El reconocido médico ginecólogo correntino Gerardo Alejandro Dahse (60) evitó sumar una nueva condena por abuso sexual contra una paciente, que aceptó el pago de 30 millones de pesos en concepto de reparación integral del daño causado. El acuerdo se conoció sobre el inicio del juicio oral y fue aceptado por el Tribunal pese a la oposición del fiscal del caso.
Dahse seguirá detenido en un penal de la ciudad de Corrientes porque debe cumplir una condena de siete años de prisión por otro ataque sexual. Además de imponerle esa pena en un juicio realizado en octubre de 2023, la Justicia le prohibió volver a ejercer la medicina por el resto de su vida. El fallo fue ratificado en abril pasado por el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, lo cual habilitó la detención para el cumplimiento de la pena.
El médico debía comenzar a ser juzgado este lunes por un hecho de abuso sexual con acceso carnal cometido en su consultorio en 2008 contra una adolescente que había acudido a una consulta. La víctima radicó la denuncia cuando estalló el escándalo, en 2021. A través de las redes sociales, al menos 18 mujeres admitieron haber pasado por una situación similar con Dahse, pero optaron por no formalizar las denuncias.
Al inicio de la audiencia, los abogados José María Arrieta e Isidoro Sassón comunicaron a los jueces Joaquín Jorge Sebastián Romero, Oscar Dubrez y Ana del Carmen Figueredo que se había logrado un acuerdo con la víctima y que el caso se cerraría con el pago de una suma de dinero como reparación por el delito de abuso sexual con acceso carnal. En definitiva, se trata de un reconocimiento implícito que le evita sumar más años de permanencia en la cárcel.
La abogada Sofía Domínguez Briceño, representante de la víctima, sostuvo ante los jueces que en los últimos días se había entablado una negociación con los representantes del acusado y que se había llegado a un acuerdo económico que ponía fin al proceso penal. El fiscal del caso, Jorge Omar Semhan, se opuso; pero el Tribunal privilegió la voluntad de la víctima.
La resolución establece que tanto la extinción de la acción penal como el correspondiente sobreseimiento quedan condicionados al íntegro cumplimiento de las obligaciones asumidas en el acuerdo de reparación integral. El plazo fue fijado en 24 horas para la transferencia del dinero; y en 30 días para la adquisición de bienes para centros comunitarios donde son atendidos adictos. Dahse también deberá hacerse cargo de las cosas del proceso judicial.
Al finalizar la audiencia, Domínguez Briceño sostuvo que el pago de la millonaria suma “no borra todo lo sufrido por la víctima, ni nada lo va a hacer, ni siquiera la pena; pero sí va a colaborar con las condiciones materiales de esta mujer”, que es madre de una nena. Y agregó que con este cierre, la joven podrá contar con “mejores condiciones materiales que le permitan mantener su calidad de vida”.
La abogada precisó que el médico además deberá adquirir herramientas e insumos que serán destinados a los centros El Hormiguero y Vientos de Libertad, que atienden a personas con problemas de consumo de drogas y también abordan la problemática de la violencia de género.
Domínguez Briceño dijo que su clienta decidió avanzar con el acuerdo porque sabía que el médico está preso y la Justicia le impedirá volver a ejercer la medicina una vez que recupere la libertad.
Para la querellante, Dahse ya fue castigado y la intención del acuerdo era “sacar algo positivo de este hecho. En ese sentido explicó que “yo respeto la decisión de la víctima y la comparto”. Y destacó que más allá de la reparación personal a la víctima, desde la querella impusieron una “reparación social”.
Rodríguez Briceño dijo que si bien el fiscal no brindó su consentimiento durante la audiencia, tampoco adelantó que tenga intenciones de apelar el acuerdo de reparación integral al que se llegó.
Desde su punto de vista, la abogada sostuvo que “diez años más (de cárcel) no hubieran hecho la diferencia” y que ya existe una condena social.