La Justicia de Mendoza se encamina a sentenciar a la monja japonesa Kumiko Kosaka. Este miércoles, tanto la fiscalía como la querella solicitaron 22 años de prisión para la mujer a la que se la acusa por abusos sexuales en el Instituto Próvolo. El pedido se formalizó durante una audiencia a puertas cerradas en el Polo Judicial de esa provincia y se aguarda que la sentencia se conozca este jueves.
Además, solicitaron 10 años de inhabilitación para la religiosa. Por su parte, la defensa mantuvo la postura de inocencia y decidió no formular un pedido de pena concreto ante los jueces.
El Tribunal Penal Colegiado N° 2 dictó un cuarto intermedio tras escuchar las exposiciones de las partes. Así, los magistrados definirán la sanción en una audiencia programada para este jueves a las 16.30. La escala penal aplicable al caso establece un rango que va de 7 a 50 años de cárcel. La fiscalía pidió 22.
Al salir del Polo Judicial Penal de Mendoza, la mujer salió acompañada por su abogado defensor Carlos Varela Álvarez. Y aunque la inculpada no habló, su letrado respondió brevemente a los medios locales para adelantar que “este fallo lo vamos a recurrir” sosteniendo que Kosaka es inocente.
La situación de la monja cambió abruptamente luego de que la Suprema Corte de Mendoza revisara la absolución dictada durante el año 2023 por el Tribunal Penal Colegiado N.º 1 de Mendoza, integrado por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Renna y María Belén Salido.
Tras la revisión del caso, el máximo tribunal mendocino estableció su responsabilidad en cinco de los hechos. Y en dos de ellos, según la Justicia actuó como partícipe necesaria de abuso con acceso carnal contra alumnos de la institución educativa.
Asimismo, Kosaka fue hallada culpable como autora en otros tres casos de abuso sexual simple. La revisión de la sentencia consideró que las pruebas previas se habían analizado de “forma fragmentada”.
Con la reanudación del debate, la Justicia de Mendoza resolverá la pena definitiva que deberá cumplir Kosaka, cerrando uno de los capítulos judiciales más extensos e impactantes de la provincia.
El caso del Instituto Antonio Próvolo, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza, sacó a la luz una red de abusos sexuales y violaciones cometidas de forma sistemática entre 2005 y 2016 contra al menos una veintena de niños, niñas y adolescentes hipoacúsicos que asistían a la escuela albergue.
Las actuaciones judiciales se iniciaron en noviembre de 2016 a raíz de las denuncias formuladas por los propios estudiantes asistidos por intérpretes de lengua de señas, proceso que condujo al cierre definitivo del establecimiento escolar en 2017.
Tras un proceso legal en contra de los principales responsables, la Justicia mendocina dictó condenas contra el sacerdote Horacio Corbacho, sentenciado a 45 años de prisión; el sacerdote Nicola Corradi, condenado a 42 años de cárcel —falleciendo en 2021 bajo arresto domiciliario— y el jardinero Armando Gómez, que fue condenado a 18 años de prisión.
Además, En septiembre de 2018, el empleado administrativo José Bordón confesó su culpabilidad mediante un juicio abreviado y fue condenado a 10 años de prisión.
Así, Kosaka es la única de las imputadas que aún espera su sentencia tras ser declarada responsable en cinco de los casos en los que fue acusada.