POLICIALES

Leonardo Sebastián Paz (22) estaba cumpliendo su sueño: manejar un colectivo. Pero la ilusión se esfumó el primer día de trabajo. Dos ladrones se subieron al interno 1030 de la línea 56 y le pegaron dos balazos cuando un policía federal los enfrentó.

El crimen se registró a las 4.30 de la madrugada del 14 de marzo de 2014 en Villa Celina, partido de La Matanza. A uno de los sospechosos, Kevin Gustavo Antonacci (29), lo detuvieron el mismo día.

Al otro, Brian Gabriel Cabrera (29), acusado de ser el que apretó el gatillo, recién 9 años, 2 meses y 2 días más tarde. «Caraza», como le decían porque se había criado en ese barrio de Lanús, vivía con identidad falsa y estaba en pareja, pero la mujer había sido engañada.

Sobre Cabrera pesaba un pedido de captura nacional e internacional desde 2014. Detectives de la Policía Federal descubrieron que el prófugo había renovado su DNI el 6 de abril de 2022.

Las huellas que dejó en este trámite fueron claves para atraparlo, ya que aportó un domicilio en una casaquinta de la calle Manuela Gómez a 1100, en General Rodríguez.

Además, se constató que estaba trabajando desde septiembre de 2022 en una empresa de logística.

Con estos datos, la División Homicidios de la PFA avanzó sobre el sospechoso, que cumplía tareas en una planta de reciclaje de botellas de vidrio en la ruta provincial 28 y Puerto Belgrano, adonde ingresaba a las 5 de la mañana. Pero el apellido que había dado no era el verdadero, sino Silva.

De esta manera, dos brigadas montaron una vigilancia y lo esperaron en la entrada de su trabajo. Cuando llegó en su bicicleta, giró en «U» e intentó escapar, pero se cayó en una zanja y sufrió cortes en la cara. Antes de que se lo llevaran preso, intentó coimear a los agentes para que lo dejaran en libertad.

Al comprobar que era el prófugo, intervino también la Policía bonaerense y lo trasladaron al Hospital Vicente López y Planes, de General Rodríguez, donde le hicieron curaciones en el rostro y le dieron algunos puntos de sutura.

A Cabrera lo acusan de un delito cuya expectativa de pena es prisión perpetua: «robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio doblemente agravado criminis causa y por tratarse de un miembro de la fuerza policial en grado de tentativa, homicidio agravado criminis causa«.

El fiscal Matías Folino lo indagó, pero el detenido se negó a declarar. Cabrera quedó preso en la comisaría 2da. de Ramos Mejía, a disposición del Juzgado de Garantías 5 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de Gustavo Banco, hasta que se disponga su traslado a un penal.

Una de sus hermanas es oficial de la Policía de la Ciudad, quien dijo no saber dónde se encontraba viviendo el joven.

Además, fue contactada la pareja del detenido, quien aseguró conocerlo como «Brian Silva» desde hace cuatro años.

El crimen de Leonardo Paz

El asesinato del colectivero sucedió en la parada ubicada sobre la calle Strangford al 100, en Villa Celina, adonde se subieron Cabrera y Antonacci a robar, armados con una pistola calibre 9 milímetros.

Uno de los alrededor de diez pasajeros era un cabo de la PFA, por entonces de 32 años, quien reaccionó gritando «¡Alto, policía!».

Según la investigación, Cabrera le disparó una vez sin lograr impactarlo y luego hizo dos tiros más hacia el colectivero, quien recibió los balazos mortales en el hombro y el tobillo derecho. El suboficial no utilizó su arma para preservar al resto del pasaje.

Al momento del homicidio, Paz estaba en su primer día de trabajo, practicando con su instructor.

El colectivero vivía en Gregorio de Laferrere junto a sus padres, su hermana Melina, su cuñado y una sobrina de 2 años.

«En la familia nos daba un poco de miedo que manejara a la madrugada. De hecho, él en la empresa [DOTA] tenía dos posibilidades: manejar en la línea 91 o en la 56. Pero como la 91 pasa por Villegas, un lugar bastante peligroso, le aconsejamos que eligiera la 56, pensando que iba a ser más tranquila, pero no fue así, lamentablemente no fue así», se lamentó tras el crimen Melina.

