Tras conseguir las garantías, el Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

El Gobierno autorizó la realización de operaciones de financiamiento por hasta US$ 5.000 millones con entidades financieras internacionales. Son fondos que tendrán como garantía un grupo de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID o la CAF.

El Poder Ejecutivo argumentó que es una medida orientada a reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional y ampliar las fuentes de crédito disponibles para el Estado.

La decisión fue formalizada mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según establece la norma, las Secretarías de Hacienda y Finanzas, que actúan como órgano coordinador de la administración financiera del sector público, podrán avanzar en la contratación de préstamos en dólares “con entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria”.

Estos créditos contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito, una herramienta a la que acudió el equipo económico para mejorar las condiciones de financiamiento, es decir, para pagar menos tasas de interés en dólares, en comparación con lo que le exigiría un crédito desde Wall Street.

Uno de los aspectos centrales del decreto es la autorización para incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de la ciudad de Nueva York en los contratos vinculados a estas operaciones. Se trata de una concesión habitual para este tipo de préstamos. Los contratos de los bonos Globales, por ejemplo, también tienen como ley que los rige a la neoyorquina.

No obstante, la norma aclara que esa aceptación de jurisdicción extranjera no implica una renuncia a la inmunidad de ejecución sobre determinados activos considerados estratégicos.

Entre ellos figuran las reservas y cuentas del Banco Central, los bienes del dominio público, los activos vinculados a servicios públicos esenciales, los bienes diplomáticos y consulares, el equipamiento militar, el patrimonio cultural y los derechos de cobro de impuestos y regalías, entre otros.

El decreto también faculta a Economía a definir los plazos, tasas, monedas y demás condiciones financieras de las operaciones, así como a seleccionar las entidades financieras participantes, contratar agentes de pago y registro, acordar comisiones y suscribir toda la documentación necesaria para concretar los préstamos.

Aunque el decreto no anuncia una colocación inmediata, el Gobierno prepara el terreno en lo administrativo y jurídico para hacer un anuncio en el corto plazo.