La Ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia para pedir la remoción de la jueza Laura De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad, luego de su fallo en el que sobreseyó a un adolescente de 14 años que estaba acusado en una causa de robo y en el que declaró la inconstitucionalidad de un artículo clave del nuevo Régimen Penal Juvenil para ese caso en concreto.
La denuncia fue presentada por el Ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Mario Tapia, ante el Consejo de la Magistratura porteño, solicitando la apertura de un procedimiento de remoción (jury) por las causales de “mal desempeño” y “desconocimiento inexcusable del derecho”.
En el escrito, al que tuvo acceso Clarín, la Ciudad sostiene que la jueza utilizó “una norma expresamente derogada sin fundamentar el efecto de la declaración de inconstitucionalidad”.
Además señala que la jueza utilizó la situación de vulnerabilidad social y familiar del adolescente para inaplicar una regla.
“Lo que aquí se cuestiona es el modo en que fue ejercida la función judicial, pues las graves omisiones en el examen integral del régimen aplicable, la sustitución de las reglas sancionadas por el legislador por criterios de creación judicial y el desplazamiento infundado del derecho vigente constituyen circunstancias que, apreciadas en su conjunto, permiten advertir la configuración de la causal de mal desempeño”, plantea el Gobierno.
La jueza calificó el intento de robo, perpetrado por cinco personas contra una sola víctima acorralada en la vía pública, como una mera “situación estresante” argumentando la falta de lesiones físicas. La Ciudad considera esto como una minimización de la intimidación violenta e incumplimiento del deber de tutela a la víctima
“La afirmación reviste además especial gravedad por provenir de una magistrada con competencia penal, cuya función comprende también asegurar el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos de las víctimas durante el proceso”, argumentó el gobierno porteño.
“Calificar como una mera ‘situación estresante’ la intimidación ejercida por 5 personas contra una víctima sola, que debió escapar y cuya agresión sólo habría cesado ante la intervención policial, importa una manifiesta banalización del hecho denunciado y de la posición de quien lo padeció”, agregó Ciudad.
La jueza ya había cuestionado que el Gobierno porteño impulse su juicio político, al afirmar que se trata de un hecho de extrema gravedad. “Anoche no dormí”, sostuvo la magistrada, quien también apuntó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, por el jury de enjuiciamiento hacia ella.
De Marinis dijo que la decisión la tomó a partir de un pedido específico de la defensa oficial acompañado por la Asesoría Tutelar. “No podemos analizar el planteo de inconstitucionalidad en abstracto, sino que tenemos que anclarlo al caso concreto”, expresó.
“Me parece importante entender que esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando”, sentenció. Y agregó: “Quiero remarcar que la ley sigue vigente y se está aplicando respecto de los adolescentes de 16 años que estaban con él”, subrayó.
Además puso en la balanza su experiencia como jueza especializada en casos de menores. “Quiero transmitir a la población que este es un fallo emitido por una jueza especializada no solo en derecho penal, sino también en problemáticas infanto-juveniles, por lo que cuento con un bagaje de conocimientos que me lleva a escribir de esta forma para que los propios adolescentes puedan entender qué estoy resolviendo”, sostuvo.
El caso concreto involucró a un adolescente de 14 años que, junto con otros cuatro adolescentes, habría intentado sustraer las pertenencias de un hombre de 47 años, a quien habrían perseguido por la vía pública hasta que intervino la policía. El joven fue sobreseído en estas actuaciones, mientras que la investigación continúa respecto de otros adolescentes de 16 años, a quienes resulta aplicable la Ley 27.801, actualmente vigente.