La trampa de la cárcel como destino

La trampa de la cárcel como destino


No es fácil saber cuántas de las personas que cumplen una condena de prisión en la Argentina vuelven a la cárcel por nuevos crímenes. Por caso, en 2019, del total de condenados alojados en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense, el 22% eran clasificadas como reincidentes o reiterantes, pero al mismo tiempo y según encuestas a personas privadas de libertad realizadas por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) dependiente de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) la tasa de encarcelamientos previos era del 39% de los condenados. Un universo esquivo, caro e ineficiente.

Del conjunto de presos en centros bonaerenses, solo el 16 % accede a programas de reinserción laboral: es aquí donde diversas ONG buscan meterse de lleno para revertir la estadística. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

“El primer problema que se presenta para responder esta incógnita es que el país no cuenta con mediciones adecuadas que permitan estimar la tasa de reincidencia delictiva”, ratifican los autores del “Informe 2022 Reincidencia del delito en la Argentina”, fruto de la investigación realizada por Marcelo Bergman, Fernando G. Cafferata, Juan Ambrogi, Pablo Fernández y Facundo Pernigotti para la Untref. Un valioso panorama ante la carestía de información confiable y de análisis periódicos.

Lo que sí se sabe es que en el país hay ahora unas 110.000 personas privadas de libertad y al menos otras 30.000 con medidas de restricción. Además, funcionan más de 200 unidades carcelarias y cerca de 50.000 personas trabajan en los distintos sistemas penitenciarios. Por último, el costo de manutención mínimo de cada detenido es de al menos 10.000 dólares al año, lo que significa un costo anual total de 1.100 millones de dólares. ¿Cuál es la efectividad de esa infraestructura e inversión?

Un problema en aumento

“Con el crecimiento de la criminalidad y del aumento de la población carcelaria desde principios de siglo el problema de la delincuencia se ha agudizado. Cada año salen de las cárceles al menos 20.000 personas. En los últimos 6 años aproximadamente 100 mil personas privadas de su libertad (PPL) cumplieron sus penas y poco se sabe acerca de lo que sucede con ellas desde el momento que abandonan las cárceles. Sin embargo, hay evidencia que sugiere que una porción significativa se re-vincula con actividades delictivas”, explica el reporte.

El informe fue presentado el miércoles 31 de agosto en el rectorado de la Untref por doctor en derecho (UBA) docente y director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal, Leonardo Pitlevnik; la penalista y directora de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal-DCAEP María Virginia Barreyro; el abogado penalista, exjugador de rugby del San Isidro Club y fundador de «Los Espartanos» en la Unidad 48 de San Martín; y Federico Fahsbender, editor de la sección Policiales de Infobae.

“A pesar de este muy oneroso sistema de castigo –puntualizan los autores de la investigación–, el Estado se desentiende de las personas que, habiendo cumplido la pena, recuperan su libertad. Una proporción indeterminada, pero muy importante, se enfrentará a serios problemas en su regreso al medio libre y volverá a delinquir, arrastrando también a su familia y la comunidad que lo rodea”.

En otras palabras, dicen, existe una maquinaria costosa para castigar, y muy poco se hace para evitar que las personas, después de haber cumplido su pena, desistan del delito y eviten regresar a las cárceles.

Argentina tiene una población carcelaria cercana a las 100.000 personas, de las que casi la mitad se encuentra en la provincia de Buenos Aires. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Argentina tiene una población carcelaria cercana a las 100.000 personas, de las que casi la mitad se encuentra en la provincia de Buenos Aires. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El mapeo de la Untref se realizó a partir de datos de fuentes oficiales –el Registro Nacional de Reincidencia (RNR) y el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)– y en los resultados de dos encuestas realizadas a la población privada de libertad por CELIV en 2013 y 2019.

Según esas referencias, entre las personas privadas de libertad condenadas, los reincidentes representaron aproximadamente el 17% y tomadas la reincidencia y la reiterancia en conjunto, el número asciende a 28% de los condenados. 

Por su parte, la reincidencia legal representa un fenómeno excepcional entre las mujeres. En 2019 de cada cien mujeres detenidas, solo cuatro estaban clasificadas como reincidentes, mientras que entre las condenadas, representaban el 8%. “Este porcentaje se mantuvo estable a lo largo del periodo 2002-2019”, señalan los autores.

La situación regional

De este modo, si bien uno de cada dos condenados volvió a la cárcel antes de que se cumpliera un año de haber sido liberados, al comparar las cifras con países del Cono Sur –donde se realizó la misma encuesta–, el nivel de reincidencia en la Argentina es menor que en Chile y Brasil y mayor que en países de Centroamérica y México.

“La reincidencia delictiva no es un fenómeno que afecte únicamente a la Argentina. Muchos países que cuentan con mediciones serias sobre rencarcelamiento –entre ellos, Suecia, Australia o Inglaterra– indican que aproximadamente una de cada dos personas que dejan la cárcel son nuevamente detenidas en un plazo menor a los dos años luego de ser liberadas”, puntualizan los autores del documento.

Pero agregan que una particularidad de Argentina es que no solo tiene una tasa de encarcelamiento significativamente más elevada que estos países –y una alta “rotación” de personas privadas de libertad– sino que también “cuenta con tasas de delito violento más altas, lo cual implica que una tasa de reincidencia de ese nivel se traduzca en una cantidad importante de nuevos delitos graves”.

Reclusos en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense el 16 de junio de 2022 en la Ciudad de La Plata (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Reclusos en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense el 16 de junio de 2022 en la Ciudad de La Plata (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Por todo eso, para los especialistas el problema de la reincidencia en Argentina no ha sido suficientemente atendido. “El crecimiento del delito en nuestro país llevó a los legisladores a endurecer las penas, y al sistema judicial a condenar con penas privativas de la libertad más largas a un mayor número de transgresores. A pesar que en estas últimas dos décadas se asignaron mayores presupuestos para las cárceles, esos recursos adicionales no han sido suficientes para promover una efectiva reinserción social”.

Así, el panorama exhibe cárceles sobrepobladas, déficits de infraestructura y condiciones de detención inhumanas, escasos programas de resocialización, y ciudadanos cada vez más expuestos.

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Actualidad | Diario Digital

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