Leonardo sabía mucho de albañilería porque, mientras estudiaba, en sus días libres ayudaba a su papá. Pero su meta siempre fue llegar a subirse a manejar un colectivo de línea.

En su cuenta de Facebook, Leonardo subía fotos de colectivos que veía en la calle, como si fueran autos de lujo.

Paz estaba a prueba y los recorridos los realizaba con otro chofer, que lo guiaba. Pero como en la empresa DOTA estaban muy conformes con su trabajo y responsabilidad, aquel 14 de marzo de 2014 iba a hacer su primer viaje solo, como siempre soñó. No lo dejaron.

Tras su asesinato, hubo un paro de transporte y un reclamo gremial que terminó con una resolución que estableció que tenían que comenzar a instalar cámaras de seguridad en todos los colectivos, un anuncio que se volvió repetido ante cada hecho similar y todavía está en deuda.

EMJ 

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Los carteles cambiaron. La cara de Julieta Riera (24) quedó en el centro. Se fueron, por un rato, los pedidos de justicia, los reclamos pidiendo perpetua. Es que Jorge Julián Christe (31), su entonces pareja, había recibido la pena máxima, condenado por femicidio. 

La semana pasada, tras el llamado de su abogada, Ana Brugo (54), supo que, por una decisión del Supremo Tribunal de Justicia (STJ)de la provincia de Entre Ríos, el reclamo de justicia no había terminado y que, a pesar de la sorpresa, su lucha tampoco.

«Es revivir todo de nuevo, volver a empezar: nos esperábamos cualquier cosa pero esto ¿anular el juicio? Jamás«, dice con pesar la mamá de Julieta.

Es que tras una apelación y el doble conforme de la Cámara de Casación de la provincia, el STJ decidió invalidar el juicio y ordenar uno nuevo.

Al admitir el recurso de impugnación extraordinaria, los jueces Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio ordenaron anular el debate.

La decisión, alcanzada por mayoría con los votos de Mizawak y Carubia, estableció que «existieron serias afectaciones al derecho de defensa» y «vicios» en el proceso.

Entre ellos, la «incorporación en el juicio de elementos de prueba importantes (registros fotográficos) que no pudieron ser controladas por la defensa» y «el haberse impedido la facultad de la defensa de contrainterrogar a testigos, a través de los consultores técnicos».

Además, fueron contra el juez de primera instancia y cuestionaron «las instrucciones finales al jurado popular» al considerarlas «confusas e imprecisas».

Fue un jurado popular con 12 integrantes el que, por unanimidad, consideró culpable a Julián Christe.

El hecho

El 30 de abril de 2020, Julieta Riera murió al caer del 8° piso del Instituto del Seguro, en el centro de Paraná. Tanto la Fiscalía como la familia de la joven consideraron que se trató de un femicidio, mientras que la defensa de su ex pareja sostuvo que la muerte fue accidental. 

Christe es el hijo de la ex jueza en lo Civil y Comercial Ana María Stagnaro y está detenido desde el momento del crimen.

Si bien el joven intentó sostener la versión del suicidio o del accidente, la investigación concluyó que la chica había muerto producto de las lesiones previas, consistentes con la violencia de género, y que estaba inconsciente al momento de la caída producto de una asfixia mecánica.

El contexto de violencia en el que estaba Julieta quedó probado en el juicio. Hasta le envió una foto a la mamá de Christe pidiéndole ayuda mostrándole golpes, las marcas en el rostro. No le contó a su propia familia lo que estaba viviendo, pero ellos insistieron en ayudarla al notar que cada vez «se aislaba más», que no tenía teléfono celular y que podía verlos en momentos breves y sin que tocaran el timbre de la casa que compartía con su pareja.

Julieta tenía un hijo que ahora tiene 6 años y con el que también había perdido vínculo. Además, en su cuerpo había rastros de «golpes de vieja data» que probaron que estaba sometida a la violencia desde hacía meses.

La sorpresa

Mariana Riera es la hermana de Julieta y dijo a Clarín: «Nos pareció un juicio muy justo. No nos parece que se haya contaminado al jurado o que el juez no haya sido imparcial. Mantuvo su postura, escuchó a las dos partes, nos pareció un juez muy justo. Por eso, nos esperábamos cualquier cosa, que le redujeran la pena o que intentaran cualquier cosa pero esto, esto no. Fue un balde de agua helada el que nos han tirado«.

