, si te pasas son 1200. Les gustó la idea y me dijo que me iba a llamar”. Después contó que faltaron un par de veces a trabajar, que caían “a cualquier hora”.

La justicia federal quiere saber si efectivamente, sólo vivían de ese trabajo. O si detrás de los cuatro imputados “hubo otras fuentes de financiamiento”.

De forma inherente a esa pista, la Fiscalía pidió que se especifique a raíz del rastrillaje financiero, si hubo más personas involucradas individuales o bajo algún tipo de organización.

Lo que Cristina Kirchner quiere saber

En el marco de esta misma línea de investigación la querella en cabeza de José Manuel Ubeira, analiza solicitar una serie de medidas de pruebas en los próximos días.

El abogado que representa a la vicepresidenta, única víctima en esta investigación por tentativa de homicidio, pedirá que se clarifique si existió un financiamiento externo al grupo de personas involucradas en el expediente.

Eso va a del mano de otro planteo específico, vinculado a la posible participación de alguna organización de carácter político. Hay que recordar que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó una denuncia para que se investigue a la agrupación Revolución Federal por una conversación online en Twitter donde, entiende la AFI, «se anticipó el atentado contra la vicepresidenta».



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Actualidad | Diario Digital

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