El mapa de la minería que viene: inversiones millonarias y escasa infraestructura para arrancar

San Juan, Salta y Catamarca concentran los recursos mineros del país, y también, están entre las provincias menos pobladas y peor conectadas. Con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) la ecuación inversora cambió para estos distritos, que hoy concentran más de 50.000 millones de dólares en compromisos de inversión que van a forzar a resolver esa deuda de infraestructura. La pregunta es si el tiempo alcanza.

El RIGI, creado por la Ley 27.742 en 2024, le garantiza a los proyectos que ingresan estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años. En términos concretos equiparó la carga impositiva argentina con la de Chile y Perú, los dos competidores regionales que durante décadas concentraron las inversiones regionales de este sector. A eso se sumó el ordenamiento macroeconómico, con un tipo de cambio más previsible y reglas para girar utilidades.

Hay otro factor que para las casas matrices de las mineras en Toronto, Londres, Australia o Beijing pesa tanto como la geología: el precio de los metales. El cobre nunca había sostenido valores por encima de los 6 dólares la libra durante tanto tiempo. Con ese piso, más la estabilidad que ofrece el RIGI, la ecuación cambia de naturaleza: no es solo que Argentina se vuelve competitiva, sino que la ventana es inusualmente ancha.

El proyecto más grande en danza es Vicuña, una joint venture entre la australiana BHP, la mayor minera del mundo, y la canadiense Lundin Mining, que reúne los yacimientos Josemaría y Filo del Sol en la precordillera sanjuanina. La inversión de 18.000 millones de dólares, tal como la gerencia local lo presentó, es la inversión privada más grande del sector. Esta semana recibió la aprobación formal del RIGI para una primera parte, que implicará el desembolso de US$ 9.712 millones. No es un anuncio más: es la conversión de una intención en un compromiso con respaldo legal.

San Juan también tiene Los Azules, de la canadiense McEwen Mining Inc, apuntado a producción de cobre catódico, con un RIGI aprobado por 2.672 millones de dólares para un proyecto que se estima demandará en total US$ 4.000 millones. La canadiense sumó como socios a Rio Tinto y a Stellantis en este proyecto.

Otro gigante de cobre espera su aprobación: se trata del proyecto El Pachón, de la anglo-suiza Glencore, que hizo su solicitud al Régimen por 11.600 millones de dólares.

Completan el mapa sanjuanino la expansión de la mina de oro Gualcamayo, del holding familiar e internacional AISA Group, con RIGI aprobado por US$ 665 millones, y la ampliación de Veladero, que Barrick opera junto a la china Shandong Gold, que también entró al régimen con un compromiso de inversión de 380 millones de dólares. En conjunto, la provincia supera los US$ 32.000 millones en compromisos de inversión minera.

Pocas provincias argentinas tienen litio, cobre y oro en el mismo subsuelo. Salta es una de ellas. La anglo-australiana Rio Tinto, que en 2025 adquirió Arcadium Lithium por US$ 6.500 millones y se convirtió en el mayor productor de litio del país, avanza con el Proyecto Rincón, la primera iniciativa minera que tuvo su RIGI aprobado: 2.744 millones de dólares para producir 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio a partir de 2028.

En cobre, la apuesta más grande de la provincia es Taca Taca, de la canadiense First Quantum que solicitó a principio de año su adhesión al RIGI por una inversión de US$ 5.250 millones, uno de los proyectos más grandes de América del Sur. Por otra parte, en plata y oro, la canadiense AbraSilver tiene aprobado el RIGI para Diablillos, en el límite con Catamarca, por 764 millones de dólares.

Salta suma dos proyectos más al mapa litífero. Posco, el líder siderúrgico surcoreano, tiene aprobado el RIGI para Sal de Oro, que también comparte con Catamarca, por US$ 845 millones, y la china Ganfeng Lithium, uno de los mayores productores mundiales del metal, en asociación con Lithium Argentina, solicitó su adhesión al régimen en marzo para Pozuelos Pastos Grandes: con un compromiso inversor de US$ 3.000 millones y una producción proyectada de 150.000 toneladas anuales.

Catamarca completa la cartera litífera de Rio Tinto, con Fénix y Sal de Vida, que suman casi US$ 800 millones, y aloja otra parte del proyecto de Glencore, con RIGI solicitado pero aún pendiente: además de El Pachón, tiene en su cartera a Agua Rica (o Proyecto MARA por su empalme con Alumbrera) por US$ 6.699 millones en cobre, molibdeno y oro. Si esa aprobación llega, marcará otro hito en la escala de compromisos.

Catamarca también tiene a la australiana Galán Lithium, que recibió la aprobación del RIGI en julio de 2025 para Hombre Muerto Oeste por US$ 292 millones, un proyecto de menor escala que los de Rio Tinto o Glencore, pero que suma al perfil de una provincia que consolida su lugar como uno de los nodos mineros más densos del país.

Jujuy tiene un único proyecto en el mapa del RIGI, pero no es menor. Exar, controlada por Ganfeng y Lithium Argentina, tiene aprobado el Régimen desde mayo para la ampliación de Caucharí Olaroz con una inversión de 1.241 millones de dólares para sumar 38.000 toneladas anuales de carbonato de litio a una operación que ya está en producción. No es un proyecto en papel: es una mina en marcha que escala.