Este lunes, el fiscal de la causa Ignacio Aramberry y la fiscal Patricia Yedro se reunirán con la representante de la familia Riera, Corina Beisel, y con la mamá de Julieta, Ana Brugo, para decidir si presentarán un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revean esta decisión de la Justicia provincial.

Según confirmó a este diario Corina Beisel, la abogada de la familia Riera, primero «hay diez días hábiles para recurrir ante la Corte» y, en caso de que decidan no hacer lugar al recurso, «el plazo para presentar la queja es de cinco días hábiles más».

«Cuando terminó el juicio, yo quería acercarme a él y decirle: listo, ya probamos que fue asesinada, que a mi hija la mataron, ahora devuélvanmela. Y eso no es posible. Yo tengo que seguir por mis otros hijos, por mis nietos, pero a mi hija no me la devuelven más y pensar en tener que pasar por todo esto de nuevo, es desgarrador», sentencia Ana.

«La falta de Juli la vamos a sufrir toda la vida. Ahora tenemos que volver a juntar fuerzas y salir a pelear por la justicia para mi hermana, porque es lo único que nos queda», coincide Mariana. Y cuenta: «Teníamos un cartel, una pancarta muy grande que nos hizo un amigo de mi marido. Hace un tiempo le cortamos el pedazo en el que pedíamos ‘justicia’, para conservarlo, para preservar a los chicos también. Pero ahora es sentir que tenemos que volver a andar el camino, volver a pelear».

EMJ

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Una jubilada de 81 años fue asesinada en su casa de la ciudad de Mar del Plata, donde se registró además un principio de incendio, presuntamente intencional. Los investigadores del caso están convencidos de que el homicidio se produjo en el marco de un robo.

La víctima, identificada como Elizabeth Othondo, fue hallada cerca de las 20 por bomberos en una habitación de la propiedad ubicada en Rodríguez Peña al 2700, en el barrio Chauvín.

Fueron vecinos del lugar que tenían las llaves de la casa los que avisaron a Emergencias, tras encontrar restos de sangre y advertir que desde uno de los cuartos salía humo.

Al llegar al lugar y tras sofocar el siniestro registrado dentro de ese ambiente, encontraron el cuerpo sin vida de la mujer.

La investigación del hecho quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7, quien dispuso que este domingo se lleve a cabo la autopsia del cuerpo de la mujer, para determinar las causales de la muerte.

El resultado estableció que la víctima, docente jubilada, murió como consecuencia de los golpes sufridos en la cabeza.

Según el portal 0223, Othondo tenía una hermana en la ciudad y una hija radicada hace varios años en Francia. Era madre de Martín Battello, el reconocido skater de 45 años que apareció sin vida en su casa en octubre de 2018.

Más allá de algunas dudas iniciales que la misma mujer había arrojado sobre la causa de muerte, la investigación posterior confirmó que se trataba de un suicidio.

Arévalo ordenó además el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad del sistema de monitoreo municipal en la zona y también de aquellas ubicadas en viviendas y comercios cercanos.

En el lugar trabajaron peritos de Policía Científica y agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones.

Se trata del segundo homicidio en menos de un mes de una mujer mayor en la ciudad, cuya vivienda es incendiada.

El último 7 de mayo, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer identificada como María Angélica Rossi, de 74 años, en su casa del bosque Peralta Ramos.

Explotó una casa en Almirante Brown y murió un hombre de 97 años

Una casa explotó el pasado martes en partido de Almirante Brown, al parecer por «una acumulación de gas», y provocó la muerte de un adulto mayor de 97 años. Según vecinos del barrio San José, el fuerte estallido se escuchó en varias cuadras a la redonda.

El episodio ocurrió en una vivienda situada en la calle La Rioja al 600, a pocos metros del límite con el partido de Lomas de Zamora. La planta alta fue la que presentó los mayores daños.

Personal de Bomberos y de Defensa Civil de aquel municipio bonaerense trabajó en el lugar y rescató debajo de los escombros al anciano herido, que fue trasladado de manera urgente en ambulancia al hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada, donde llegó en estado crítico, y murió poco después de ingresar a la guardia por las heridas y quemaduras recibidas en el 60 por ciento del cuerpo.

