Tras la victoria en el caso YPF, el Gobierno negocia con un grupo de bonistas en otro juicio por US$ 1.750 millones

El Gobierno afronta una nueva negociación por juicios en el exterior, tras la victoria en el caso YPF, en marzo pasado. El próximo paso será el litigio por los bonos atados al PBI, por el que un grupo de tenedores consiguió un fallo favorable en Reino Unido para cobrar 1.500 millones de euros.

Se trata de una demanda de larga data y que buscó en la justicia británica obligar a la Argentina a pagarle a un grupo de tenedores de esos bonos por considerar que el país cambió la manera en que medía el crecimiento del Producto Bruto y que esa modificación perjudicó el cálculo de pago de intereses. Fue un cambio hecho en 2013.

La novedad fue dada a conocer en el extenso documento que el Fondo Monetario publicó sobre la economía argentina y confirmado a Clarín por parte de fuentes oficiales. El FMI suele ser “auspiciante” de este tipo de negociaciones para que los Estados se pongan al día con acreedores que tienen deudas pendientes de cobro.

O, al menos, que abran conversaciones “de buena fe” para encontrar una solución. Es lo que explicitaron los economistas del organismo, que marcaron como antecedente inmediato el acuerdo con un grupo de fondos de inversión para pagarles por los bonos defaulteados en 2001 a través de un proyecto de ley que autoriza esa operación y que está por ser votada en el Congreso.

En la jerga financiera y jurídica se los suele llamar holdouts a ese tipo de fondos, que son los que se mantienen fuera de los acuerdos de reestructuración. Los cupones PBI fueron emitidos, precisamente, en el canje de deuda de 2005. Tenían como promesa el pago de un interés en caso de que la economía crezca lo suficiente. Establecía una combinación de tres factores que gatillaban ese pago.

El analista financiero Sebastián Maril (Latam Advisors) recordó que en 2014 hubo un cambio en la manera en que el Indec estimaba la variación del PBI y eso impidió a los tenedores de ese bono cobrar intereses por el crecimiento del 2013. Ese cambio, que contradecía el contrato del título emitido, no fue consensuado con los bonistas y por esa razón fue llevado a tribunales extranjeros.

Tras un largo camino de años, la Corte Suprema del Reino Unido le dio la razón a los tenedores del Cupón PBI y determinó que la Argentina les debía 1.500 millones de euros, lo que representa casi US$ 1.750 millones. Maril asegura que al país se le terminaron las instancias de apelación y que se comprometió a encontrar una forma de pago.

Aunque el Gobierno nunca mencionó abiertamente que estaría en conversaciones para esa resolución, el reporte del FMI anticipó que esa negociación está en marcha. También mencionaron que hubo reuniones informales entre el Poder Ejecutivo y los bonistas en enero y septiembre del año pasado.

“Las autoridades comunicaron su preferencia por resolver el asunto del Cupón PIB de forma integral (incluida la conformidad con el espacio disponible en el marco de financiación del programa) y su intención de hacerlo una vez resueltos los atrasos con los acreedores remanentes de reestructuraciones de deuda previas”, informó el Fondo. Esto es, que no implique un costo financiero que pueda afectar al Gobierno.

Con el proyecto de ley para realizar ese pago ya presentado ante el Congreso, el staff del FMI aseveró que desde el Gobierno comunicaron que pronto reanudarán las conversaciones con los acreedores del Cupón PBI”. El Fondo concluyó que es un gesto suficiente para considerar que hay negociaciones “de buena fe”.

Desde la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados que defiende a la Argentina en los tribunales internacionales, aseguraron que no darán más detalles que lo expuesto en ese documento del Fondo Monetario.

Un dato adicional que marcaron desde el organismo es que, además del juicio ya cerrado en Reino Unido por el impago de 2013, hay otro litigio iniciado por otros años de referencia no pagados por el Estado argentino, que serían 2017, 2021 y 2022. Ese juicio, de prosperar en las instancias siguientes, le representaría al Estado argentino una deuda adicional por 1.600 millones de euros.