La verdadera lección del caso de las SIRA

La escena parece salida de una serie sobre narcos o financistas de Miami: relojes de lujo, camionetas importadas, fiestas en Cancún y empresarios celebrando el aumento de la brecha cambiaria al ritmo de “Coco Bongo”. Pero no ocurrió en Netflix. Ocurrió en la Argentina de las SIRA.

Mientras miles de empresas esperaban durante meses autorización para importar insumos, otros conseguían permisos “al toque”. Según la investigación judicial, había empresarios dispuestos a pagar coimas de entre el 10% y el 15% para acceder a esos beneficios. La explicación es sencilla: quien obtenía una SIRA accedía a dólares oficiales muchísimo más baratos que los del mercado paralelo. La diferencia podía valer millones.

La discusión pública naturalmente se concentra en los funcionarios y empresarios involucrados. Y está bien que así sea. La corrupción debe investigarse y castigarse. Pero si queremos aprender algo de este episodio, conviene mirar un poco más profundo. Porque el verdadero problema no era solamente quién firmaba. El problema era que existiera una firma con semejante valor económico.

Para entenderlo hay que volver al contexto de aquellos años. Argentina tenía —y en parte todavía tiene— un sistema de múltiples tipos de cambio. El dólar oficial era mucho más barato que el financiero o el blue. Como el Banco Central no tenía suficientes reservas para venderle dólares baratos a todo el mundo, el gobierno debía decidir quién accedía y quién no. Para eso existían las SIRA.

En abstracto, incluso puede haber argumentos técnicos para defender un esquema así. Si un país enfrenta una crisis externa severa, puede intentar administrar escasez. El problema es cuando esa administración es discrecional.

Porque en ese momento aparece algo mucho más peligroso que un mal funcionario: aparece un sistema de tentaciones.

Si una autorización estatal determina quién puede comprar dólares a 300 y vender productos valuados a un dólar de 1.000, la firma del funcionario deja de ser un acto administrativo. Se transforma en un activo económico extraordinario. Y cuando una firma vale millones, inevitablemente aparecen intermediarios, gestores, “secretarías paralelas”, favores políticos y coimas. No porque los argentinos tengan una inclinación genética hacia la corrupción. Tampoco porque todos los funcionarios sean corruptos. Sino porque los incentivos del sistema están mal diseñados.

Hay una frase popular que resume bastante bien el problema: la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer.

Por supuesto que existe responsabilidad individual. Quien cobra una coima debe responder ante la Justicia. Pero también hay responsabilidad institucional en construir mecanismos donde una persona tenga poder discrecional para repartir beneficios económicos gigantescos.

La Argentina tiene una larga tradición de crear estos “kioscos regulatorios”. Sistemas donde un burócrata puede habilitar, frenar, acelerar o destrabar negocios privados. A veces ocurre con importaciones. Otras veces con permisos, registros, subsidios, licencias o autorizaciones administrativas.

Muchas regulaciones nacen con objetivos legítimos. Pero cuando combinan discrecionalidad, opacidad y enormes diferencias de precios, terminan creando mercados paralelos de favores y corrupción.

De hecho, esta es una de las grandes enseñanzas de la economía política de la regulación: cuanto más poder discrecional tiene el funcionario, mayor es el valor económico de influir sobre él. Y cuanto mayor es ese valor, más difícil se vuelve mantener la integridad del sistema.

Por eso las políticas anticorrupción más efectivas no son solamente las que castigan a los corruptos después del hecho. Son las que reducen las oportunidades de extracción de rentas antes de que aparezcan.

Un sistema donde una firma estatal vale millones de dólares no necesita héroes morales para funcionar mal. Funciona mal casi por definición. Ese es, quizás, el aprendizaje más importante que deja el escándalo de las SIRA. La corrupción no era un accidente del sistema. Era, en buena medida, una consecuencia previsible de cómo el sistema estaba diseñado.