Jorge, un hijo del anciano fallecido, declaró en Crónica TV que estaba en la planta baja, donde vive, cuando escuchó la explosión. «Ocurrió a la hora que él tomaba el té, quizá se le apagó la hornalla de la cocina, aunque también tenía una pantallita de gas», añadió.

Viviendas aledañas a la que sufrió la explosión también sufrieron daños a raíz de la caída de escombros, al igual que los vehículos que estaban estacionados en sus respectivos garages.

ES

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Una mujer de 70 años fue asesinada a golpes y asfixiada en su vivienda de la localidad de Banda del Río Salí, cercano a la capital de Tucumán.

Según los datos preliminares brindados por la policía local, se cree que se trató de un homicidio en ocasión de robo ya que no fue encontrada su cartera donde en teoría, guardaba el dinero de su jubilación.

La jubilada fue identificada como Delmira del Carmen Gallo y su cadáver fue hallado este sábado en su domicilio, un inmueble tipo PH, ubicado sobre calle Florida al 300 del Barrio Alberdi

Según confirmaron algunos medios locales, la mujer residía en un lugar en el que hay dos propiedades más; la del frente funciona como depósito de una empresa, y en la del fondo, vive su hermana. 

Justamente, fue su hermana la que alertó sobre la búsqueda de la mujer cuando intentó comunicarse con la víctima. Al no obtener respuesta, llamó a su sobrina (hija de la víctima) para consultarle «si se encontraba con ella».

Ante la negativa, la hija de Gallo se acercó al lugar e ingresó a la casa. Allí, encontró a su madre en su habitación, tirada en la cama, boca abajo; y dio parte a la policía.

Los efectivos constataron que la mujer se encontraba muerta y dieron intervención a la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Ignacio López Bustos, quien ordenó el arribo del Equipo Científico de investigaciones Fiscales (ECIF) al lugar.

El médico forense confirmó que la mujer presentaba varios golpes en el rostro, fractura en el tabique nasal e indicios de que falleció por asfixia.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia y los resultados se conocerán en las próximas horas.

La hija de Gallo aseguró que en los últimos días su madre cobró la pensión, dinero que suele dejar en una cartera que no fue hallada en la casa y señaló que hace un tiempo ya le habían entrado a robar.

De los testimonios publicados por el diario La Gaceta, un vecino informó que durante la madrugada del sábado escuchó ruidos en los techos y que en ese momento hubo fuerte ladridos de perros.

Con información de Télam

Un joven de 27 años fue asesinado esta madrugada a puñaladas en pleno centro de la ciudad santafesina de Rafaela, a pocos metros de un boliche bailable del que salieron tanto la víctima como el atacante, informaron voceros policiales.

La víctima fue identificada como Cristian Damián Benítez, quien fue hallado gravemente herido en la esquina de Sarmiento y Alvear, en pleno centro de Rafaela, alrededor de las 5 de hoy.

De acuerdo a testimonios de testigos, Benítez estaba dentro de un local nocturno de la zona y poco antes de ser agredido salió, al parecer tras mantener una discusión con otro joven.

Los voceros señalaron que Benítez, quien sufrió al menos una herida de arma blanca en el pecho, fue atendido en la esquina suroeste de Alvear y Sarmiento por paramédicos del servicio de emergencias 107, que intentaron reanimarlo sin éxito.

La Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó el secuestro de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia que puedan ayudar a identificar al agresor, así como interrogar a jóvenes que aporten otros detalles.

El cuerpo de Benítez fue trasladado en primer término hasta el hospital Jaime Ferré, en tanto se aguardaban instrucciones de Fiscalía para la realización de la autopsia.

Noticia en desarrollo

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Lo llamaban «El Impenetrable», y no por tener mayoría de vecinos chaqueños. Al barrio Los Pumitas, de Empalme Graneros, zona norte de la ciudad de Rosario, se lo conocía de esa manera porque a la Policía de Santa Fe «le resultaba imposible entrar«.   

Pero hubo un hecho que cambiaría al barrio por completo. El 5 de marzo pasado, Máximo Jerez (11) caminaba junto a dos de sus primos. Iban hacia un kiosco; querían comprar una gaseosa.

Todo parecía normal hasta que el conductor de un Honda Civic color negro frenó y al menos un acompañante comenzó a disparar, en el marco de un tiroteo narco. El saldo fue trágico: Máximo fue asesinado. Sus dos primos (de 13 años) y una bebé de 2 terminaron hospitalizados con heridas. 

