Dos brasileños vinculados a la organización criminal “Bala na cara” de Porto Alegre, fueron condenados este viernes a prisión perpetua por haber asesinado de seis balazos en 2022 a un comerciante de Posadas al que la organización responsabilizaba de la pérdida de un cargamento de 150 kilos de marihuana.
El fallo del Tribunal Penal 2, integrado por César Yaya, Augusto Gregorio Busse y Martín Rau, recayó sobre David Wesley De Oliveira Silva (26) y Gabriel Guimaraes Da Silva (24), quienes durante el juicio se negaron a declarar, pese a contar con traductores a disposición.
Los magistrados consideraron que existían suficientes pruebas para responsabilizarlos del ataque que sufrió Cristian Javier Díaz (31) en la madrugada del 8 de mayo de 2022, en un kiosco del barrio Yacyretá.
El hallazgo de vestigios de pólvora en las prendas de ambos imputados y el hecho de haber reconocido que estuvieron en el lugar del hecho aunque ajenos al ataque, fueron suficientes para inclinar la balanza en favor del pedido del fiscal Vladimir Glinka, quien en su alegato final solicitó al condena de ambos como coautores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y el concurso premeditado de más de dos personas.
En su momento, De Oliveira Silva había dado una versión que nunca pudo probar. Contó que durante sus vacaciones en las playas de Santa Catarina se había conocido con una joven argentina, con la que inició una relación pese a que la mujer estaba casada. Y que en mayo acordaron que viajaría para visitarla.
El joven, que está sindicado por la Policía Militar de Brasil como parte de la banda criminal “Bala na cara”, relató que le pidió a su amigo que lo acompañara en el viaje a Posadas, donde arribaron el 3 de mayo de 2022.
Al descender en la terminal de ómnibus intentó contactarse sin éxito con su amante. Es por eso que ambos cruzaron hacia un bar cercano en busca de información sobre algún alojamiento. En esas circunstancias, dijo, conocieron a Héctor “Leche” Rodríguez, quien les había pedido ayuda para poner en marcha su automóvil con un empujón.
El brasileño dijo que el desconocido les ofreció alojamiento sin cobrarles nada. Y que en los días posteriores conocieron la ciudad y compraron bebidas en el kiosco de Díaz. Sobre la noche del crimen, dijo que estaban adquiriendo bebidas cuando llegó un encapuchado y le disparó al comerciante, motivo por el cual ellos decidieron escapar y subir al Fiat Duna donde los esperaba Rodríguez con el motor en marcha.
En los alegatos finales, el fiscal Glinka sostuvo que “acá hubo un acuerdo de voluntades entre “Leche” y los imputados para que Diaz muera. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Había un plan para que todo que impune, un plan que se pensó bien, pero que se ejecutó mal”.
Agregó que existía algún tipo de vínculo entre Rodríguez -nunca pudo ser hallado por la Justicia- y la víctima, y que posiblemente estuviera vinculado a la venta de drogas, pero que esa situación no cambiaba la situación de los imputados.
Destacó que los brasileños actuaron sobre seguro porque sabían que el kiosquero no estaba armado. Y que fue “Wesley quien apuntó y disparó con una pistola calibre nueve milímetros. El primer disparo pegó en un mueble. Ahí Díaz se cae y queda acostado. Wesley ingresó la mano (por la ventana del negocio) y tiró seis veces más, todas al cuerpo”, relató el fiscal.
La abogada Ramona Gómez, en tanto, apuntó a la absolución por el beneficio de la duda poque no se pudo establecer el acuerdo previo para matar. Y a cargar toda la responsabilidad sobre el hombre que está prófugo.
En sus conclusiones indicó que los dos brasileños se embarcaron en una aventura al viajar a Posadas desde Porto Alegre. “Mis asistidos han estado en un lugar equivocado en un momento equivocado”, aseguró la defensora.
Lo que no se pudo probar pero quedó como principal sospecha es que Díaz fue asesinado porque una organización criminal perdió unos meses antes 150 kilos de marihuana a manos de Gendarmería. Y responsabilizaban al comerciante de haber facilitado la información para ese procedimiento.
Durante el juicio, el Tribunal dispuso que se reforzara la vigilancia en todo el edificio por temor a un ataque por parte de hombres vinculados a la organización criminal que aterroriza al estado de Río Grande do Sul y ya tiene ramificaciones en Argentina.