Caso Nora Dalmasso: negligencia grave, desidia y mal desempeño, los fundamentos para destituir a los tres fiscales

Negligencia grave, desidia y mal desempeño de sus funciones. Así ,con los fiscales pasando de acusadores a acusados, concluyó este miércoles un capítulo histórico de un caso que conmovió durante años a Río Cuarto, a Córdoba y a todo el país.

El hecho: Nora Dalmasso (51) fue violada y asesinada en su casa de Río Cuarto el 25 de noviembre de 2006.

Primera hipótesis: lo hizo un albañil que era muy hábil trepando andamios.

Hipótesis dos: la mató su hijo Facundo, de 19 años, con quien la mujer tenía relaciones sexuales porque no aceptaba que fuera gay.

Hipótesis tres: la asesinó su esposo, Marcelo Macarrón, quien -sin que nadie lo advirtiera- tomó ida y vuelta un avión privado a Córdoba desde Punta del Este, donde estaba jugando un torneo de golf.

Hipótesis cuatro: Marcelo Macarrón no viajó, sino que contrató dos sicarios colombianos. La quería muerta para ocultar oscuros manejos financieros.

Hoy estas teorías pueden parecer un desquicio, pero durante casi dos décadas fueron las que primaron en el caso Dalmasso sostenidas sucesivamente por los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

Los tres fueron destituidos de sus cargos el pasado 7 de mayo luego de un jury que comenzó el pasado 21 de abril y tuvo unos 40 testigos.

Su empecinamiento en apuntar a la familia de la víctima fue tal que dejaron pasar frente a sus narices al principal sospechoso: el parquetista Roberto Bárzola (47), que recién al que recién en 2024 se le extrajo sangre para hacer un cotejo de ADN.

El resultado llegó a fines de 2025 y fue sorprendente. Los rastros genéticos de Bárzola estaban en 10 puntos de la bata de baño con la que ahorcaron a Dalmasso y un vello púbico estaba en los genitales de Nora.

Bárzola -a quien la familia apuntó ya en 2007- fue indagado, pero pasó tanto tiempo que pidió la prescripción de la acusación. Y por ahora viene ganando. Un juez y la Cámara le dieron la razón.

La última esperanza que tienen Marcelo Macarrón (66) y sus hijos Facundo (39) y Valentina (35) de verlo preso es que la Corte local dé vuelta esas resoluciones. Y no es una tarea sencilla.

El nuevo resultado de ADN puso la mira en los fiscales del caso. Y este miércoles se le dio la puntada final sobre su polémica actuación, con la entrega de los fundamentos del veredicto del jury.

Los términos en los que el jurado se refiere a la actuación de los (ahora ex) fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro son durísimos.

“La conducta que asumieron los tres fiscales enjuiciados durante el lapso en el que cada uno estuvo a cargo de la causa revela un patrón homogéneo de desidia en la toma de medidas efectivas para el esclarecimiento del hecho”, indicaron en los fundamentos.

Y añadieron que “en efecto, los tres acogieron una conjetura y se mantuvieron en ella buscando únicamente elementos que la corroboraran; ninguno de ellos fue exhaustivo a la hora de analizar otras líneas de investigación o indagar acerca de otras hipótesis que pudieran haber conducido a otra solución”.

“Por el contrario, se advierte que la actuación de los funcionarios cuestionados careció de la voluntad de sumergirse en otras posibilidades distintas a las vinculadas al círculo íntimo de Nora Dalmasso“, concluyeron los integrantes del jury.

Aunque un informe del FBI sugería la toma de ADN a Bárzola, cada uno a su turno (Di Santo, Miralles y Pizarro) decidió ignorar esa línea de investigación.

La razón fue que la fiscalía ya se había quemado demorando al albañil Gastón Zarate, lo que provocó una movilización de repudio recordada como “la marcha del perejilazo”. Esa toma de ADN la hizo finalmente el fiscal Pablo José Jávega, quien recibió la causa ya prescripta y que declaró como testigo en el jury.

