El delito no reconoce límites municipales. Un auto robado puede atravesar varios distritos en pocos minutos y una banda puede actuar en una ciudad y refugiarse en otra. Frente a ese escenario, 23 ciudades de 11 provincias comenzaron a profundizar una estrategia común: compartir experiencias e información y aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la prevención y el patrullaje.
Ese fue uno de los principales ejes del Foro Nacional de Seguridad realizado durante dos jornadas en San Miguel y Vicente López, del que participaron 37 funcionarios responsables de áreas operativas y de seguridad de municipios que, en conjunto, administran territorios donde viven casi seis millones de personas.
La iniciativa, denominada “Ciudades por la Seguridad”, puso el foco en tres aspectos que vienen ganando terreno en las políticas locales: la videovigilancia inteligente, el análisis de la información que generan las cámaras y otros sistemas de alerta y la utilización de esos datos para decidir dónde y cuándo desplegar los patrulleros.
El encuentro fue coordinado por la Red de Innovación Local (RIL) y Exanet, una empresa especializada en infraestructura de videovigilancia y tecnología aplicada a centros de monitoreo. Según los organizadores, uno de los objetivos es avanzar en criterios comunes de prevención frente a modalidades delictivas que atraviesan los límites de cada jurisdicción.
La discusión se produce además en un contexto en el que los municipios asumieron un papel cada vez mayor en las políticas de prevención. Aunque las policías dependen principalmente de las provincias y las fuerzas federales de la Nación, los gobiernos locales desarrollaron durante los últimos años centros de monitoreo, sistemas de cámaras, guardias urbanas y redes de alertas vecinales.
El propio programa Ciudades por la Seguridad trabaja con los gobiernos locales en distintas etapas: diagnóstico de los problemas delictivos de cada territorio, formación de los equipos, mapeo de zonas y conflictos, planificación y finalmente implementación y monitoreo de las medidas adoptadas.
De las cámaras al patrullaje inteligente
Durante las dos jornadas, los funcionarios recorrieron dos experiencias del Conurbano. En San Miguel visitaron el Centro de Monitoreo, la Escuela de Policía Municipal y el Centro Logístico. Allí analizaron los sistemas de formación de agentes y los mecanismos de respuesta ante delitos en flagrancia.
El municipio cuenta actualmente con más de 1.400 cámaras, lectores automáticos de patentes, alarmas vecinales, paradas seguras y patrullas que combinan monitoreo y despliegue territorial, según información oficial del distrito.
También se mostró el funcionamiento de “Ojos en Alerta”, un sistema nacido en San Miguel que permite que vecinos previamente capacitados informen mediante WhatsApp situaciones sospechosas, delitos o emergencias directamente al centro de monitoreo.
El modelo se extendió posteriormente a distintas ciudades del país. En Córdoba, por ejemplo, el programa alcanzaba en septiembre de este año a 53 localidades del interior y a una población de casi un millón de personas.
Vicente López tiene un sistema de cámaras inteligentes.La segunda escala fue Vicente López. Allí los participantes recorrieron el Data Center, la red de Puntos Seguros -tótems instalados en la vía pública para solicitar asistencia- y el Centro de Monitoreo y Despacho Unificado.
Uno de los puntos analizados fue el uso de cámaras inteligentes para realizar seguimiento de sospechosos y coordinar la intervención de los móviles desde el centro de operaciones.
La diferencia con los primeros sistemas de videovigilancia es que el objetivo ya no pasa solamente por disponer de una grabación que pueda utilizarse después de ocurrido un delito. La tendencia es cruzar imágenes, ubicación, horarios y mapas del delito para orientar los recursos hacia lugares considerados de mayor riesgo.
El uso de mapas de calor, georreferenciación, videovigilancia e inteligencia artificial también forma parte de estrategias nacionales de seguridad para identificar zonas de concentración del delito y organizar los despliegues territoriales.
Uno de los problemas planteados durante el encuentro fue precisamente qué ocurre cuando el delito atraviesa los límites de una ciudad.
La propuesta es que la información disponible en los centros de monitoreo pueda utilizarse para mejorar la coordinación entre jurisdicciones y que la tecnología permita seguir determinados movimientos y orientar el patrullaje.
Según la documentación del encuentro, los municipios buscan avanzar en el uso de analítica de video y sistemas predictivos para organizar los recorridos preventivos.
El concepto de patrullaje predictivo parte del análisis de los lugares, días y horarios en los que se concentran determinados delitos. A partir de esa información se organizan recorridos y despliegues preventivos en las zonas consideradas más críticas. No implica saber quién cometerá un delito, sino utilizar patrones registrados previamente para distribuir los recursos disponibles.
La apuesta de los municipios es combinar esa información con cámaras, lectores de patentes, alertas ciudadanas y centros de monitoreo para acelerar la respuesta.
Las 23 ciudades que participaron
Buenos Aires fue la provincia con mayor representación: participaron Almirante Brown, San Martín, Pilar, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro, San Miguel y Chascomús.
También estuvieron Rosario, Rafaela y Venado Tuerto, por Santa Fe; Alta Gracia y Río Cuarto, por Córdoba; Godoy Cruz y Luján de Cuyo, por Mendoza; Comodoro Rivadavia, por Chubut; General Pico, por La Pampa; Rincón de los Sauces, por Neuquén; Cipolletti, por Río Negro; las ciudades de San Juan y San Luis; y La Banda del Río Salí, de Tucumán. También participó el gobierno de Río Negro.