La divulgación sobre el malestar de Aeropuertos Argentina, la concesionaria de 35 terminales en el país, no cayó nada bien en el Gobierno. Según lo que trascendió el viernes pasado, la compañía acusa a la gestión de Javier Milei de no cumplir con un preacuerdo que se había fijado con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), y sobre el que no habría una respuesta hace más de un año.
Las diferencias entre la perspectiva de la empresa y la del Gobierno son muy grandes, a tal punto que casi no hay puntos en común. Sí coinciden en que se debe renegociar el contrato, aunque mientras Aeropuertos Argentina habla de un congelamiento total en las negociaciones, el oficialismo marca todo lo contrario. Incluso, habla de posibles sanciones y hasta la finalización del vínculo en caso de que no se cumpla con las inversiones previstas, como trascendió ayer que podría ocurrir, y con desembolsos previstos por más de US$ 600 millones en obras de infraestructura.
“Es falso que está todo cajoneado. Muy por el contrario, se está analizando todo de forma ágil, profunda y muy puntillosamente con el ORSNA y la Secretaría de Transporte. Tenemos incluso actas firmadas”, apuntaron a Clarín fuentes oficiales.
El foco del problema tiene dos ejes claros. Por un lado el económico, y por el otro los plazos que Aeropuertos Argentina se quiere asegurar para seguir operando las terminales locales. Y aquí también hay un abismo entre el lugar en el que están parados ambos. Ese precontrato que ahora se pone en juego habla de extender la concesión hasta 2056, y que incluso se podrían sumar otros 10 años.
Desde el Gobierno apuntan que cualquier extensión que se determine no solo no puede ser establecida de forma automática sino que, además, debe tener “debida justificación”. “Cada año adicional debe tener una justificación”, afirman desde el oficialismo, y agregan que “o resulta necesario para recomponer un desequilibrio reconocido, o está asociado a nuevas inversiones concretas que deba realizar y recuperar el concesionario”.
La pata económica, en tanto, tiene dos variables. Una es la de la tasa de rentabilidad con la que se opera en la actualidad. La concesionaria quiere que se respete el 16,45% de hoy, algo considerado absolutamente excesivo por el Gobierno. “El contrato debe permitir una rentabilidad razonable y asegurar la viabilidad de la concesión; no se trata de un contrato de rentabilidad asegurada”, sostienen desde la gestión libertaria.
La visión empresaria indica que incluso la tasa actual no sirve como punto de equilibrio económico, por lo que incluso debería ser más alta que la actual. Desde el Gobierno no comentan sobre cuál es un punto “razonable” según sus expectativas. Además, entienden que el cálculo de rentabilidad está basado en un contexto económico de hace algunos años, más complejo.
Dentro de esta discusión, el punto al que no quiere llegar el Gobierno es el del incremento de las tasas aeroportuarias, algo que encarecería el costo de los pasajes. Al respecto, las fuentes oficiales indicaron que esto tendría un efecto directo sobre la cantidad de pasajeros transportados, un factor que no quieren poner en juego.
Dentro del escalón económico hay otro punto fundamental, que tiene que ver con el plan de inversiones, y que Aeropuertos Argentina ahora dice que está en riesgo. Si esto ocurre, el Gobierno ve que hay “riesgo de incumplimientos contractuales”, algo que no solo podría equivaler a la aplicación de sanciones, sino que si el escalada del conflicto no se detiene incluso se podrían dar la finalización anticipada del vínculo contractual.
Esto tiene que ver, precisa, con que sin esas inversiones se vería un deterioro en la infraestructura aeroportuaria, lo que además generaría la pérdida de competitividad del sistema aeroportuario argentino.
Las diferencias, incluso, se dan a la hora de analizar las perspectivas respecto de cuándo se podría poner fin a estas idas y vueltas. Con el escenario actual, en Aeropuertos Argentina hablan de fin de año, mientras que el Gobierno esperan que el acuerdo llegue antes. “Tenemos intenciones de cerrar todo, pero está claro que no a cualquier precio”, advierten las fuentes oficiales.