Vicentín, lejos de dar vuelta la página: el juez la entregó a una firma de corretaje pero Molinos y Dreyfus apelaron la decisión

El concurso de acreedores de Vicentín, que con una deuda de US$ 1.500 millones, es el mayor que se recuerde en Argentina; vuelve a exponer una historia que está lejos de resolverse, mientras siguen los ecos de la debacle de la líder agroindustrial que entró en default en febrero de 2020.

Por entonces, hasta hubo un fallido intento de expropiación del Gobierno de Alberto Fernández que provocó airadas protestas en casi todo el interior.

El último diciembre, en la que se leyó como solemne decisión, el juez Fabián Lorenzini de Reconquista, Santa Fe, dispuso el traspaso de acciones de Vicentín a la firma Grassi, con 132 años en el corretaje de granos, que se hizo cargo de la operación.

Así, dejó en el camino a los poderosos grupos Molinos Agro y Louis Dreyfus, que ahora han recurrido a una segunda instancia judicial para invalidar ese procedimiento. Quienes siguen de cerca este caso, intuían que no se iban a quedar de brazos cruzados.

Algunos advierten que en este traspaso hacia Grassi hubo varios hechos curiosos. Uno es que el juez le adjudicó a quien menos ofreció en montos para cancelar las millonarias deudas. Pero el tiempo jugó a favor a Grassi ya que llegó un rato antes que sus competidores al Juzgado a presentar las conformidades de los acreedores.

El otro dato, es que las conformidades de los acreedores se repetían en ambos contrincantes.

La compañía está hoy en operaciones bajo la batuta de Grassi pero son pocos los que creen que se haya cerrado el capítulo de la que una fuerte sacudida en el ambiente agroindustrial, que arrancó cuando Vicentín no pudo hacer frente a sus compromisos en diciembre de 2019. Desde entonces, la política metió mano y el concurso posterior tuvo un trámite tumultuoso.

Así, hubo un rechazo del juez a la homologación de la propuesta concursal, una Cámara que revocó esa sentencia y ordenó homologar y el Superior Tribunal de Santa Fe que revocó la sentencia de Cámara, quedando rechazada la homologación. Y hasta hubo un recurso extraordinario ante la Corte que fue desistido.

Durante ese agónico trámite, la empresa hizo una propuesta que, dependiendo la opción que se tomara y las tasas de descuento que se aplicaran, pagaba solo el 18% a sus cuantiosos acreedores. Eso sí, distribuyó un monto de US$ 30.000, igual para todos y con el cual se cancelaba en algún caso el 100% de los créditos y, en otros, la nada misma.

De acuerdo al experto Francisco Roggero, managing partner de ZBV Abogados, “lo que vemos es un proceso que debería haber demorado un año y medio a lo sumo, y tomó cinco hasta que hubo una resolución que además rechazaba la homologación, por lo que se abrió un proceso de cram down”.

Esto es, un mecanismo legal y financiero, utilizado en los concursos que le permiten al juez aprobar un plan de reestructuración de deuda forzoso, incluso si una clase de acreedores lo rechaza.

Para el abogado, “el caso Vicentín es una buena muestra de lo mal que funciona el sistema de concursos y quiebras en la Argentina”. En su visión, “la ley de concursos y quiebras, en su redacción actual, no prevé límite para la quita de la deuda. De esta manera, y más allá de que el juez pueda rechazar las propuestas por considerarlas abusivas, en la práctica hemos visto la consagración de terribles abusos por el tamaño de la quita. Otra falla de nuestro sistema es la absoluta ausencia de sanción o castigo a los accionistas. Aquí es donde encontramos a empresas fundidas por dueños ricos. El accionista que choca su empresa no sufre absolutamente nada más que, en todo caso, la pena de ver su negocio morir”, concluye.

En cuanto a Vicentin, la Cámara santafesina tiene ahora la palabra. En el mientras, tanto, el gigante que fundó la familia Vicentín en 1920 opera sus dos plantas industriales en Santa Fe en las localidades de Avellaneda y Ricardone dedicadas a molienda de soja. Y puso en marcha otras instalaciones como desmotadoras de algodón y sus terminales portuarias sobre el Paraná.