VILMA IBARRA

ABORTO LEGAL / DIPUTADOS

01/DIC/2020

Comienza el debate en Diputados

El plenario de comisiones trata el proyecto enviado al Congreso por Alberto Fernández. Buscan llevar la iniciativa a sesión el 10 de diciembre

La Cámara de Diputados inició este martes el debate en plenario de comisiones del proyecto de Ley deRegulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la atención postaborto, enviado en noviembre al Congreso nacional por el presidente Alberto Fernández.

A las 13.30, comenzaron las exposiciones de los ministros de Salud Ginés González García, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Vilma Ibarra fue la primera funcionaria del Gobierno en hablar. La secretaria Legal y Técnica de Alberto Fernández recordó que el Presidente presentó este proyecto ley “en cumplimiento de un compromiso de campaña”.

A su vez, indicó que la penalización del aborto “generó un mundo clandestino de miles y miles de abortos que se suceden invisibilizados”, que solo “puede ser seguro si uno tiene forma de costearlo”.

“Hay mujeres para las cuales una maternidad forzada no es una opción y allí se dan en condiciones muy fuertes estos abortos clandestinos”, señaló Ibarra. Y mencionó a los países que han bajado notablemente la mortalidad de las gestantes mediante la legalización del aborto, como España, Alemania, Países Bajos, México, entre otros. “Nadie quiere promover el aborto, queremos disminuir las muertes”, subrayó Ibarra.

La secretaria Legal y Técnica remarcó que con este proyecto buscan “atender y cuidar a la mujer”, para que sienta que “tiene el derecho de ser atendida”, así como brindarle información sobre métodos anticonceptivos para evitar el círculo de volver a embarazarse.

En relación a la propuesta presentada, que estipula un límite de tiempo para poder ejecutar la intervención, Ibarra explicó que “hasta la semana 14 sabemos que se trata de una interrupción del embarazo segura, realizada a través de dos métodos seguros, ambulatorios y no quirúrgicos, avalados por la Organización Mundial de la Salud”.

Finalmente, la funcionaria le pidió a los profesionales que, ante la objeción de conciencia, deriven a las pacientes y no la pongan en riesgo su salud o eviten que siga adelante con su decisión. “Queremos terminar con el enorme negocio del aborto clandestino”, resaltó. Y cerró: “Queremos que haya menos embarazos no intencionales, menos abortos y menos muertes. Y más embarazos deseados, más salud y más vida”.

El segundo en hablar fue el ministro de Salud de la Nación Ginés González García quien presentó datos estadísticos sobre abortos clandestinos en el país. “Hubo 1100 abortos en el día de hoy y unas 100 internaciones”, señaló en relación al promedio de procedimientos ilegales que se realizan a diario.

En este sentido, subrayó que los abortos clandestinos tienen como consecuencia la muerte de la gestante, así como “enfermedades, internaciones y gastos”. “Esto tiene solución, una solución técnica que se aplica en todo el Primer Mundo. Sobran evidencias de que esto tiene solución”, remarcó.

Allí, puso como ejemplo los resultados que la despenalización del aborto dio en los países que la aprobaron -haciendo una mención especial de Uruguay- y advirtió: “Si lo resolvemos de manera científica y técnica eliminamos una causa de muerte”.

También expuso que el 80% de los abortos que se producen son por embarazos no intencionales. Al respecto, señaló que “los egresos hospitalarios por abortos solo en el sector público de los que hay registro” hasta 2017 están en el orden de los 44.000. Y mostró que están disminuyendo las internaciones por esta causa, pero que es producto de “la innovación”, vinculada al acceso de las gestantes a fármacos efectivos y seguros, como el “misoprostol”. Sin embargo, destacó que existe un problema: tienen un alto costo al cual muchas mujeres no pueden acceder.

Con estos datos, González García puso sobre la mesa la diferencia en el acceso al aborto clandestino entre las personas con más recursos y aquellas mujeres en situaciones de vulnerabilidad. En relación a esto aseguró que “la injusticia se ve claramente”. Por eso, resaltó: “Este es un proyecto que genera Justicia Social”.

Consultado por estadísticas en relación al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las provincias, el ministro no pudo dar cifras pero explicó: “Tenemos nueve provincias adheridas, algunas que no adhirieron Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán-, y otras que no han hecho la actualización a este último”.

Frente a otra pregunta, relacionada al momento de la gestación en el cual se considera que comienza la vida, Ginés González García advirtió: “Acá no hay dos vidas como dicen algunos, acá claramente es una sola vida, una sola persona y lo otro es un fenómeno”.

La tercera funcionaria en hablar fue la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta. Al comienzo de su exposición, detalló algunas de las sanciones que se incorporan al Código Penal.

