Caputo busca más dólares del colchón: amplió el plazo para sumarse al régimen y evalúa ajustes en los topes

El Gobierno anunció este jueves una prórroga de más de 30 días para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, la herramienta central de la Ley de Inocencia Fiscal impulsada a principios de año por el Gobierno con el objetivo de que los argentinos saquen los dólares del colchón y los ingresen al sistema financiero sin necesidad de dar explicaciones sobre su origen ni exponerse a sanciones del fisco.

La decisión fue anunciada por Luis Caputo después de una reunión reservada que mantuvo en el quinto piso del Palacio de Hacienda con un grupo reducido de contadores. El ministro de Economía los recibió para escuchar una serie de problemas técnicos y legales que, aparentemente, están frenando la adhesión masiva al régimen.

“Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal. Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen. También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio“, dijo Caputo después del encuentro.

El ministro había celebrado días atrás que ARCA registró más de 80.000 adhesiones al régimen simplificado, y destacó que la cifra se duplicó en los últimos 20 días. Sin embargo, el universo potencial supera el millón de contribuyentes, y el vencimiento para el período fiscal 2025 opera entre el 11 y 16 de junio. La extensión del plazo busca sumar un mayor número de adhesiones.

Según el INDEC, al cierre del tercer trimestre de 2025 los argentinos mantenían alrededor de US$ 254.000 millones fuera del sistema financiero. El Gobierno busca que al menos US$ 17.000 millones vuelvan al sistema con un “blindaje fiscal” de cara a un segundo semestre donde se espera una menor oferta de divisas, sin la cosecha gruesa, y podría haber volatilidad por shocks externos.

Durante la charla, Caputo estuvo acompañado por el director de ARCA, Andrés Vásquez, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. La comitiva de tributaristas -algunos de ellos vinculados al Consejo Profesional de Ciencias Económicas- estuvo integrada por Alejandro Rosenfeld, César Litvin, Miriam Roldán, Sonia Becherman y se sumó por zoom Ana María Kaiser.

Uno de los temas que asomó en la reunión fue el pedido de especificar los alcances de los topes máximos de $1.000 millones de ingresos brutos anuales y $10.000 millones de patrimonio total para que personas humanas y empresas puedan adherirse al régimen. Los funcionarios se habrían comprometido a dictar normas aclaratorias y realizar posibles ajustes en los montos, lo cual requeriría un proyecto de ley.

“Van a salir normas aclarando o modificando cuestiones que generaban incertidumbre en la interpretación, donde ante cualquier discrepancia se caía el régimen. Y también van a mejorar los topes para ingresar, cómo se computan y se toma Ganancias y el ingreso. Si mejoran la interpretación de los montos o los suben, más gente va a poder ingresar“, dijo el tributarista Cesar Litvin.

Los tributaristas también pidieron flexibilizar el criterio para definir si hay inconsistencias que ameritan la exclusión del régimen. El nuevo esquema establece una presunción de que lo declarado por el contribuyente es exacto, impidiendo que ARCA fiscalice períodos pasados. Pero si detecta una discrepancia significativa, puede investigarlo. Esto ocurre si el fisco detecta una diferencia mayor al 15% entre el impuesto pagado y lo que correspondía, o si supera los $100 millones.

Otro punto que se conversó fue el salto astronómico de las multas automáticas. La Ley de Inocencia Fiscal multiplicó por 100.000% las sanciones por demoras en presentar las declaraciones juradas (como IVA y Ganancias). Los montos habían quedado bajos, pero ahora la multa para personas humanas pasó de $ 200 a $ 220.000 y para empresas, de $ 400 a $ 440.000. En los casos agravados, pueden llegar a oscilar entre $ 5 millones y $ 35 millones.

Caputo convocó a los especialistas dos días después de los reclamos elevados por la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. En una nota a Vásquez, plantearon observaciones sobre el alcance de los topes de ingresos, el tratamiento de determinadas rentas y dividendos presuntos, la incidencia de ciertas operaciones financieras, los requisitos de adhesión, la inclusión de rentas exentas y la situación de contribuyentes con actividades mixtas.