Una de las herramientas que fueron claves para el ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei encontró un límite en los últimos meses: los subsidios continúan en alza en 2026, en particular los destinados a la energía (luz y gas). Esto ocurre pese a que siguen los aumentos de tarifas mensuales, ajustables por inflación, y que en este año se focalizó y se limitó aún más la ayuda del Estado a los hogares.
Según un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, los subsidios acumularon durante el primer semestre unos $ 3.488.167 millones a moneda constante de junio, con un salto real de 12% frente al mismo período de 2025, es decir, descontando la inflación.
Ese número se explica por el incremento en el gasto del Estado para apoyar a las familias que consumen energía eléctrica, gas natural por red y garrafas, y que acumuló $ 2.677.992 millones en los primeros seis meses de 2026, un 52% más que en el inicio del año pasado.
Fuentes oficiales consultadas por Clarín explicaron que hubo tres factores que empujaron el gasto en subsidios en el arranque de 2026, de los cuales “ninguno es estructural”: la reforma eléctrica en marcha, las bonificaciones transitorias y el costo de las importaciones.
La reforma eléctrica, instrumentada mediante la resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, separó los precios de la luz que consumen los hogares de la que se utiliza en grandes comercios e industrias. En verano resultó más cara para las familias y en invierno para las empresas, por los altos costos de abastecimiento de gas.
Con este esquema, la idea del Gobierno es incentivar al sector privado a contractualizar su suministro de energía a largo plazo, lo que a la vez generará inversiones en nueva capacidad de generación.
Mientras tanto, los contratos eléctricos se asignaron a las distribuidoras, lo que transitoriamente fue más caro e implicó un aumento en el costo de la energía sobre el que se calcula el subsidio. “Eso se revierte en el segundo semestre”, prometen en los despachos oficiales.
A su vez, el cambio en el sistema de subsidios comenzó con bonificaciones temporalmente más altas sobre los costos mayoristas de la luz y el gas, pero decrecientes. Progresivamente, los usuarios que mantienen la ayuda del Estado irán pagando cada vez una mayor porción de la energía; hasta ahora abonan apenas el 40% del costo real en electricidad y el 51% en el gas.
Por otro lado, también subieron los costos de energía por un menor despacho hidroeléctrico y un mayor uso de combustibles importados, como el gas licuado y el gasoil para las centrales térmicas. Estos dos combustibles aumentaron casi 100% por la guerra en Medio Oriente.
El Gobierno confía que “de cara al segundo semestre la película va a ser distinta” y que encauzará los subsidios a la energía en el orden del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), con un ajuste final equivalente a 1.000 millones de dólares en todo el año. La consultora Economía & Energía relevó que el año pasado las subvenciones al sector cerraron en US$ 4.000 millones.
Desde el pico de mediados de 2022, cuando el gasto del Estado para cubrir los costos de energía y el transporte superaba el 3,5% del PIB, con emisión monetaria y creciente inflación, hubo tres años seguidos de ajuste en las tarifas de luz, gas, colectivos y trenes.
Pero a partir de junio 2025 se moderó el ritmo y los subsidios a la energía y el transporte acumulan en los últimos doce meses unos $ 10 billones, a precios constantes, calcula el IIEP.
Otro rasgo distintivo de este año fue que el Gobierno pagó todas las deudas con proveedores energéticos, como las empresas generadoras de electricidad y las productoras de gas, por las operaciones hechas en 2026, lo que no incluye deudas por períodos anteriores a este año.
La única “deuda flotante” que tiene el Ministerio Economía por la ejecución del actual presupuesto es de $ 123.069 millones con el funcionamiento de los trenes.