Horas después, las tres casas que serían de Cristian Carlos Villazón (26), detenido por un triple crimen y señalada como líder de la banda «Los Salteños«, que manejaba la venta de drogas en Los Pumitas, fueron saqueadas y destrozadas por vecinos. Todo fue transmitido en vivo por los grandes medios nacionales.

Ahora son las tres de la tarde de un martes y faltan pocos días para que se cumplan los tres meses del asesinato de Máximo. El panorama es antagónico: Los Pumitas parece uno de los barrios más tranquilos de una ciudad que acumuló 135 crímenes en lo que va del año.

El mote de «El Impenetrable» parece haber quedado atrás. Hay gendarmes en la cancha, en varios pasillos, en alguna entrada y en el frente de las viviendas saqueadas. Se estima que en este barrio viven cerca de 10 mil personas. 

Un niño juega a la bolita a metros de la cancha. El piso es de tierra. A su lado, una mujer descansa sobre una reposera. Es una tía de Máximo. Que dice: «Hasta ahora todo está tranquilo. Los chicos andan solos, juegan en la cancha y no hay horario para meterse adentro como antes. Pero te quiero ver cuando se vayan los gendarmes…».

Ese es el miedo del barrio. Todos hablan de lo mismo. «Vendo tranquilo. Eso es lo importante», responde un verdulero a la pregunta de si las ventas mejoraron desde la llegada de Gendarmería, a pocos metros de una de las viviendas en las que se vendía droga.

«El barrio era de ellos (por los narcos)», afirma una mujer en la entrada a un pasillo. «Esperemos que los gendarmes sigan». Otro vecino maldice no haber jugado al 92 en la quiniela. Hasta que se mete en la conversación: «Se van a quedar hasta las elecciones. Al menos es lo que pienso yo».

Uno de los gendarmes dice que no hubo noticias de la banda «Los Salteños», que operaba hasta el asesinato de Máximo, y a quien otro grupo le habría querido ganar el control del barrio. «Imagino que a alguien deben haber mandado a tantear la situación. Mientras esté el gato, los ratones no se acercan…».

Los Pumitas, o mejor dicho el que era «El Impenetrable» rosarino, tenía una característica: era uno de los últimos barrios en el que las viviendas funcionaban como búnkeres de drogas. Los adictos se paseaban de lunes a lunes, durante las 24 horas.

Si los narcos no atendían en una casa, vendían en las otras. Contaban con «seguridad»: pistoleros que merodeaban la zona y vivían pendientes de movimientos extraños. Ahora la modalidad favorita para el expendio de drogas es el delivery. Las bandas utilizan conductores de motos para hacer las entregas. El cambio comenzó a notarse hace cuatro o cinco años.

«Era una jungla. Hacían lo que querían. En un principio era ‘gente’ de Esteban Alvarado. Ahí se vendía su droga y conseguía mano de obra para los trabajos que necesitaba», explica una fuente con conocimiento del mundo narco local.

Lo que explica, según su teoría, es que el clan Alvarado les suministraba cocaína y marihuana a «Los Salteños». Y que de allí seleccionaba sicarios y «tira tiros» (autores de balaceras a frentes de viviendas) para su organización. Aunque en un momento, se dice, hubo un quiebre en la relación. Y «Los Salteños» pasaron a comprarle la droga a otro «capo» de la ciudad: Julio Rodríguez Granthon, un narco de nacionalidad peruana que se encuentra detenido en el Complejo 1 de Ezeiza.

Tan redituable era el negocio que una banda se animó a enfrentarlos y disputarles la plaza. Según la investigación, el grupo liderado por Alex Ibáñez, detenido en una prisión provincial, fue el que llegó al lugar y comenzó con los disparos. Lo demás ya se sabe.

Clarín continúa con la recorrida por Los Pumitas. En sus calles también se pueden notar algunos patrulleros de la Policía de Santa Fe. «Justicia por Máximo» y «Basta de inseguridad» dicen las banderas que cuelgan de la obra que funciona como refugio del sol y donde la familia de Máximo cocina y reparte platos de comida para los vecinos.

