El Gobierno envió este lunes al Congreso un proyecto de ley con múltiples medidas para el sector energético, que en parte insiste con uno de los capítulos borrados en el Presupuesto 2026 para negociar su aprobación. Una de las propuestas oficiales es dar de baja dos decretos y una modificación a la Ley de Hidrocarburos que promovieron las inversiones en Vaca Muerta, en momentos en que el cepo al dólar y la inseguridad jurídica obstaculizaban grandes proyectos en todas las industrias. La razón esgrimida en el mensaje al Congreso enviado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, es que “si bien las referidas normativas fueron instrumentos adecuados”, corresponde finalizarlos porque “otorgan beneficios que el Estado nacional no puede continuar sosteniendo“. Asimismo, argumentaron que “las sustanciales reformas legislativas llevadas adelante en el sector energético brindan un contexto adecuado a nuevas inversiones en el sector de la producción de hidrocarburos”. Una de esas reformas es la aprobación y puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que garantiza a las petroleras seguridad jurídica de largo plazo y libre acceso a los dólares (saltear eventuales cepos a futuro). El Gobierno apuntó particularmente a estas normativas: El Decreto 929/2013 creó el “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”, que otorgó el beneficio de disponer libremente de un 20% de la producción para exportaciones y quedar eximido de retenciones para aquellos proyectos que acumulen inversiones por más de US$ 1.000 millones en 5 años. En ese momento, fue criticado como un “traje a medida” para el desembarco de Chevron, pero se demostró como un instrumento certero que incluso fomentó la llegada de la malaya Petronas y también apuntaló desembolsos de la angloholandesa Shell y la noruega Equinor. En los últimos 18 meses, Petronas se fue de la Argentina y Equinor vendió su negocio en Vaca Muerta. Más tarde, la Ley 27.007, conocida como “ley corta de hidrocarburos”, extendió esos beneficios a proyectos que sumen inversiones por US$ 250 millones en 3 años, concentrados principalmente en el offshore -costa afuera del Mar Argentino-. Ya en 2022, en medio de una crisis con las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), el entonces presidente Alberto Fernández instrumentó el “Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Petróleo” (RADPIP) y el “Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Gas Natural” (RADPIGN) para otorgar beneficios diferenciales a las petroleras que aumenten su extracción de hidrocarburos en relación a los meses previos. Si se aprueba la ley, todos estos regímenes quedarán derogados, pero los beneficiarios del Decreto 929/2013 podrán seguir exportando el 20% de su producción sin retenciones. Por otro lado, el proyecto de ley insiste en la reducción de los subsidios por zona fría ampliados en 2021 por el kirchnerismo, así como en un perdón de deudas cruzadas con Edenor y Edesur. También extiende los beneficios del régimen de promoción para energías renovables, que le garantiza estabilidad fiscal por 20 años. Source link Navegación de entradas Se aceita el ingreso de dólares: CABA emite deuda por US$ 500 millones