Históricamente reticente a la minería metalífera, Mendoza sumó su primer proyecto bajo el RIGI: el proyecto San Jorge, en Uspallata, con US$ 891 millones de inversión para explotación de cobre y oro, a cargo de la suiza Zonda Metals y el Grupo Alberdi, de capitales argentinos. La construcción está prevista desde junio de 2027 y la operación comercial, en enero de 2029.

Entre 1990 y 2003 Chile multiplicó por casi tres su producción de cobre: de 1,6 millones de toneladas anuales a más de 4,5 millones. Para 2006, las exportaciones cupríferas alcanzaron un récord histórico de 33.300 millones de dólares. En 2025, llegaron a US$ 52.997 millones. La curva no paró. Pero ese salto llegó sobre décadas de estabilidad que empezó décadas antes, con el Decreto Ley 600 de 1974, que garantizó estabilidad fiscal y libre repatriación de utilidades; el Código Minero de 1983, que consolidó el régimen de concesiones y la consolidación de la transición democrática a partir de 1990. Tres décadas con una misma arquitectura, a pesar de los cambios políticos.

Argentina busca recorrer ese camino en una fracción de ese tiempo pero la minería no llega a un territorio preparado. El primer desafío es el más concreto y el más urgente: la infraestructura física. Las provincias donde están los proyectos no tienen la energía, las rutas ni el ferrocarril que la minería a esta escala va a demandar. Las soluciones van a depender de negociaciones caso por caso entre los inversores y las provincias, en un territorio donde construir es caro, lento y complejo.

San Juan, por caso, tiene un solo cable de alta tensión para resolver todo esto: la línea Nueva San Juan–Rodeo, hoy en 132 kV, que el ENRE autorizó elevar a 500 kV con prioridad de acceso para Vicuña, según la Resolución 79/2026, para abastecer los 260 megavatios que demandará la primera etapa de Josemaría.

La decisión generó la oposición formal de Los Azules, que reclama ante el propio ENRE contra ese régimen de prioridad, y sumó el rechazo de otras mineras y actores provinciales. La pelea no es por el cobre: es por quién se queda con la energía para sacarlo.

El segundo desafío es la cadena de proveedores. El RIGI establece que hasta un 20% de las compras de un proyecto puede provenir de empresas locales, pero las provincias tienen sus propias exigencias superiores, y la superposición de marcos puede generar conflictos reales cuando los proyectos pasen del anuncio a la construcción. El régimen además habilita importar con arancel cero insumos clave y pagarlos en dólares en el exterior: una ventaja para el inversor que, mal articulada, puede reducir el desarrollo local.

El tercero es el talento especializado. Los perfiles técnicos que pide la gran minería no abundan en la escala proyectada. Pero la Argentina tiene una ventaja respecto de Chile, que es la base de contratistas formados en petróleo y gas de Neuquén y el Golfo San Jorge, con capacidades en logística de precisión y mantenimiento operacional.

Para una parte del país la minería se trata de una industria lejana, con beneficios que no llegan. Pero Argentina necesita ingresar divisas exportadoras y el cobre y el litio son dos de los minerales más demandados del siglo XXI. La transición energética global los necesita para cables, baterías y motores eléctricos. La empresa que fabrica el auto eléctrico que se vende en Europa ya los está buscando en la Argentina. Cada tonelada exportada afloja la restricción de divisas que, de una forma u otra, termina afectando el precio de todo lo que se compra en el país.

El segundo argumento es territorial. San Juan tiene 818.000 habitantes, Salta 1,4 millones, Catamarca 430.000. Son territorios donde no hay otra actividad económica a esa escala y además la minería no llega a desplazar a las industrias ya existentes, sino a ocupar un espacio donde no hay nada más.

Mientras los grandes proyectos de cobre avanzan hacia 2032, el entramado de proveedores que debería sostenerlos crece, pero no necesariamente se ordena. La discusión ya tomó forma concreta: las provincias mineras avanzan en leyes propias de compre local que van a contramano del 20% que fija el RIGI a nivel nacional.

En una jornada sobre “La competitividad de la cadena de valor minera argentina”, organizada en el Congreso Nacional por los legisladores catamarqueños Flavio Fama y Fernanda Ávila, Franco Mignacco, representante de Minería de la UIA, planteó que el RIGI habilita hasta un 20% de compras locales, pero las provincias tienen exigencias propias que superan ampliamente ese piso.

En efecto, en Santa Cruz, que actualmente es la primera exportadora de minerales, la contratación de personal local llega al 90%. El pedido de la UIA a los legisladores fue directo: hay que armonizar. Nadie, todavía, sabe bien quién tiene que hacerlo.

A esa tensión entre Nación y provincias se suma otra, más interna: la del propio entramado de proveedores. Solo en San Juan hay más de 25 cámaras de proveedores mineros, cada una con su propia agenda y su propia vocación de representatividad. Y mientras las cámaras discuten cómo coordinarse, en la cancha el partido ya se juega sin esperarlas.

La adjudicación de parte del campamento del proyecto Vicuña, en San Juan, a un consorcio integrado por la china PowerChina, la fabricante Beijing Chengdong y la santafesina RAFA S.A., reabrió la discusión sobre cuánto de la inversión minera realmente queda en el país.

FAPROMIN, la federación que agrupa a las cámaras de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, calificó la decisión como “un mazazo para los intereses de los argentinos”; en tanto, la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), entidad que dice representar a “todas las provincias argentinas”, trabaja para presentarle el gobierno nacional un proyecto de RIGI para la cadena de valor minera que favorezca el entramado productivo del país.