Veredicto histórico en el mayor caso de corrupción sistemática en la Policía bonaerense: condenas de hasta 17 años

Luego de casi dos años de audiencias, este miércoles llegó finalmente a veredicto una de las causas de corrupción policial y judicial más grandes de las ultimas décadas. Coimas, operativos armados en connivencia de un poderoso fiscal, un staff de abogados como cómplices, zonas liberadas para narcos y robo de drogas para ponerlas en el mercado. Todo de forma sistemática.

El caso- que le costó el puesto a Claudio Scapolan (52), uno de los fiscales con más influencia de San Isidro- concluyó luego de más de media hora de lectura ininterrumpida.

En ese tiempo, la presidenta del tribunal, Silvina Mayorga, desgrano los 58 puntos del veredicto cuyos fundamentos se conocerán el próximo 7 de octubre.

Entre otras cosas, el tribunal validó el testimonio de un policía “colaborador” que participó en el robo de media tonelada de cocaína en el caso “Leones Blancos” (2003), envió copias a la Justicia federal de todo lo ocurrido en el debate para profundizar la pata judicial y condenó a 17 años de prisión a a cuatro policías bonaerenses, tres de ellos de alto rango.

Como ocurrió durante casi todo el juicio, los acusados (casi medio centenar) escucharon el veredicto de los jueces a través de Zoom. Entre ellos, unos 10 policías bonaerenses que están presos.

Sin dudas el más “pesado” de todos es Adrián ” Palermo” Baeta (55), de Quilmes, a quien se acusó en el debate de quedarse con media tonelada de cocaína robada a unos narcos. Pero no a unos narcos cualquiera, sino a los Loza, a los que entregó su propio contador, el financista Diego “Dolarin” Guastini (45), asesinado por sicarios poco después. Para él la condena fue de 17 años de prisión. Detalle: Baeta tuvo como abogado defensor a Fernando Arias Caamaño, el mismo abogado que “Dolarin”.

No se pudo ver su expresión en el Zoom porque se colocó fuera del ángulo de la cámara, pero no paró de mover las piernas nerviosamente.

La misma pena de Baeta fue impuesta al comisario Marcelo Di Rosa (ex jefe de Drogas Ilícitas de Quilmes), al ex subcomisario Juan José Magraner (su segundo al mando) y al ex comisario Roberto Okurzati, titular de la Delegación de Lucha contra el Trafico Ilícito de San Isidro.

En total hubo 24 condenas y seis absoluciones que no tuvieron acusación fiscal. Los casos más curiosos son los de los abogados Francisco García Maañón y Matías Pedersoli. A ambos se los condenó por extorsión: 3 años el primero; 2 años y medio el segundo.

Baeta -hinchado debido a un by pass gástrico que ya lleva en su cuerpo ocho años y lo tiene a maltraer porque nunca hizo dieta- fue uno de los pocos que usó su derecho a decir las últimas palabras ante el tribunal.

Y sorprendió :”Quiero citar una frase de un filósofo que escuché alguna vez: la única verdad es la realidad“, sentenció repitiendo una de las máximas del general Juan Domingo Perón que, a su vez, se la atribuía a Aristóteles.

Alojado en el sector de ex fuerzas de seguridad del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, hace tres años que no revisa su dispositivo gástrico. Debía ir a hacerse una endoscopia el 27 de julio, pero se negó a ser trasladado con presos comunes. Dicen que “Palermo” tiene miedo. Y razones no le faltan.

La gravedad del cuadro quedó expuesta con crudeza durante alegato del fiscal federal Marcelo García Berro ante los jueces Silvina Mayorga, Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez.

“Nos encontramos ante prácticas organizadas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo mediante las cuales efectivos policiales no sólo brindaban cobertura a actividades ilícitas, sino que también intervenían activamente en su organización y su direccionamiento”, aseguró García Berro en su alegato ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín.

El fiscal necesitó cuatro audiencias para poder completar el complejo entramado de la causa.

Basta hacer memoria para darse cuenta de que lo que empezó en octubre de 2024 en los tribunales federales de San Martín no registra antecedentes: 32 acusados, entre ellos 24 policías bonaerenses (algunos de alto rango), dos abogados y media docena de testigos truchos elevados a juicio por integrar una inmensa maquinaria de corrupción que se alimentaba del vínculo con narcotraficantes.

García Berro había pedido condenas de hasta 17 años de cárcel para los jefes policiales involucrados. Entre ellos estaba Baeta, que trabajaba en la DDI de Quilmes.

A Baeta -y a otros dos oficiales jefes de la DDI de Quilmes- el fiscal los consideró coautores de los delitos de “uso de documento público falso“, “falsedad ideológica“, “peculado” (coimas) y “tenencia de estupefacientes para su comercialización agravado por ser funcionarios públicos”.

