Con un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba, con el objetivo de asistirla ante “dificultades financieras transitorias” que, según la norma, le impiden afrontar compromisos urgentes vinculados con la ejecución de su presupuesto y la amortización de deudas.
El giro de emergencia tiene lugar en un contexto en el que la Casa Rosada busca aliados entre los gobernadores para conseguir, así, voluntades suficientes entre los diputados y senadores en el Congreso para tener apoyo con la reforma electoral que empuja el oficialismo.
Hace un mes el Gobierno nacional ya había otorgado este tipo de líneas de financiamiento de urgencia a provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy. Es un esquema especial de asistencia presupuestaria que aprobó el Ministerio de Economía
El Decreto 584/2026 dispone que la asistencia será otorgada por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía durante el ejercicio fiscal 2026 y deberá ser reintegrada antes de fin de año. El monto efectivo que recibirá la provincia será determinado por Hacienda “conforme a la capacidad de repago de la referida provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”.
La devolución del anticipo se realizará mediante retenciones automáticas sobre los fondos de coparticipación federal y otros recursos coparticipables sin asignación específica. Además, el préstamo devengará intereses calculados sobre la base de una tasa fija nominal anual del 15%.
En los considerandos, el Ejecutivo señaló que Córdoba solicitó formalmente el anticipo y sostuvo que la decisión busca “ajustar en equidad a todas las jurisdicciones”. En ese sentido, recordó que durante este año ya se otorgaron asistencias similares a Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy, mientras que un decreto previo había habilitado anticipos de hasta $400.000 millones para las provincias que los requirieran.
Como condición para acceder a los fondos, la provincia deberá afectar su participación en el régimen de coparticipación como garantía del préstamo y autorizar al Ministerio de Economía a retener automáticamente esos recursos para cancelar el capital y los intereses correspondientes.
El apretón financiero entre las provincias se aceleró en los últimos meses por la caída de la recaudación nacional, que a su vez repercutió en menos envíos de coparticipación a las arcas de los gobernadores. Muchas de las provincias que habían conseguido superávit en 2024 lo perdieron un año después.