Di Santo estuvo a cargo de la causa entre 2006 y 2015, Miralles intervino entre 2016 y 2017 y Pizarro la tomó entre 2017 y 2019. Todos siguieron siendo fiscales pese a los serios cuestionamientos sobre su desempeño que recrudecieron con los años.

En el jury, la fiscal general adjunta Betina Croppi pidió la destitución inmediata de los tres fiscales por considerar que actuaron con negligencia grave y eso le causó un serio perjuicio a la resolución del caso, que lleva 19 años impune.

“Es la primera vez que en la provincia se procede en un jury de enjuiciamiento en contra de tres funcionarios que se desempeñan en el Poder Judicial”, subrayó Croppi al comenzar su presentación.

Croppi planteó como eje fundamental la revictimización de Dalmasso, a quien se la trató sin ningún tipo de perspectiva de género, provocando que se vulnere el derecho a la intimidad, visiblemente dañado por la difusión de rumores que surgieron de la misma fiscalía a cargo del caso.

La fiscal general adjunta planteó que desde el inicio se cometieron errores en el relevamiento de pruebas y se dejaron de lado elementos que luego se transformarían en centrales.

Por su parte, los tres fiscales enjuiciados se defendieron de la acusación y solicitaron su absolución, pero al cabo de una extensa audiencia -que duró casi 14 horas- el tribunal hizo lugar al la requisitoria de Croppi.

En un fallo por unanimidad, el jurado le atribuyó a los tres haber cometido “negligencia grave” y “mal desempeño” de sus funciones, más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos en el poder judicial provincial. Ahora explicó por qué.

Según la normativa vigente, el fallo dictado por el jurado es inapelable. No obstante, las defensas pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

Mientras tanto, la separación del cargo se produce de manera inmediata, por lo que el funcionario destituido deja de ejercer sus funciones desde ese mismo momento, sin perjuicio de las posteriores presentaciones judiciales que pudiera realizar.

En este caso, el jurado estuvo integrado por dos legisladores del oficialismo y dos de la oposición, más un quinto miembro del Tribunal Superior de Justicia. Fue presidido por Julieta Rinaldi, la primera mujer en ocupar ese cargo. Su fallo comenzó a cerrar un herida profunda y dolorosa que marcó a una familia para siempre.

Nora Dalmasso fue asesinada el 25 de noviembre de 2006 en su casa del country Villa Golf, en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. La habían violado y estrangulado con el cinto de su bata de baño.

Primero se acusó a un albañil, Gastón Zárate -bautizado como “El perejil”-, luego a Facundo Macarrón -entonces de solo 19 años- y finalmente al viudo, que terminó absuelto en un juicio oral en 2022.

Sin embargo, la verdad estaba frente a las narices de todos. A fines de 2024, una prueba genética determinó que el ADN encontrado en el cinto de la bata y en un pelo hallado en el pubis de Nora eran del parquetista Bárzola, quien estaba trabajando en la casa de la víctima y con el que Dalmasso había tenido una fuerte discusión días antes.

En octubre de 2025, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto benefició a Bárzola.

“Desde la medianoche de la fecha de la comisión del hecho imputado al prevenido hasta la actualidad han transcurrido casi 19 años. Es decir, un lapso superior al límite temporal que la ley sustantiva establece para la operatividad de la prescripción”, puntualizó el tribunal, según el fallo publicado por el Poder Judicial de Córdoba.

“De acuerdo con las normas legales aplicables, ante la ausencia de supuestos de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, es evidente -estado convictivo de certeza sobre los extremos invocados- que la acción penal en contra de Bárzola está prescripta -cuanto menos- desde noviembre del año 2021, y que, en consecuencia, corresponde disponer el sobreseimiento total del imputado”, expresaron los magistrados.

El tribunal también descartó el argumento de que el plazo debía haberse suspendido porque Marcelo y Facundo Macarrón no pudieron presentarse a tiempo como querellantes por haber estado imputados durante la investigación. Tampoco aceptó que el hecho constituya un delito de lesa humanidad que sí sería imprescriptible.

Ahora lo tiene el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y los Macarrón esperan que se empiece a repensar la figura y los plazos de la prescripción en los procesos penales.