Un fiscal de Mar del Plata descubrió el funcionamiento de un call center de estafas que operaba desde el interior de una cárcel bonaerense, desde donde se realizaban al menos 50 llamadas diarias a todo el país. La investigación judicial permitió desarticular una red criminal que no solo concretaba engaños telefónicos, también organizaba violentas entraderas en las casas de sus víctimas.
A raíz del hallazgo, el fiscal Mariano Moyano solicitó formalmente a las autoridades que se prohíba de manera urgente el uso de celular dentro de los penales.
Según remarcó, la libre disponibilidad de teléfonos permite a los reclusos planificar y ejecutar graves delitos sin ningún tipo de control desde su lugar de encierro.
El expediente se inició tras un intento de estafa ocurrido en julio en Mar del Plata, cuando falsos policías intentaron engañar a un hombre para sacarle sus ahorros. La víctima sospechó y evitó el fraude, pero la el rastreo de las cámaras de seguridad y las antenas telefónicas permitió vincular ese episodio con otros hechos delictivos.
Uno de los ataques más violentos se registró días después en una vivienda de la calle Artigas, donde encapuchados maniataron y golpearon a una mujer de 70 años. Los asaltantes le provocaron cortes en los pies para exigirme dinero y huyeron con 600 mil pesos. Por el hecho fue detenido Alejandro Rosales Demetrio.
El peritaje del celular de Rosales fue la llave para desentrañar la organización que conectaba varias penitenciarías. Los detectives de la DDI Mar del Plata y La Plata constataron que la banda funcionaba con roles perfectamente distribuidos entre tres cárceles.
El corazón operativo del esquema delictivo se encontraba montado en la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos. Desde allí, el preso Hugo Carlos Miguel, alias “El Gitano“, de 62 años y condenado a 30 años de prisión por homicidio, actuaba como el principal llamador de la organización.
Miguel utilizaba la falsa identidad del “Subcomisario Gutiérrez”, nombre de un personaje de una serie, se cree que para infundir confianza a las víctimas. Así, se comunicaba diariamente con adultos mayores para concretar los engaños y exigir entregas de dinero en efectivo.
Las maniobras incluían mentiras sobre supuestos familiares detenidos tras atropellar a una mujer embarazada, caso en el que exigían una fianza urgente. En otros casos, los estafadores simulaban ser hijos o sobrinos y pedían a sus víctimas que cambiaran dólares ante un inminente y falso anuncio económico del Gobierno.
La inteligencia previa para elegir a los damnificados era aportada por otros internos alojados en las Unidades Penales N° 44 y N° 15 de Batán. Franco Isaías Miguel y Jonathan Villalba recababan los datos patrimoniales de las potenciales víctimas y se los transmitían a la celda de Olmos para ejecutar los llamados.
En caso de que la maniobra telefónica no tuviera éxito, la organización enviaba “células” operativas fuera de la cárcel a las viviendas. Dichos grupos se hacían pasar por policías en la puerta o irrumpían por la fuerza para cometer los robos.
Los informes de las empresas telefónicas revelaron la impactante escala del negocio criminal operado desde los pabellones. Entre junio y octubre, los reclusos realizaron más de 10.000 llamadas salientes a distintas ciudades de Buenos Aires y de provincias como Neuquén, Mendoza, Córdoba, Rosario y Tierra del Fuego.
Ante la contundencia de la prueba, el fiscal Moyano ordenó allanamientos simultáneos en los tres penales bonaerenses a fin de evitar la destrucción de evidencias. Como resultado, los efectivos secuestraron ocho celulares, tarjetas SIM y anotaciones clave con nombres y números de futuras víctimas.
En la requisa a la celda de Olmos cayeron Hugo Miguel y su compañero Joel Aguirre, mientras que en Batán se notificó de las nuevas imputaciones a Rosales, Isaías Miguel y Villalba. Los investigadores analizan ahora la documentación incautada para determinar la dimensión total del fraude.
Tras desmantelar la estructura, el fiscal Moyano reiteró que el uso descontrolado de celulares en los penales representa un peligro directo para toda la comunidad. El funcionario judicial enfatizó que resulta indispensable cortar las comunicaciones informales en las cárceles para frenar la ola de estafas y extorsiones que se coordinan tras los muros.
Mar del Plata. Corresponsal