Por el pasillo de atrás de uno de los arcos, se ven varias puertas con candados. El único sonido es un un equipo de música en el que suena Sergio Torres y Coty Hernández, dos exponentes de la cumbia santafesina. «Tenés gente que eligió vender su casa y volverse a Chaco», enumera un vecino que llegó desde esa provincia en busca de trabajo y «mejor calidad de vida». «Y tenés a los que dejaron todo cerrado y se fueron por un tiempo. Quedaron traumados con lo que pasó«.

Otro de los gendarmes que recorre la zona acepta hablar con Clarín. La pregunta es qué fue lo más loco que escuchó de los vecinos, de la época en la que se vendían drogas: «Los tiroteos a casas de vecinos a los que acusaban de haber hablado con policías. A lo mejor los saludaban o hablaban de cualquier cosa. Pero ellos (por los narcos) aseguraban que les habían brindado información». 

Ese miedo aun persiste. A los vecinos les cuesta hablar con los gendarmes. No se sueltan con la información, a pesar de acercarles agua o algo caliente por las noches.

La recorrida finaliza en una de las tres casas saqueadas. Está ubicada a cien metros de la pollería que también administraban «Los Salteños». Cuando el fotógrafo de Clarín toma imágenes, una joven comienza a gritar. Toma su celular y dice estar grabando. Los recuerdos, muchas veces, hacen que se desconfíe hasta de un equipo periodístico. 

Rosario. Enviado Especial.

EMJ​

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Una agente de la Policía Federal Argentina (PFA) que se resistió al robo de su auto mató de un balazo en la cabeza a uno de los dos delincuentes que intentaron robarle el automóvil, en el partido bonaerense de Merlo, informaron este sábado fuentes de la fuerza.

El hecho ocurrió el viernes por la noche en la esquina de Habana y Mario Bravo, en la localidad de Libertad, en el partido de la zona oeste del Gran Buenos Aires, por donde circulaba la policía, vestida de civil y en franco de servicio, a bordo de un auto Fiat Argo.

Voceros policiales informaron que, en esas circunstancias, fue sorprendida por dos jóvenes que caminaban por el lugar y que la intimidaron con un arma de fuego para robarle el vehículo.

Los asaltante obligaron a la mujer a descender del rodado y comenzaron a revisarla, momento en el que le sustrajeron el teléfono celular.

Instantes después, encontraron su arma reglamentaria y se produjo un tiroteo que concluyó cuando uno de los ladrones cayó malherido al suelo, mientras que su cómplice huyó.

La policía dio aviso de inmediato al 911 y al lugar acudieron efectivos del Comando Patrulla Merlo, quienes constataron la presencia del delincuente herido. Presentaba un impacto de bala en su cabeza y se encontraba tendido inconsciente.

A raíz de ello se solicitó una ambulancia que luego trasladó al asaltante, que no había sido identificado aún, al hospital Eva Perón, donde finalmente falleció.

En la escena del crimen fue secuestrado un revólver calibre .22 corto perteneciente a los ladrones, informaron fuentes policiales.

Por otro lado, la policía resultó ilesa del enfrentamiento armado y también fue incautada su arma reglamentaria.

Interviene en la causa el fiscal Fernando Capello, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Morón, quien al momento no adoptó ningún temperamento legal en cuanto a la agente.

Con información de Télam

DB

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Ezequiel Borja (22) había empezado a cortar el pelo a sus 13 años. En sus inicios como barbero, «Chulo», como le decían, les cortaba a sus primos, amigos y vecinos. Gratis, para aprender. Más adelante sus primeros clientes fueron sus compañeros de secundaria. Iba a cortarles a domicilio, en colectivo.    

A mediados de 2022 logró darse un gusto: abrió «Chulo Barber». Financió su emprendimiento gracias a su trabajo como policía bonaerense. El viernes, luego de cumplir servicio, regresó a su casa de Longchamps. Para la hora de la cena salió en su moto. Se detuvo en una casa de Burzaco y conversó con un amigo. Hasta que el conductor de un Peugeot 206 gris frenó y al menos un tirador comenzó a gatillar. Un disparo dio en la frente de Ezequiel, que llevaba su uniforme y chaleco y falleció en el acto. Eran cerca de las 21. 

«El coche frenó de golpe. Lo ejecutaron sin mediar palabra. Mi primo no llegó a defenderse, no pudo usar su arma. Después los malvivientes se llevaron su moto y huyeron», cuenta Martín, primo de la víctima.

