En medio de un fuerte lobby empresario, el Gobierno retomará con fuerza su agenda económica en el Congreso. El foco estará puesto en el ingreso de dólares mediante nuevos incentivos a las grandes empresas, el sostenimiento del déficit cero con el recorte de subsidios al gas y la eliminación de unas 70 regulaciones.

Al tope de las prioridades despunta el Súper RIGI, el caballito de batalla anunciado hace 10 días por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para “acelerar la llegada de inversiones y la creación de empleo”. “Lo enviaremos en los próximos días”, confirmó una fuente del equipo económico.

Javier Milei está preocupado por reanimar la economía ante los efectos recesivos que provoca el plan de ajuste. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ya le manifestó en una reunión reciente su interés a Caputo sobre las “oportunidades del RIGI”. Hay otros funcionarios y asesores en las sombras que también intervienen en la discusión.

Una de las apuntadas es la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, considerada el “cerebro jurídico” de la gestión y de buen vínculo con Karina Milei y Santiago Caputo. También se habla del equipo de Liban Kussa, abogado del estudio Bruchou & Funes de Rioja, quien sonó para dirigir la exAFIP y asesoró al ministro Caputo con el blanqueo y el RIGI.

El Súper RIGI se habría tratado en la reunión mantenida el jueves por el comité evaluador del RIGI en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Estuvieron desde temprano el secretario coordinador de Energía Daniel González, el de Producción, Pablo Lavigne, y el canciller Pablo Quirno. Pero todavía quedan detalles por resolver.

En conferencia de prensa, Caputo anunció una versión mejorada del régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI) para proyectos de uso intensivo de capital, con montos de entre US$ 200 y US$ 600 millones. Uno de los puntos que aún se desconoce es el piso mínimo de inversión para el acceso a los beneficios extraordinarios.

Con 14 proyectos aprobados, el RIGI beneficia a la energía, minería, hidrocarburos, infraestructura y tecnología con hasta 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, una tasa del impuesto a las ganancias corporativas del 25%, amortización acelerada, devolución de IVA, cero retenciones y libre giro de dividendos y pagos de deuda.

El Súper RIGI busca ampliar las ventajas a proyectos de alta tecnología con mayores incentivos para industrializar recursos naturales. Esto es la producción de baterías de litio, fabricación de autos eléctricos, refinación y laminado de cobre, paneles solares y turbinas eólicas, cadena de valor del uranio, producción industrial pesquera, fertilizantes y datacenters.

Los beneficios más agresivos incluyen la baja de Ganancias al 15%, amortización acelerada más favorable (60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero), eliminación completa de aranceles a importaciones de bienes de capital, exención de retenciones a la exportación y límites a provincias y municipios para cobrar impuestos, como Ingresos Brutos.

Por estas horas, el equipo de Caputo evalúa flexibilizar los criterios y hacerlo “horizontal” mientras fabriquen un producto que no se haga en el país. La idea sería incorporar condiciones de elegibilidad, como objetivos de inversión y empleo y sumar otros sectores. Así, intentarían aplacar los reclamos de los últimos días.

En la oposición, cuestionan la aprobación de ventajas por funcionarios de turno, el subsidio a ciertos sectores en detrimento de otros y el usufructo de “lobbies” empresarios, junto con beneficios a proyectos que ya estaban en marcha. En tanto, el titular de la UIA, Martín Rappallini, salió a pedir un “RIGI ya” para la industria y el martes se verá con Caputo.

Para Moody’s, el nuevo esquema permitiría superar la “concentración” en proyectos extractivos y de infraestructura pesada. En rigor, de los US$ 27.000 millones aprobados en 8 provincias, el 66% se concentra en Río Negro con US$ 18.000 millones en el proyecto de GNL en el Golfo de San Matías, liderado por YPF, PAE, Pampa Energía y Golar.

Con todo, persisten las dudas sobre la Argentina. Según la agencia, “la elevada inflación, la volatilidad cambiaria y la débil credibilidad de las políticas públicas limitan los costos de financiamiento y el apetito inversor“. “Incluso los proyectos con sólidas protecciones legales están expuestos a riesgos sistémicos en escenarios de estrés”, afirmó.

Por otra parte, el oficialismo solicitó la convocatoria a sesión especial para el miércoles a las 10 para tratar una docena de proyectos, entre ellos la Ley Hojarasca impulsada por Federico Sturzenegger para eliminar unas 70 regulaciones, y la reducción del régimen de zona fría, que beneficia a más de 4 millones de hogares con descuentos en la tarifa de gas.



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