El requerimiento de penas había sido menos severo para cuatro arrepentidos que declararon en la causa. Eso sí, un testigo falso implicado en el caso más grave en el juicio (“Leones Blancos“) recibió un pedido de pena de 15 años y medio de prisión.

Por otro lado, a los policías de la DDI de San Isidro llegaron al veredicto acusados de formar una “asociación ilícita” dedicada a manejar el negocio del narcomenudeo en su zona, robándoles la droga a los propios narcos.

“Ellos se alinearon con la lógica del narcotráfico, adaptándose a sus movimientos, protegiendo su circulación, facilitando su expansión y -lógicamente- impidiendo su represión. En el camino se quedaron con parte del negocio ilícito mientras que muchos narcotraficantes siguen libres gracias a esa complicidad”, agregó el fiscal dando un panorama crudo que pocas veces se escucha en un un juicio oral.

Se trata de un caso escandaloso por donde se lo mire. Aunque en el juicio oral se ventilaron cuatro hechos -en su momento investigados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez-, uno de ellos se destaca: el operativo “Leones Blancos” (diciembre de 2013), un armado policial, un falso procedimiento montado para robarle media tonelada de cocaína al poderoso clan Loza.

Perlita 1: el personaje central es Baeta. El dato de la droga se lo había entregado su contacto en la City, Diego “Dolarín” Guastini, el mayor narco lavador argentino que terminó asesinado por sicarios en Quilmes el 28 de octubre de 2019, tras declarar como arrepentido.

Baeta fue el primero en llegar a la escena del crimen. Algunos hasta piensan que él lo mandó a matar.

Perlita 2: este caso es el que le costó el puesto al ahora ex fiscal Claudio Scapolan, intocable en su momento y a quien por ahora solo está acusado de delitos menores. Sin embargo, el fiscal Marcelo García Berro lo apuntó especialmente en su alegato. Tres párrafos clave:

1-“Otro de los eslabones fundamentales fue el entonces fiscal Claudio Scapolan. Su intervención en los hechos permite comprender por qué, en lugar de dar intervención al fiscal federal de turno correspondiente a la jurisdicción de Moreno, como indicaba el deber funcional, los jefes policiales eligieron deliberadamente contactarlo a él“.

2-“La maniobra se ajusta a lo que en la jerga policial se denomina ‘hacer un rulo’: esto es, construir artificialmente una intervención en una jurisdicción ajena, en este caso desde la DDI de Quilmes, valiéndose para ello de recursos humanos y logísticos. De este modo, lograron enmascarar la operación encubierta bajo un supuesto procedimiento legal, mientras se proponían a sustraer una gran cantidad del cargamento de cocaína de alta pureza”.

3-“En este juicio ha quedado plenamente demostrado que reducir la responsabilidad de Scapolan a una simple falsedad documental -como si se tratara apenas de un acto aislado de adulteración administrativa- constituye una visión errónea y notoriamente insuficiente. Esa calificación le queda chica. (…) Su intervención no se limitó a refrendar formalmente un acta o a convalidar de modo pasivo un procedimiento irregular”.

“Por el contrario, su rol fue estructural dentro del esquema delictivo: participó de forma consciente, activa y sostenida en la ejecución de las maniobras criminales. Supo de antemano lo que ocurriría, participó en el diseño del operativo simulado, y brindó cobertura judicial para que pudiera cometerse el robo de estupefacientes, manipular pruebas y garantizar impunidad a los verdaderos responsables y a él mismo”, completó.

La primera audiencia del juicio fue a fines de octubre de 2024 y comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal Domínguez, a cargo de una investigación difícil, que logró sacar adelante pese a innumerables presiones políticas.

Aunque pueda parecer tedioso, leer de corrido la acusación contra los policías impresiona:

“Haber formado parte de una organización destinada -en apariencia- a garantizar una eficiente prestación del servicio de justicia y de prevención y persecución de delitos, cuando, en verdad, se trató de una empresa criminal estratégicamente montada por los imputados -mayormente funcionarios judiciales y policiales-“.

Los acusados “utilizaron de manera tergiversada las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, con el exclusivo fin de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico al que –muchos de ellos, en razón de sus funciones– estaban obligados a combatir, mediante el despliegue de una variada gama de conductas delictivas orientadas a tal fin“.

“Se trató, en definitiva, de una red de ilegalidad que involucró abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades, de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico, y en cuyo marco, se han cometido innumerable cantidad de delitos”.

El panorama que planteó García Berro y su equipo -integrado por Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly– es terrorífico: “Estos grupos continúan operativos lo que otorga al presente juicio una relevancia especial. No se trata sólo de asegurar que los imputados reciban la sanción que les corresponde, sino de reparar el profundo daño que estos hechos de corrupción y narcotráfico producen en el entramado social”.