Hasta el momento hay dos detenidos; los investigadores intentan determinar si en el auto había una o dos personas más. Las detenciones fueron en el barrio Ministro Rivadavia, de Longchamps, donde vivía el policía. Borja pertenecía al Grupo Prevención Motorizada (GPM) de Florencio Varela. Lo velaron el sábado por la tarde en Burzaco. «Nos generó mucho dolor que no lo despidieran formalmente como a un policía, con la típica ceremonia. Ezequiel dejaba todo por el GPM. A veces salía corriendo para cumplir sus servicios», dijeron indignados sus familiares.

La víctima atendía su barbería en sus días francos de la Policía. La había abierto junto a un amigo, que cortaba mientras Borja cumplía servicio. En el perfil de Instagram de la barbería, que queda en Rafael Calzada, se publicó un video de un corte que Borja le hizo al ex campeón mundial argentino Héctor «Negro» Enrique. Su sueño era atender a futbolistas.

«Empezó como un hobby. Le gustó y se anotó para hacer cursos. Después se anotó para ser policía porque el 70% de nuestra familia son policías. En la escuela les cortaba a todos los cadetes. Nos motivábamos mutuamente», recuerda su primo hermano, que también corta el pelo.

En otro de sus videos Ezequiel contó de su visita a un comedor, en 2019. «Hice más de 30 cortes solidarios. Me gustaría contactar a la gente de Pasión de Sábado (el programa de América TV) para acompañarlos a los comedores que visitan y apoyan. Quiero cortarles a los chicos. Me gusta hacer esa buena acción y ver a los chicos con un lindo corte. Me llena el alma y me hace sentir muy bien. Sería un sueño poder acompañarlos».  

El policía ya había sufrido el robo de una moto. Fue entre mediados y fines de 2022. Llegó a la casa de otro policía y dejó su KTM Duke 200 estacionada en la puerta. Forzaron su cerradura y se la llevaron. «Enamorado» había publicado en un video en el que se mostraba disfrutándola. Meses después la recuperaría. Aunque en un muy mal estado.

«La familia le vivía diciendo ‘Dejá de andar en moto’, ‘No andes tarde’, ‘No uses el uniforme fuera del trabajo'», agrega el familiar consultado por Clarín. «Chulo» vivía con su madre y su hermana. Su padre falleció en 2021, de Covid. La moto por la que lo mataron es una Dominar 400. Sus asesinos se movían en un Peugeot 206 que llevaba la patente de otro auto, una modalidad muy común en las bandas de delincuentes.

El hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Silvina Estévez. La DDI de Lomas de Zamora se encuentra haciendo relevamiento de cámaras privadas en Eduardo Cuitiño al 900, esquina Juan Sarcione, del barrio San Juan, donde fue el asesinato.

AS

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Un joven de 20 años fue arrestado en la madrugada de este sábado tras no lograr escapar junto a su cómplice, con quien intentaba robar una vivienda en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut.

Sucedió en la calle Grecia al 1200, cuando, aún de noche, los dos delincuentes se propusieron trepar hacia el balcón de un primer piso. El a posteriori detenido fue quien asumió esa parte del trabajo, mientras el otro le hacía de “campana”.

La policía fue alertada y llegó al lugar de los hechos. Allí, detectó la presencia, escondido en el balcón, del malhechor veinteañero, quien fue apresado luego de saltar hacia un cerco perimetral que quedó dañado por el impacto de la caída.

Ese fue el final del camino para el joven que, descubrieron las autoridades segundos después, presentaba lesiones previas en su pie derecho y por eso utilizaba muletas, que fueron dejadas en el mismo cerco, pero antes de trepar para llevar a cabo su acto delictivo.

Las autoridades, informa Jornada, realizaron un rastrillaje por la zona para dar con el segundo delincuente, pero este logró escapar y aún no fue localizado.

El que peor suerte corrió, junto a sus muletas, pasó la noche detenido en la Comisaría Segunda y aguarda las primeras audiencias para definir su futuro judicial.

El robo de la policía a un jubilado

A principios de mayo, un jubilado denunció que se olvidó una tarjeta de débito en un cajero automático de la localidad rural Gan Gan, en el departamento de Telsen, Chubut, y que policías de la comisaría local le sacaron 380 mil pesos.