En este sentido, destacó que “se incorpora un nuevo tipo penal que establece tres conductas distintas”, referidas a la dilación, obstaculización o negación de la práctica de forma injustificada, la cual tendrá pena de tres meses a un año para funcionarios o autoridades del establecimiento de salud.

Luego, puso el ejemplo de países que han despenalizado el aborto, y señaló: “La legalización salva vidas de mujeres todos los días, protege la salud, disminuye los abortos, desestresa el sistema de salud e implica un ahorro para el Estado”.

Antes de cerrar, pidió que en las calles “el debate sea respetuoso”. Y concluyó: “Si se sanciona este proyecto de ley, queremos que nunca más muera una mujer en nuestro país a causa de un aborto clandestino”.

Consultada en relación a por qué se mantuvo la penalización de la persona gestante después de la semana 14, Gómez Alcorta respondió detallando que en todo el mundo en los países que está legalizada la práctica -salvo casos excepcionales- se pone como límite “entre la semana 12 a la 14″. En este sentido, sostuvo que establecer “una penalidad mínima” -que va de tres meses a un año- “resulta acorde al estado normativo a nivel mundial y a los reconocimientos que hay en el sistema Interamericano”.

El plenario de reunión informativa está a cargo de las comisiones de Legislación General, a cargo de Cecilia Moreau; de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha; de Legislación Penal, conducida por Carolina Gaillard, y de Salud, presidida por Pablo Yedlin, todos diputados oficialistas que se han expresado a favor del proyecto.

Al inicio de la jornada, Galliard describió este como “un día histórico”. Y advirtió que “por estar penalizados (los abortos) arrojan a cientos de mujeres a la clandestinidad y eso provoca riesgo de muerte o problemas para la salud”. Sobre lo que, consideró: “Lo que no puede hacer el Estado es mirar para otro lado”.

Por su parte, tanto Yeldin como Macha llamaron a llevar el debate de modo democrático y con respeto. El presidente de la Comisión Social de Salud Pública pidió “no caer en chicanas, para que cada uno pueda expresar claramente su idea y que sea un debate equilibrado para ambas partes”. “Todos tienen parte de una verdad que nunca es absoluta”, señaló.

Tras un cuarto intermedio, a las 15.52 se dio por iniciada la segunda parte en la cual expondrán en forma alternada 20 invitados a favor y en contra de la legalización del aborto. Todos ellos tendrán siete minutos para expresar su postura sobre el proyecto enviado por Fernández, el pasado 17 de noviembre, a la Cámara baja. Cada cuatro oradores, se dará un espacio para que los presentes pueda realizar consultas.

En total los expositores serán 50, mitad a favor y mitad en contra, -con la posibilidad de que se sumen 10 más- que se repartirán entre martes y miércoles.

Los primeros oradores -a favor de la IVE- serán el exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, los ministros bonaerenses de Salud, Daniel Gollán, y de la Mujer, Estela Díaz; la médica sanitarista Mabel Bianco, el extitular de Salud Adolfo Rubinstein y la exlegisladora Maria Storani.

Acompañando esta postura, también expondrán la exintendenta de Rosario Mónica Fein, la militante feminista y miembro de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Nelly Minyersky; la médica Silvia Oizerovich y el doctor Mario Sebastiani.

Mientras que disertarán en contra del proyecto el exministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra, el cura villero “Pepe” Di Paola, la abogada especializada en familia Úrsula Basset, el medico obstetra Ernesto Berutti y el pastor evangelista Osvaldo Carnival.

En sintonía con la postura de este último grupo, harán su ponencia la socióloga María Elena Critto, el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa, el médico Miguel Schiavone, el rabino Zalajen Fshel, y Martín Olivera.

La de este martes será la primera de dos audiencias que contarán con invitados que expondrán en el plenario de las comisiones sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, ya que el jueves la reunión estará reservada a la discusión entre los legisladores. En tanto, el viernes, se buscarán firmar los despachos.

El objetivo es llevar la iniciativa a sesión el próximo 10 jueves de diciembre. Desde la Comisión de Mujeres y Diversidad adelantaron que buscan que el debate en el recinto tenga lugar antes del 20.

Para evitar agresiones a legisladores en el marco del debate, como ya sucedió mediante escraches a la salida del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa resolvió constituir un equipo de abogados para analizar conductas de tipo penal y garantizar la defensa de la intimidad y la libertad de cada legislador, para que pueda expresar su opinión con libertad.

En este sentido, la diputada Mónica Macha, que preside la Comisión de Mujeres y Diversidad explicó en diálogo con DTV que esto facilitará que se puedan denunciar los escraches “para que no queden impunes”. ”Sancionar lo hecho y prevenir aprietes”, resaltó la legisladora.

Noticia en desarrollo que está siendo actualizada.-