Reunión sorpresiva de la Cámara de Casación para tratar el caso de la jueza Ana Figueroa que se niega a dejar su cargo

El máximo tribunal penal se reúne este martes para abordar un tema que, según describen fuentes judiciales, ya es «insostenible». Se trata de las autoridades que integran la Casación y el foco de ese debate es la situación en la que se encuentra la jueza Ana María Figueroa, quien asumió la presidencia de la Cámara en enero pero a la espera de que el Senado apruebe su prórroga para no jubilarse como indica la Constitución. A pesar de que el Congreso no la habilitó a seguir en su cargo, la jueza afín al kirchnerismo informó hace un mes que no cumplirá sus funciones como jueza pero continuará en el cargo.

La discusión se tensó aún más cuando este domingo pasada Clarín dio a conocer que la magistrada percibió la totalidad de su salario pese a no haber ejercidos las funciones correspondientes al cargo.

En medio de esa circunstancia, fueron varios los jueces de Comodoro Py que manifestaron su malestar por la decisión del Consejo de la Magistratura -responsable de la liquidación de los haberes del Poder Judicial-.

Uno de los aspectos señalados en varios despachos de los Tribunales de Retiro, es que las funciones de la presidencia de la Casación se están cubriendo como las tareas correspondientes a la Sala I que integra Ana María Figueroa también están a cargo de los otros dos jueces, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Ante esa situación lo que consideraron es que sin haberse pedido una licencia hasta tanto el Senado determine si dará tratamiento o no al pliego para que pueda continuar durante cinco años más en la Justicia, Figueroa ya «cesó en sus funciones». Esto es: debe jubilarse como indica la Constitución Nacional que es la que determina la edad tope siempre y cuando se acepte la prórroga por parte del Poder Ejecutivo, se apruebe en el Senado y se publique en el Boletín Oficial.

Con este telón de fondo, y sin haber estado prevista, las autoridades de la Cámara de Casación resolvieron convocar a un plenario para «atender cuestiones vinculadas a las autoridades y subrogancias».

Fuentes judiciales explicaron que claramente, esto refiere al cargo que dejó de ocupar Figueroa y que ahora suple el vicepresidente del máximo tribunal penal, Mariano Borinsky. También la cobertura del caro vacante, ya que la jueza no cumple sus funciones como camarista.

El kirchnerismo, desde unos meses antes de que la jueza cumpliera los 75 años, intentó salvarla en el Congreso. Para seguir en su cargo necesitaba que el Senado vote su pliego y la habilite para seguir ejerciendo. De lo contrario, tenía que jubilarse.

Pero aunque lo intentó en dos oportunidades por impulso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, no consiguió los apoyos necesarios. En ese mismo paquete, los K también impulsaban los pliegos de 75 jueces.

Sin el acuerdo del Senado, a Figueroa no le quedaba otra posibilidad que renunciar. Pero la magistrada se rebeló y dijo que iba a seguir en su cargo sin ejercer funciones y cobrando su sueldo. Hubo quejas y reclamos de varios sectores judiciales pero nadie hizo nada. Recién ahora sus colegas de Casación -luego de que se conociera que sigue cobrando su sueldo de 3.7 millones de pesos sin descuentos de Ganancias- activaron una reunión de urgencia para definir su situación.

La magistrada es una de las que tiene que definir en los casos Hotesur y Los Sauces que involucran a Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.