El “súper” Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que promueve el Gobierno de Javier Milei y que se discute en el Congreso, sumó su primer anuncio de inversión: US$ 1.200 millones para la construcción de un reactor nuclear modular, cuya patente es de la empresa rionegrina Invap, que también integra Meitner Energy, la compañía que financiará este proyecto y que tiene como principal accionista al Ansari Group del magnate Hamid Ansari, radicado desde pequeño en los Estados Unidos.

El anuncio se conoció este jueves en el Palacio de Hacienda, con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. En representación de Meitner Energy estaba su CEO, el argentino Teófilo Lacroze, empresario con recorrido en empresas del sector petrolero como Raizen y Shell.

La construcción de estos reactores nucleares forman parte de aquel Plan Nuclear que en diciembre de 2024 el presidente Javier Milei junto a Demian Reidel, el asesor presidencial que tuvo un corto paso por Nucleoeléctrica Argentina y que renunció bajo un telar de denuncias.

Junto a Luis Caputo y a Lacroze estaba también Federico Ramos Napoli, el joven secretario de Asuntos Nucleares que se vincula con Santiago Caputo, el asesor con despacho en Casa Rosada.

El reactor modular será construido en el sitio de Atucha, en la localidad bonaerense de Lima, Zárate. La iniciativa prevé ser financiada íntegramente con capital privado, “sin requerir aportes estatales para su desarrollo”, aclararon desde el Gobierno.

“Detrás de la apuesta está el Grupo Ansari, un inversor internacional que eligió al país como plataforma para producir y, eventualmente, exportar esta tecnología al mundo”, remarcaron desde la Secretaría de Asuntos Nucleares.

Hamid Ansari es un empresario e inversor tecnológico de origen iraní, radicado desde hace décadas en Estados Unidos, que desarrolló su carrera en los sectores de telecomunicaciones, tecnología e innovación.

Meitner Energy buscará aplicar esta inversión al Súper RIGI para contar con los beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros que se discuten en el Congreso: ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, resta la sanción del Senado.

De suceder, el proyecto daría lugar a la cuarta central nuclear del país y al primer reactor de su tipo construido en el mundo: un ACR-300 de tecnología de origen argentino y sello de manufactura nacional.

La noticia llega en un contexto particular para el sector nuclear. Esta semana la Comisión Nacional de Energía Atómica despidió a 61 trabajadores, en un episodio que incluyó la presencia de Gendarmería.

El Gobierno busca avanzar en una mayor participación del sector privado. Nucleoeléctrica Argentina, por caso, está en un proceso para incorporar capital privado, que no podrá ser superior al 44% de las acciones de la compañía que opera las tres centrales nucleares generadoras de energía eléctrica.

Un comunicado elaborado por la Secretaría de Asuntos Nucleares, a la que tuvo acceso Clarín, confirma este “cambio de paradigma”. “El proyecto es, ante todo, la materialización de una idea de país”, dice el texto. Y sostiene que durante décadas, “el desarrollo nuclear argentino dependió de fondos públicos, financiamiento externo y decisiones sujetas al humor político de cada gestión”. Y agrega que el esquema que hoy impulsa el Gobierno propone exactamente lo contrario: “Que sea el capital privado el que arriesgue, invierta y empuje, mientras el Estado se repliega a su función esencial de garantizar reglas estables y previsibilidad”.





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