Siempre es difícil investigar a policías. Más aún cuando estos policías delinquen dirigidos y apañados por funcionarios judiciales. Ni hablar si los principales perjudicados son narcos, a los que no les conviene denunciarlos.
Contra todo esto luchó la Justicia Federal de San Isidro -sobre todo el fiscal Fernando Domínguez– para descabezar la División de Investigaciones del Tráfico Ilícito de Quilmes, la de San Isidro y lograr la destitución del poderoso fiscal Claudio Scapolan (55), quien estaba a cargo de las investigaciones complejas del Departamento Judicial de San Isidro.
El expediente explotó el 24 de julio de 2020- en plena pandemia de COVID 19- la causa llegó a juicio oral el 23 de octubre de 2024 y el pasado 12 de agosto concluyó en un veredicto histórico para 31 personas: 25 integrantes de la Policía bonaerense, dos abogados y cuatro particulares.
Ahora se conocieron los fundamentos de ese veredicto con el que el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín impuso 24 condenas de hasta 17 años de prisión para los policías implicados, entre ellos dos ex comisarios.
Sin dudas, el más “pesado” de todos los que fueron juzgados es Adrián “Palermo” Baeta (55), de Quilmes, a quien se acusó en el debate de quedarse con media tonelada de cocaína robada a unos narcos. Pero no a unos narcos cualquiera, sino a los Loza, a los que entregó su propio contador, el financista Diego “Dolarín” Guastini (45), asesinado por sicarios poco después.
Para él la condena fue de 17 años de prisión. Detalle: Baeta tuvo como abogado defensor a Fernando Arias Caamaño, el mismo abogado que “Dolarín”.
La misma pena de Baeta fue impuesta al comisario Marcelo Di Rosa (ex jefe de Drogas Ilícitas de Quilmes), al ex subcomisario Juan José Magraner (su segundo al mando) y al ex comisario Roberto Okurzati, titular de la Delegación de Lucha contra el Tráfico Ilícito de San Isidro.
En San Isidro funcionaba una maquinaria de corrupción a través de la cual se armaban causas para robarles a los narcos, extorsionarlos y meter su mercancía en el mercado a través de competidores.
En sus fundamentos -749 páginas de un complejo y detallado repaso de los casi dos años de audiencias-, los jueces Héctor Sagretti, Silvana Mayorga y Daniel Omar Gutiérrez expusieron el mismo panorama aterrador que había detallado el fiscal Marcelo García Berro en su alegato.
Y apuntaron directamente al ex fiscal de San Isidro: “Una primera particularidad es la presencia constante en la prueba de quien fue el gran ausente de este debate: el ex fiscal Claudio Scapolan. Su intervención surgió de su actuación objetiva en varios ejes: impartió órdenes y concurrió a los procedimientos aquí examinados”.
Scapolan no llegó a juicio aún. Fue procesado por delitos menores, aunque ahora se envió al fiscal Domínguez todo lo producido en el juicio oral para que sea investigado más en profundidad.
Los jueces mostraron en los fundamentos la gravedad del sistema de corrupción investigado. Algunos párrafos:
Un fallo a la altura de la gravedad del caso.