La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Estados Unidos, rechazó este martes revisar el fallo del 27 de marzo pasado en el que le dio la razón al Estado argentino en el juicio por la expropiación de la petrolera YPF. Era un pedido que había hecho el fondo financiador de los demandantes, Burford Capital, tras la sentencia que determinó que la Argentina no debería pagar los US$ 16.100 millones más intereses de reparación que reclamaban los administradores de las quiebras de las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora (vehículos con los que la familia Eskenazi entró en YPF) y Eton Park. Consideró en ese fallo que aunque la expropiación incumplió el estatuto de YPF, la ley que aprobó el Congreso para enajenar las acciones tiene un estatus jurídico superior. “La decisión del tribunal constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”, aseguraron desde la Procuración del Tesoro. “Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”, concluyeron desde esa oficina. Burford tenía, una vez conocida la sentencia, dos caminos: solicitar que la Corte de segunda instancia revea su decisión (un recurso conocido como rehearing in banc), que fue rechazado este martes; y acudir a la Corte Suprema de los EE.UU, una opción que los expertos consideran poco viable para los demandantes. Según Sebastián Maril, de Latam Advisors, el máximo tribunal toma entre el 1 y 2% de los casos que le llegan. El ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler aseguró en su cuenta de X que Burford tendrá 90 días para intentar el último recurso disponible en la justicia norteamericana. “Esta decisión confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de 16.000 millones de dólares más intereses. Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4×4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031, y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo”, dijo el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Otra alternativa que tienen a mano los demandantes es iniciar un litigio en el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Es un mecanismo de arbitraje que depende del Banco Mundial y que suele intermediar en casos de incumplimientos de contrato entre Estados y empresas. La Argentina es uno de los países más demandados en ese foro. El 27 de marzo la Corte de Apelaciones sostuvo que “las demandas por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles de Argentina ni bajo el derecho público que rige la expropiación, y en consecuencia revocamos la decisión del tribunal de distrito que otorgó sentencia a favor de los demandantes sobre esos reclamos”. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, había concluido que el Estado argentino incumplió el estatuto de YPF durante la estatización de 2012 al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En ese marco, dispuso que el país debía pagar una compensación, aunque liberó de responsabilidad a la petrolera. El tribunal consideró que la jueza había interpretado de manera incorrecta la legislación argentina al fallar a favor de los ex accionistas que reclamaban haber sido perjudicados por la nacionalización de la petrolera. La demanda había sido impulsada por el fondo Burford Capital, que aspiraba a quedarse con una parte significativa de la indemnización. Source link Navegación de entradas Empresarios discutirán el impacto de la IA en el mundo laboral y el rol de las empresas “Histórica adquisición”: una cooperativa agropecuaria compró una planta de fitosanitarios a una multinacional por US$ 3 millones