Un hombre de 34 años fue detenido en Fisherton, en las afueras de Rosario, luego de ser imputado por hacerse pasar por un juez federal para intentar acceder a datos del Servicio Penitenciario Federal. El detenido ya tiene antecedentes por falsificación y ahora la Justicia lo investiga como posible partícipe de un entramado relacionado a un capo narco peruano que cumple una condena a más de 30 años de prisión.
Cristian G. Martínez, de 34 años, quedó finalmente al descubierto tras casi dos años de maniobras. Lo detuvieron el pasado 29 de septiembre. Se trata de un hombre residente en Fisherton, una localidad al oeste de Rosario, que se hizo pasar por juez federal para intentar acceder a información sensible del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en reiteradas ocasiones, cambiando de identidad en cada intento.
El primer intento fue el 5 de noviembre de 2024, cuando bajo la identidad ficticia de Julio Andrés Herrera, a quien presentó como juez federal. Esa vez, elevó un pedido mediante correo electrónico al Ministerio de Seguridad Nacional para obtener claves del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). Desde ese Ministerio le indicaron que debía canalizar el pedido mediante una cuenta oficial de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Algunos días más tarde volvió a intentar lo mismo pero con otro nombre y desde otra casilla de correo, que en esa ocasión buscaba emular la de un dominio judicial. Ya en 2025, en julio, el mismo Martínez realizó otro intento, más osado: buscó nuevamente acceder a claves del Sifcop mediante otro correo electrónico, pero esta vez imitaba el del juzgado a cargo de la reconocida jueza federal María Romilda Servini.
La investigación que aún conducen el fiscal federal Federico Reynares Solari y el fiscal auxiliar Ignacio Falconi precisó que la inconsistencia que encendió las alarmas estuvo en el texto del correo: el acusado se presentó en ese entonces como parte del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, mientras que la jueza Servini era titular del juzgado N° 1.
Pero no quedó allí. En ese mismo mes de julio -determinó la investigación- envió una comunicación al SPF para anunciar la supuesta apertura de una denuncia por uso de datos personales y manejo indebido de información confidencial. Bajo ese pretexto solicitó claves de acceso al Sifcop.
El SPF le requirió documentación para validar su identidad. La pesquisa precisó que durante 12 días hubo intercambios de correos, incluidos dos mensajes con archivos adjuntos que contenían una presunta firma de la jueza Servini.
Las inconsistencias advertidas por el SPF derivaron en una denuncia, y Martínez fue detenido el pasado 29 de septiembre y luego imputado por usurpación de autoridad y título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público. El juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dispuso que permanezca 90 días en prisión preventiva, a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Los investigadores deslizaron que el acusado conocía procedimientos de acceso, lenguaje judicial y mecanismos administrativos vinculados a ese tipo de solicitudes del ámbito judicial. Y lo vinculan con un jefe narco peruano que cumple pena en prisión. Sin embargo, desde la fiscalía aseguran que el detenido que tuvo contacto con información sensible.
“No logró nunca acceder a información sensible, pero nos parece grave el hecho. Rosario está intentando llevar adelante un problema de seguridad, antes muchos de los delitos eran cometidos o ideados por personas que se encuentran privadas de la libertad, presas”, explicó el fiscal Reynares Solari a un medio rosarino.
Pero la pesquisa expuso otras cuestiones. Por un lado, que Martínez tiene antecedentes por presunta falsificación de documentos públicos. Según consignan los investigadores, el detenido habría firmado certificados de vacunación como médico, pese a que las dosis consignadas no habían sido aplicadas.
Por otro, las inconsistencias en sus ingresos y la sospecha de que integraría un entramado narco, relacionado con un capo de renombre en Rosario. El fiscal indicó que los ingresos en las cuentas bancarias del detenido no coincidían con su actividad declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). “No tiene título de abogado, puede ser gestor en algún estudio jurídico”, precisó el fiscal.
“Tiene entradas de dinero que no se corresponden con su perfil tributario”, amplió el funcionario. Según los datos reunidos en la causa, sus cuentas bancarias registraron ingresos por 41 millones de pesos en 2024, otros 34 millones durante los primeros seis meses de 2025 y 49 millones en 2026. Durante ese período, C.G.M. no declaró ingresos ante ARCA, no presentó declaraciones juradas y no pagó el monotributo.
Y sostuvo el fiscal en diálogo con Radio 2: “Esto se hace por algún tipo de beneficio y en alguna red que estamos tratando de desentrañar”. En concreto, intentan determinar si el imputado tuvo contacto con personas relacionadas con Julio Rodríguez Granthon, expiloto de avión peruano que fue condenado a más de 30 años de prisión por múltiples delitos relacionados con el narcotráfico.