Una mamá camina al trabajo. Recibe un llamado en el celular. Del otro lado, una fiscal de la provincia de Buenos Aires. La sorpresa, el shock y el miedo cambiaron el rumbo del día: su hija, de 11 años, había sido víctima de un abusador de 44 que la contactó por SnapChat fingiendo ser un nene de su edad. Le robó fotos que estaba comercializando en Internet. Un padre de Quilmes que le mostraba imágenes de niños siendo abusados a su hijo de 15. O una mujer que quedaba al cuidado de las pequeñas sobrinas de su novio cuando iba a trabajar y les tomaba fotos que luego vendía.
Esas son algunas de las historias detrás de los 136 allanamientos por 62 causas judiciales en 75 municipios bonaerenses que se realizaron este miércoles. Detuvieron así a 17 personas e imputaron a otras 125, además de 9 adolescentes que fueron puestos a disposición del fuero procesal penal juvenil.
Todos vinculados, por lo menos, a la tenencia y distribución de material de abuso sexual registrado, mal llamado pornografía infantil.
El operativo fue enorme y lo llamaron Operación Provincial Protección de las Infancias VIII, coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal bonaerense, a cargo de Eleonora Weingast. Y lo realizan al menos dos veces al año.
El objetivo de este tipo de procedimientos es “unir fuerzas” para prevenir y visibilizar la problemática de los delitos vinculados al material de abuso sexual infantil registrado (MASI) o el grooming.
Las alertas surgen de las denuncias de las víctimas, por investigaciones de las fiscalías especializadas de cada jurisdicción y por reportes internacionales procesados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos y la organización Missing Children.
“Son operativos que buscan visibilizar la problemática y traccionar con más fuerza, sobre todo para prevenir. Esto tiene que ser apropiado en tiempo porque detrás hay investigaciones proactivas que realizan en cada departamento judicial y que evalúan la urgencia y la posibilidad de unir los allanamientos o no, porque necesitan medidas más urgentes”, explica Weingast en diálogo con Clarín.
Uno de los objetivos principales es visibilizar la problemática y prevenir.Durante los operativos de seguridad se secuestraron 3.600 archivos de material de abuso, 176 teléfonos celulares, 70 computadoras y discos rígidos, y 95 dispositivos de almacenamiento digital.
Todos esos elementos secuestrados deberán ser peritados, por lo que no descartan que haya más imputaciones o que puedan surgir nuevas causas a propósito de lo que puedan encontrar en esos dispositivos. Identificar a las víctimas, incluso, puede ser un desafío. Pero detrás de cada una de esas imágenes hay una infancia siendo vulnerada, lo que convierte la detección en urgencia.
Ante la consulta de este diario, fuentes policiales informaron que entre los imputados hay un gendarme, un penitenciario y siete personas que trabajaban con niños, ya sea en colegios, clubes, “o personas cuyo trabajo implica diariamente estar en contacto con infancias”, aseguraron.
Los investigadores secuestraron más de 3.600 archivos con material de abuso.Daniela Sánchez es ayudante fiscal en el área de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de La Matanza. “Muchas personas pueden ser imputadas una vez que se accede a los dispositivos, pero lo que buscamos es la identificación de las víctimas que están siendo abusadas. Mi intención es salir a buscar víctimas para rescatarlas del abuso”, analizó.
Al respecto ejemplificó con un caso: “Gracias a un alerta pudimos identificar a una nena de 11 años que fue contactada por un señor de 44 que, haciéndose pasar por un menor, le pidió fotos. Esta nena se fotografió y se las envió. Nos llevó mucho esfuerzo encontrar a la niña que, quizás, ni supo que cayó en manos de un adulto. Ahora él quedó detenido por grooming y por producción de abuso sexual infantil”.
En todos los operativos se identificaron siete niños y niñas como posibles víctimas y se constató la presencia de 59 menores que convivían con los agresores. Su situación, alertaron, deberá ser contemplada para evaluar si pudieron haber sido víctimas de situaciones de abuso.
Otro dato revelador es que nueve adolescentes participaban en el intercambio de material de abuso sexual. En Morón, por ejemplo, identificaron a una chica de 16 años ofreciendo contenido de niños abusados.
El origen de las causas
La mayoría de los reportes llegan a través de alertas internacionales llamadas NCMEC. Se trata de informes por plataformas de redes sociales que permiten identificar y denunciar la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. En 2025, el 67, 6 % de las investigaciones sobre la temática se generaron gracias a esos reportes.
Los investigadores trabajaban con un sistema de alertas por plataformas de redes sociales.A nivel nacional, las alertas ingresadas al país registraron un aumento exponencial en los últimos años: 95.613 en 2023, 120.162 en 2024 y un pico de 159.131 en 2025. Esos reportes necesitan ser investigados caso por caso, jurisdicción por jurisdicción para intentar identificar víctimas y agresores.
Los casos de grooming escalaron en 2025, igual que los delitos vinculados a la tenencia y distribución de material de abusos sexual infantil. Los hechos de acoso en línea pasaron de 682 en 2022 a 780 en 2023, 883 en 2024 y 1.024 en 2025 en la provincia de Buenos Aires.
“A un agresor le bastan 19 segundos para migrar a un menor desde una plataforma de juegos a un chat privado de WhatsApp”, ejemplificó Weingast sobre los riesgos a los que están expuestos los niños en las redes. El grooming es identificado como el acoso y la manipulación de un adulto hacia un niño, niña o adolescente a través de internet, con el objetivo de ganarse su confianza para obtener contenido sexual, concretar un encuentro o cometer un abuso sexual.
A la par del aumento en procedimientos y operativos, las investigaciones comenzaron a enfrentarse a nuevos desafíos complejos, como la detección y peritaje de material de abuso sexual infantil generado o manipulado mediante herramientas de Inteligencia Artificial, algo que para las autoridades es considerado un delito y un caso de abuso contra las infancias.
En los procedimientos hubo involucrados 39 fiscales distribuidos en los distintos departamentos judiciales bonaerenses. Daniel Ichazo, fiscal general adjunto de Quilmes, contó a Clarín: “La mayoría de los imputados son por tenencia de material de abuso sexual infantil y cuatro por distribución y difusión. Casi todos llegaron por alertas de las plataformas. Pero también tenemos un caso de una mujer a la que detectamos en redes de persona a persona”.
El operativo fue “la punta del iceberg” para empezar a investigar. Con los secuestros y las pericias pueden surgir cientos de imputaciones de una problemática sensible y dolorosa. “Todavía no hay mucha conciencia sobre los peligros que corren las infancias. Y la cantidad de casos es masiva”, aseguró Weingast. Y cerró: “Tampoco hay una dimensión real de los daños que genera esta forma de abuso, incluso cuando hay uso de IA y no un abuso directo. Queda una huella que es real, las consecuencias son similares a una violación“.
Dónde denunciar
Departamento de Delitos Conexos (Procuración General): areaconexos@mpba.gov.ar. Teléfono (0221) 489-5665. Línea de emergencias: 911.
