Los cambios en impuestos que aplicó el Gobierno, más lo que proyecta de acá al 2027, tendrían un costo fiscal equivalente al 4,7% del Producto Bruto Interno (PBI). La estimación se desprende de un informe del economista Nadin Argañaraz, elaborado sobre datos del Ministerio de Economía y la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Entre 2024 y 2026, los cambios ya implementados acumulan una pérdida neta de recaudación cercana al 3% del PBI. El primer año arrojó un resultado positivo de 0,34% del producto, pero luego se registraron caídas de 1,69% en 2025 y de 1,61% en 2026.
Los tributos que aumentaron los recursos aportaron en conjunto 1,51% del PBI durante esos tres años. El impuesto a los combustibles explicó el 55% de ese incremento; Ganancias, el 36%; y el monotributo, el 9%.
En sentido contrario, las medidas que redujeron la recaudación representaron 4,48% del PBI. La eliminación del impuesto PAIS concentró el 43% de esa merma, seguida por la reducción de los derechos de exportación, con 19%; Bienes Personales, con 18%; y los cambios en las percepciones de IVA, con 11%.
Los impuestos internos coparticipados explicaron otro 5% de la pérdida; los derechos de importación, el 2%; mientras que el Fondo de Asistencia Laboral y la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles representaron aproximadamente 1% cada uno.
Para 2027, Argañaraz proyecta que las medidas tendrán un costo fiscal anual equivalente al 1,77% del PBI, unos 0,16 puntos porcentuales más que en 2026. La diferencia se explicaría principalmente por la aplicación plena del Fondo de Asistencia Laboral, financiado mediante una reducción de las contribuciones patronales, y por el mayor costo de los cambios en Bienes Personales.
Ese efecto sería parcialmente compensado por la desaparición del costo transitorio generado por el restablecimiento de los certificados de exclusión de percepciones de IVA y Ganancias en Aduana. Así, al finalizar el mandato, el costo fiscal acumulado de la política tributaria alcanzaría el equivalente al 4,7% del PBI.