El Tribunal Oral Federal de Corrientes elevó de 5 a 9 años y medio de cárcel la condena de uno de los ex secretarios penales del Juzgado Federal N° 1 en la causa donde se lo investigaba por asociación ilícita, cobro de coimas y prevaricato.
El fallo recayó sobre Pablo Carlos Molina (56), quien desde principios de septiembre cumple una pena de 4 años de cárcel por haber ordenado escuchas telefónicas ilegales a su esposa.
Los jueces resolvieron además que la pena que deberá cumplir el ex juez federal Carlos Vicente Soto Dávila (78) se determinará una vez que el Cuerpo Médico Forense establezca si puede afrontar esta nueva instancia del proceso penal, algo que su defensa puso en duda debido a serios problemas de salud.
Para Casación, el magistrado fue la cabeza de la organización delictiva que benefició a narcos que operaban en la zona de Itatí.
La audiencia de mensuración de la pena había sido ordenada en diciembre de 2024 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que dio por probada la existencia de una asociación ilícita que funcionaba en el Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Corrientes.
Los camaristas dispusieron que se agravaran las penas de Soto Dávila -considerado el jefe de la organización- y de otras ocho personas.
El recurso había sido impulsado por el fiscal federal Carlos Schaefer junto con el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; y contó con el aval del fiscal general Raúl Pleé.
Los fiscales se habían mostrado disconformes con el fallo de primera instancia, que había considerado que no se pudo probar la existencia de una asociación ilícita.
“El magistrado a cargo de un juzgado federal y dos de sus secretarios coordinaban con determinados abogados particulares de la jurisdicción la obtención de dádivas por parte de narcotraficantes para beneficiarlos con resoluciones judiciales favorables”, sostuvieron los jueces de Casación al darle la razón a los fiscales.
“El magistrado a cargo de un juzgado federal y dos de sus secretarios coordinaban con determinados abogados particulares de la jurisdicción la obtención de dádivas por parte de narcotraficantes para beneficiarlos con resoluciones judiciales favorables”, señaló en su momento el fallo de Casación.
En la audiencia de la semana pasada, Schaefer pidió 11 años de cárcel para Molina, pero los jueces fijaron una pena en 9 años y medio tras dar por probado que fue miembro de una asociación ilícita, en concurso real con cinco casos de cohecho pasivo y cuatro hechos de prevaricato.
Además, se mantuvo la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida.
Otro de los secretarios, Federico Alberto Grau (63), también vio incrementada la pena, ya que los magistrados decidieron elevarla de 4 a 6 años y medio. Además de considerarlo parte de la asociación ilícita, la Justicia dio por probados tres casos de cohecho pasivo y otros tantos de prevaricato.
El abogado Duylio Horacio Barboza Galeano (54), en tanto, deberá purgar una condena de 4 años y medio de prisión por integrar la banda y haber pagado tres coimas a los funcionarios judiciales. Esta pena es más del doble de la fijada en el juicio oral.
Otro abogado, Gregorio Humberto Giménez (74), que había sido absuelto, deberá cumplir una pena de 3 años y medio de cárcel por los mismos delitos, pero un solo caso de cohecho.
El abogado Tomás Alfredo Viglione (41) había zafado en primera instancia, pero ahora le dictaron una pena de 3 años y medio de cárcel por ser parte de la asociación ilícita y el pago de dos sobornos.
El ex intendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone (62), en tanto, fue sentenciado el viernes a 2 años de prisión en suspenso por el pago de coimas a los funcionarios judiciales. La misma pena les correspondió a los abogados Omar Antonio Serial (73) y Jorge Ricardo Vallejos (66), por los mismos delitos.
La situación judicial más compleja es la de Molina. El ex secretario tiene una condena firme de 4 años de prisión por haber ordenado escuchas a su esposa y un amigo por sospechar de una infidelidad, pero además debe volver al banquillo de los acusados por haber entregado irregularmente junto a Soto Dávila varios vehículos que habían sido secuestrados en una concesionaria utilizada para lavar dinero del narcotráfico.
Fuentes judiciales dijeron que si es condenado en esa causa, Molina podría llegar a acumular más de 15 años de prisión. El ex secretario penal del Juzgado Federal de Corrientes es hijo de un ex ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chaco.