Patricia Bullrich anticipó que enviará una ley correctiva para introducir cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, que simplifiquen los procedimientos para que “todos los sectores puedan acceder”, y aclaró que los funcionarios públicos quedarán excluidos del blanqueo de capitales.
“No será el caso de los funcionarios públicos, pero sí van a poder hacer un blanqueo los que durante años ahorraron en dólares en Argentina como manera de resguardo de valor”, sostuvo la senadora oficialista durante un desayuno con empresarios en el refinado Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, organizado por la Fundación Mediterránea.
De esa manera, Bullrich presentó el cambio a fin de buscar agilizar la aprobación de la medida, que es parte de una estrategia para movilizar fondos que permanecen fuera del circuito formal y llevarlos hacia la economía. “Es un incentivo a la inversión y a que los argentinos crean, creamos en nuestro país”, planteó.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza vinculó esa modificación con una cuestión que atravesó buena parte de su exposición: la negociación como método para conseguir que las reformas avancen en el Congreso, aun cuando eso implique resignar parte de las propuestas originales.
El ejemplo que eligió fue la Ley de Tierras: reconoció que desde el oficialismo se pretendía una apertura mucho mayor a la inversión extranjera, pero debió retroceder durante la negociación para conseguir los votos, en una de las últimas ventanas para impulsar cambios estructurales, con la campaña presidencial de 2027 cada vez más cerca.
Bullrich describió el resultado -que se plantó en un límite de un 15% de titularidad de tierras por parte de extranjeros- como “un muñón” respecto de la propuesta original y comparó con el caso de Brasil donde se permite hasta un 25%. No obstante, sostuvo que se preservó lo que considera “la esencia” de la norma: la protección de la propiedad privada. “Justo nos tocó un momentum de nacionalismo”, dijo, atribuyendo el resultado a una cuestión de mal timing.
En paralelo, la senadora cuestionó a los gobernadores por el manejo de las cuentas provinciales y aseguró que, mientras el Gobierno nacional avanzó con el ajuste del gasto y la baja de impuestos, las provincias “han hecho todo lo contrario”. “Los gobernadores no acompañan”, afirmó.
“Cada vez que nosotros bajamos un impuesto, las provincias suben Ingresos Brutos”, se quejó Bullrich y consideró: “Ingresos Brutos tiene que desaparecer”. Sin embargo, reconoció que eliminarlo obligaría a revisar el esquema de coparticipación federal, una discusión que, según dijo, el oficialismo “no considera conveniente encarar en este momento”.
La definición llegó después de la exposición de Osvaldo Giordano, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), quien había planteado justamente la necesidad de un acuerdo entre la Nación y las provincias para encarar, entre otras reformas necesarias, una reforma tributaria.
Según explicó, los cinco impuestos más distorsivos representan en conjunto el equivalente al 7,5% del PBI y alcanzan a los tres niveles de gobierno, por lo que ninguna jurisdicción puede resolver el problema por sí sola. Fue allí donde Bullrich endureció el diagnóstico. Para la senadora, el problema no es solamente la necesidad de coordinación sino la falta de acompañamiento de los gobernadores.
Antes de Bullrich, Giordano también había trazado un diagnóstico sobre los primeros dos años de la economía de Milei. Destacó la estabilidad fiscal y la baja de la inflación, pero advirtió que la recuperación de la actividad fue muy dispar.
El dato más preocupante apareció en el empleo: desde noviembre de 2023, el empleo asalariado privado formal perdió más de 200.000 puestos de trabajo, con la industria y la construcción entre los sectores más afectados. El agro fue el único que generó empleo formal en ese período, aunque de manera modesta en relación con el crecimiento que tuvo la actividad.
Giordano incluyó además al sistema previsional entre los problemas pendientes. Advirtió que el gasto jubilatorio viene ganando peso tanto en la Nación como en las provincias que conservan cajas propias y consideró que será difícil sostener el equilibrio fiscal sin abordar ese frente.