La economía de Milei vs. los datos oficiales

Es un comentario reiterado, generalmente válido también para dirimir contrapuntos, el de afirmar que los datos suelen contar las cosas y mostrar la realidad mejor que unas cuantas palabras y que los discursos altisonantes. Para el caso, la marcha de la economía real medida según las estadísticas del INDEC, o sea, según datos oficiales.

“Actividad volando. Todo marcha de acuerdo al plan”, celebró el presidente Milei en su cuenta X apenas se supo que el Estimador Económico de marzo había anotado una suba del 3,5% respecto de febrero y luego que en el mismo febrero hubiese caído 2,6% contra enero. En lo que va del año, la mejora todavía anda por debajo del 1%: 0,5% dice la comparación con diciembre 2025.

Es un alivio en muchos sentidos que la llamada economía productiva hubiese empezado a remontar después de acumular rojos tras rojos durante 2024 y 2025 y de cerrar el 25 con bajas tanto en el consumo como en la inversión, o sea, en dos motores clave. De hecho, recién en este marzo la industria manufacturera y el comercio lograron superar los registros de marzo del 2023, mientras la construcción sigue buscando su destino.

Puro número nuevamente, vale otra muestra gratis para este boletín: entre la industria, el comercio (mayorista y minorista) y la construcción suman alrededor del 40% del PBI. Luego, de cómo les vaya no solo depende el crecimiento de la actividad económica: también el empleo, el consumo, la inversión y los salarios, más lo que cada cual quiera añadir a la canasta.

Según cálculos del economista Carlos Pérez, exgerente general del Banco Central y actual director coordinador de la Fundación Capital que conduce Martín Redrado, en 2026 el PBI crecería alrededor del 2%, apuntalado por la minería y los hidrocarburos, el agro y la actividad financiera. En contraste, agrega, el comercio, la industria y la construcción registrarían avances limitados condicionados por una demanda interna débil.

Estamos hablando de aquellas actividades que sostienen el 40% del PBI y de la necesidad, en palabras de Pérez, de “una expansión de la base productiva más amplia con mayor impacto sobre el empleo y los ingresos”.

Aun cuando tiende a alejarse de los peores y críticos momentos de otros tiempos, la inflación sigue en modo asignatura pendiente.

El problema es que todavía se mantiene en la zona del 2% largo: seis meses consecutivos navegando entre un 2 y un 4% considerables y alejados de cualquier normalidad de las verdaderamente normales: los muy cercanos índices de marzo de Brasil, Chile y Uruguay dicen 0,88%; 1% y 0,4%, respectivamente. Un contraste aún mayor salta cuando se va a la inflación anual: marzo 25 contra marzo 26, en Brasil tenemos 4,14%; un 2,8% en Chile y el 2,4% en Uruguay.

¿Y cuánto en la Argentina, para el mismo período? 32,4%, según el índice nacional. Y al interior del índice nacional, ¿qué?: 45,6% para el transporte público en el Gran Buenos Aires; un 30,4% en alimentos y bebidas; 45% para el alquiler de una vivienda también en el GBA y 39,4% en educación.

Al tope-tope de la lista, el combo electricidad, gas y otros combustibles planta un 56,4%. Una explicación obvia aquí arranca en el impacto del conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz sobre el costo del petróleo, pero pasa de largo que ese es un cuadro instalado hace tiempo, conocido y, por lo mismo, de efectos previsibles que demandaban políticas defensivas más efectivas.

Empeñado en desacreditar a la prensa no adicta y en el mismo acto sacarla de la cancha, el Presidente ha sentenciado estos días durante un acto en el Museo de Arte Latinoamericano: “Creo que nunca en la historia se produjo una divergencia tan grande entre lo que dicen los medios y los hechos”. Y, en continuado: “Se debe llamar abstinencia de pauta y de que decidimos cambiar la Argentina y no transar con el statu quo y menos con sus marionetas”.

Datos, siempre datos de fuentes oficiales: el índice de precios mayoristas de abril, una aproximación al costo de vida de mayo, canta 5,2% respecto de marzo y 30,8% contra abril del 2025. A caballo del rebote de los precios, el costo de la Canasta Básica Total, que mide la evolución de la pobreza, aumentó 12,3% entre enero y abril y escaló a $ 1.469.768, o sea, a casi un millón y medio.

Solo para insistir en el dónde estamos, el salario mínimo de diciembre del año pasado marcó $ 334.800; es decir, menos de la cuarta parte de lo que cuesta la canasta que define la pobreza. Está claro que a veces o unas cuantas veces eso de las divergencias grandes empieza por casa.

Finalmente, el empleo. Datos del Centro de Estudios de la UIA basados en fuentes de la Secretaría de Trabajo revelan que entre enero 2025 y enero 2026 se perdieron 42.364 empleos registrados (en blanco, con aportes jubilatorios) en la industria manufacturera; 17.730 en el comercio y 1.574 en la construcción, con mucho impacto del freno a la inversión pública.

Las cifras crecen exponencialmente si la referencia es agosto del 2023: hasta 72.300 puestos de trabajo en la industria; 82.300 en la construcción y 17.700 en el comercio. Obvio, la baja de los ingresos (salarios) acompaña la procesión.