«Fui a Gastre por unos días y al volver pase por el cajero de Gan Gan para sacar 2 mil pesos. Allí me entretuve mirando recibos y me olvidé la tarjeta», comenzó su relato.

Y continuó: «Al llegar a Trelew me di cuenta del olvido y llame a la Comisaría. Al día siguiente el comisario recuperó mi tarjeta, me mandó una foto de ella y me dijo que me quedara tranquilo».

Sin embargo, días después comenzaron a utilizar su tarjeta. «Hicieron transacciones por 30 mil, 40 mil, 50 mil y 60 mil pesos. Cuando fui al banco me dijeron que estuvieron pagando cuentas en comercios de Puerto Madryn y en Trelew con el débito automático», detalló. Según explicó, le «sacaron 380 mil pesos en cinco días, casi todo el sueldo». «Menos mal que mi hermano fue a buscar la tarjeta a los cinco días, si no me sacaban todo.Hicieron un desastre», señaló. «Los únicos responsables son los policías de Gan Gan y hay vídeos que los responsabilizan», destacó.

DB

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Facundo Matías Torres, el policía que había sido acusado de plantar un arma en la escena del crimen de Lucas González, fue detenido este sábado cerca del mediodía en su casa de Llavallol, en el sur del conurbano bonaerense.

Torres había sido señalado el pasado jueves por Héctor Claudio Cuevas (50), principal de la Comuna 4D, que declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 que vio al oficial Gabriel Alejandro Issasi (41) vestido de civil cuando «tira el arma» en la parte trasera del vehículo, luego de que otro de los policías enjuiciados, el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), le indicó «andá a poner eso».

Cuevas contó que él estaba en la escena del crimen cuando vio llegar a Inca primero e impartir indicaciones a los otros efectivos allí presentes, tras lo cual, arribó un oficial de apellido «Torres» en una moto y junto a un hombre vestido de civil y con «gorrita blanca».

A partir de esa declaración se libró una orden de arresto contra el oficial, quien finalmente fue detenido este mediodía. 

Según Cuevas, Torres fue a hablar con Inca, que estaba cerca suyo, y escuchó cuando el subcomisario le dijo «andá a poner eso».

Luego, la misma persona se acercó hasta la parte trasera del Volkswagen Suran -en el iban Lucas, Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19), y Niven Huanca (19)-, que estaba abierto y «tira el arma».

«Yo entré en pánico, pensé en mi familia, en mis hijos», recordó Cuevas, quien explicó que no declaró esto antes por miedo.

A su vez, el principal aclaró que recién cuando vio «en las noticias» a los primeros detenidos reconoció a Issasi como la persona vestida de civil que tiró el arma.

«Lo que hicieron es una locura», añadió Cuevas, quien al momento de declarar lo hizo sin la presencia en el recinto de los demás policías acusados.

Este efectivo también le pidió perdón al abogado querellante, Gregorio Dalbón, quien le respondió: «Solo Dios perdona.»

Ante la declaración de Cuevas, tanto Dalbón como el fiscal Guillermo De la Fuente plantearon que se solicite a la Oficina de Transparencia de la Policía de la Ciudad informes sobre la geolocalización de la moto del efectivo Torres y de su celular para chequear los datos aportados por el principal arrepentido.

En tanto, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de junio próximo cuando se espera que, tal como lo adelantaron hoy varios defensores, declaren otros policías acusados a raíz de lo que contó Cuevas.

«Fue muy importante porque lo que acaba de decir (Cuevas) es que no fue un loquito que tiró. Sino que dijo tener miedo por su familia porque como lo asesinaron a Lucas, lo pueden asesinar a él», señaló a la prensa el abogado Dalbón al retirarse esta tarde del recinto.

Cómo fue el caso

El crimen del jugador de las divisiones inferiores del club Barracas Central fue cometido el 17 de noviembre de 2021, cuando iba junto a sus amigos a bordo de un Volkswagen Suran que fue interceptado por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que «plantaron» un arma en el auto de las víctimas.

A los tres miembros de la Brigada la Justicia les adjudica la coautoría del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».

Además, enfrentan cargos por las «tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas.

En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos los otros chicos.

Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Inca, ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

También son juzgados el principal Cuevas y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).

DB

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