El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín decidió hacer lugar a una cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros, que impide al organismo avanzar con el cierre de la Estación Experimental INTA AMBA, decisión que su directorio tomó y ejecutó el pasado 27 de febrero.

Así lo dispuso el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que además indicó no innovar en ninguna medida respecto a dicha dependencia, cómo tampoco despedir o reubicar personal o vender sus tierras por el plazo de seis meses.

Cabe recordar que el 1° de abril de este año, el Consejo Directivo del INTA, integrado por representantes del organismo, del Gobierno nacional, las entidades agropecuaria y las universidades, puso a disposición las tierras donde funcionaba dicha estación experimental – partido bonaerense de Morón -, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

De esta manera, Tezanos Pinto decidió que el INTA “se abstenga deejecutar cualquier acto destinado a materializar lo dispuesto por la Resolución 27/2026, en cuanto a la supresión de la EEA INTA AMBA y sus unidades dependientes, movimientos de personal, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades que ocupa la EEA”.

En diálogo con Clarín Rural, la delegada de ATE INTA IPAF Pampeano/AMBA, Gigi Franceschi, opinó que si bien el fallo “es positivo”, sostuvo que “la realidad concreta es que en el INTA AMBA, si bien se cerró recientemente, los trabajadores nos trasladamos a otras unidades para preservar nuestra fuente de trabajo. Ahora sale esta cautelar que frena el cierre, pero la realidad es que la estación experimental no tiene personal ni directivos. Muchos ya han tomado el retiro voluntario”.

Para Franceschi, la medida “puede servir en lo concreto es para frenar el desguace de la unidad, la venta de tierras y el desmantelamiento de las instalaciones”.

“También tenemos en cuenta que es una cautelar que no resuelve las cuestiones de fondo y que puede caerse. Entonces, en lo que hace a los trabajadores o ex trabajadores del INTA AMBA, mucho no nos cambia. Lo vemos positivo porque eventualmente sirve para ganar tiempo y tener algún lugar donde volver cuando se pueda revertir las situaciones más de fondo”, concluyó la delegada



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