Así operaba la banda que hizo más de 20 mil llamados extorsivos desde un call center tumbero: los audios

“Si no hacen nada con esto, después no me vengan a hablar de seguridad”, se enoja el fiscal de Mar del Plata que desbarató a la banda del “call center” que funcionaba desde cárceles bonaerenses y que contaba con “células operativas” en la calle para cometer los delitos, las estafas en los casos en que conseguían engañar a las víctimas o, cuando no, violentas entraderas.

Es que después de revelar cómo operaba la banda, el fiscal Mariano Moyano, de la Unidad Funcional Temática de Instrucción y Juicio de Robos Calificados, pidió que se prohíba de manera urgente el uso de celulares dentro de los penales, un beneficio que los reclusos obtuvieron por la pandemia, y aun con la prueba presentada, que habla de hasta 20 mil llamadas coercitivas desde un solo aparato de los ocho que secuestró, nadie se interesó en el tema.

“¿Cómo puede ser que desde el Ministerio de Justicia no dispongan la prohibición del uso de telefonía en las cárceles, qué pruebas necesitan? Estamos diciendo que tenés call center en una unidad penal, que gastamos recursos que bien podrían ser orientados a otros casos, a otras investigaciones, si esto no fuera así”, dijo a Clarín.

Ahora, el fiscal apunta a trazar la ruta del dinero que manejaba la organización, que pedía en promedio 16 millones de pesos a sus víctimas, en general personas mayores que en su casa tienen teléfono fijo. Explica que cuando no conseguían con el ardid de hacerse pasar por un familiar en apuros, enviaban a integrantes de la organización para cometer entraderas.

De hecho, fue a partir de una en Mar del Plata que Moyano consiguió llegar a localizar al líder de la organización, un recluso de la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos.

El expediente se inició tras un intento de estafa en julio pasado, cuando falsos policías intentaron engañar a un hombre para sacarle sus ahorros. La víctima sospechó y evitó el fraude, pero a partir del rastreo de las cámaras de seguridad y de las antenas telefónicas se pudo vincular ese episodio con otros hechos delictivos.

Días después se registró uno de los ataques más violentos en una casa de la calle Artigas, en Mar del Plata, donde encapuchados maniataron y golpearon a una mujer de 70 años. Los asaltantes le provocaron cortes en los pies para exigirme dinero y huyeron con 600 mil pesos, y no quedó impune. Por el hecho fue detenido Alejandro Rosales Demetrio.

El peritaje del celular de Rosales fue la llave para desentrañar la organización que conectaba varias penitenciarías. Los detectives de la DDI Mar del Plata y La Plata constataron que la banda funcionaba con roles perfectamente distribuidos entre tres cárceles.

El corazón operativo del esquema delictivo se encontraba montado en el penal de Olmos. Desde allí, el preso Hugo Carlos Miguel (62), alias “El Gitano”, condenado a 30 años de prisión por homicidio, actuaba como el principal llamador de la organización.

Miguel utilizaba la falsa identidad del “subcomisario Gutiérrez”, nombre de un personaje de una serie, se cree que para infundir confianza a las víctimas. Así, se comunicaba diariamente con adultos mayores para concretar los engaños y exigir entregas de dinero en efectivo.

Las maniobras incluían mentiras sobre supuestos familiares detenidos tras atropellar a una mujer embarazada, caso en el que exigían una fianza urgente. En otros casos, los estafadores simulaban ser hijos o sobrinos y pedían a sus víctimas que cambiaran dólares ante un inminente y falso anuncio económico del Gobierno.

La inteligencia previa para elegir a los damnificados era aportada por otros internos alojados en las Unidades Penales N° 44 y N° 15 de Batán. Franco Isaías Miguel y Jonathan Villalba recababan los datos patrimoniales de las potenciales víctimas y se los transmitían a la celda de Olmos para ejecutar los llamados. El fiscal entiende que trabajaban con bases de datos.

La red, contó Moyano, no se limitaba a la provincia de Buenos Aires: las comunicaciones impactaron en ciudades como Río Gallegos, Ushuaia, Tandil, Tres Arroyos y Corrientes, e incluso uno de los chips fue rastreado en Uruguay. Para el fiscal, se trata de una estructura de escala nacional que no solo operaba el fraude telefónico, sino que enviaba células de apoyo en autos para hacerse pasar por fiscales o policías y retirar el botín en la puerta de los domicilios, o cometer entraderas.

Es que en caso de que la víctima no cediera ante el engaño verbal, la organización pasaba de inmediato al plan de contingencia más violento: la entradera ejecutada por las células externas.

El funcionario judicial confirmó a este diario que hasta el momento ningún integrante del Ministerio de Justicia ni del Ejecutivo provincial se comunicó con su fiscalía tras el pedido formal presentado para frenar la libre disponibilidad de celulares en las cárceles.

“Nadie actúa. ¿Qué más pruebas necesitan? Después se rasgan las vestiduras hablando de seguridad. Es paradójico que tengamos que destinar tiempo y recursos de investigación a delitos coordinados desde donde están encerrados por el mismo Estado”, recriminó.

Pero la sospecha de Moyano no solo apunta a la inacción política, sino a la posible complicidad penitenciaria dentro de los pabellones. El análisis técnico sobre uno de los dispositivos incautado al “Gitano” arrojó que entre marzo y octubre se activaron 11 tarjetas SIM diferentes y se concretaron casi 20.000 llamadas salientes a distintos puntos del país.

La actividad se concentraba de lunes a sábados, entre las 9 de la mañana y las 17. El promedio diario acumula más de tres horas continuas en línea.

Ese ritmo de trabajo resulta imposible de sostener en una celda común o en un pabellón convulsionado. La hipótesis es que los reclusos contaban con la anuencia de funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para operar desde un ámbito físico diferenciado y silencioso.

“Para estar hablando 40 minutos seguidos o hacer un promedio diario de tres horas de llamadas necesitan espacio, un entorno tranquilo que no existe dentro de las celdas colectivas”, advirtió el investigador.

Mar del Plata. Corresponsal.