El gobernador fueguino Gustavo Melella, opositor al Gobierno nacional, busca que la Legislatura local apruebe la adhesión de la provincia al RIGI, en un contexto de marcada caída del empleo industrial local.

La postura original del mandatario había sido, tiempo atrás, rechazar el régimen de grandes inversiones y no incorporar a Tierra del Fuego entre las jurisdicciones incluidas, pero la destrucción de puestos de trabajo en el entramado industrial local que incluye el régimen de promoción hizo que la administración ahora explore que otros sectores concreten proyectos productivos, principalmente petróleo y gas, industria forestal o incluso turismo.

“Yo al inicio estuve opuesto al RIGI, luego lo fuimos trabajando, fuimos viéndolo, incluso asesorándonos y convenciéndonos de que es positivo y empresas lo pedían“, aseguró Melella en diálogo con Clarín y otros medios durante la inauguración del parque eólico de la francesa TotalEnergies en Río Cullen, a 130 kilómetros de Río Grande. Mencionó, como asesores provinciales, a los economistas Martín Redrado y Miguel Peirano.

El mandatario provincial anunció en marzo de este año, cuando inauguró las sesiones ordinarias del parlamento local, que el Ejecutivo fueguino enviaría un proyecto de ley para discutir el ingreso al RIGI. La semana pasada comenzaron las discusiones de comisión, el cuerpo consiguió dictamen y este jueves se discutiría en el recinto.

El clima político no es favorable al gobernador en las últimas semanas. Tal como explicó Clarín, Melella -cuyo origen no es peronista, sino del partido radical FORJA, aliado al kirchnerismo- rompió con La Cámpora. El último capítulo que dinamitó la relación fue la derogación en la Legislatura -de mayoría peronista- de la ley que convoca a reformar la Constitución provincial.

En ese contexto, la Legislatura fueguina discutirá la adhesión al RIGI este jueves, según medios locales. En este caso, se trata de un proyecto del bloque de La Libertad Avanza. “Nuestro bloque acompaña plenamente”, dijo Melella ante la prensa.

“Menos minería, que nosotros tenemos prohibido por la Constitución provincial, pero tanto hidrocarburos, energía, y si se abre para otros sectores como acuicultura, hay un potencial muy grande“, mencionó el gobernador.

El marco económico también es crítico para la provincia. Según asegura el mandatario, el régimen de promoción industrial -un esquema impositivo especial para Tierra del Fuego que estableció la Nación por ley hace 54 años para poblar la provincia- perdió el 45% de su dotación de personal por la apertura importadora y la caída de la actividad.

El régimen no incluye solamente la industria electrónica, sino otros rubros como plástico o textiles. Este último subsector es el más afectado: en la provincia mencionan que de 10 empresas que formaban parte del esquema impositivo especial, quedan en pie solo 2. En las empresas industriales electrónicas no hubo, aseguran, despidos masivos, aunque las plantas de personal se achicaron por no renovación de contratos o empleados que se jubilan y que no son luego reemplazados.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Trabajo nacional, en Tierra del Fuego el empleo formal asalariado cayó 9,8% en el último año, con información hasta enero pasado. Fueron 3.600 puestos, desde 36.500 trabajadores hasta 32.900 en doce meses. En la comparación con el momento del cambio de gobierno, la caída del empleo provincial fue de 5.000 puestos.

Un estudio de la consultora Politikón Chaco, especializada en finanzas y economía de las provincias, mencionó que el conglomerado urbano Ushuaia-Río Grande es el que tiene el porcentaje de empleados formales asalariados más alto del país en comparación con el empleo total. El 83% es asalariado y solo el 13,4% es cuentapropista. Es un tercio en comparación con Formosa, la provincia que aparece en el otro extremo, con 63% de asalariados y 34% de cuentapropistas.

La provincia más austral de la Argentina experimentó un deterioro marcado de sus cuentas públicas: pasó de tener superávit holgado a mediados de 2024 a tener un déficit financiero de 16% en relación con los ingresos provinciales, según datos de Politikón en base a información oficial.

Sobre fin del año pasado, en medio de las dificultades para los pagos de aguinaldos, el gobernador pidió a las empresas del régimen industrial fueguino un adelanto de una tasa provincial y recaudó $2.300 millones.



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