La Corte de Apelaciones del estado de Columbia, Estados Unidos, rechazó este martes un pedido de la Argentina para desestimar la demanda del fondo Titan Consortium y pequeños acreedores del grupo español Marsans por la expropiación de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El Estado había sido condenado en 2017 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial a pagar 321 millones de dólares más intereses -que ahora suma en total casi US$ 391 millones- y costas del proceso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, que la Argentina no pagó hasta el momento.
El fallo quedó firme en 2019, pero el CIADI no tiene capacidad para hacer ejecutar sus propias sentencias. Tiempo después, Titan Consortium 1 LLC, firma que adquirió a Burford Capital los derechos económicos derivados del laudo, presentó una petición de reconocimiento y ejecución ante la Corte del Distrito de Columbia en 2021.
Aunque la Argentina invocó que el plazo de prescripción es de 3 años, el tribunal lo rechazó e indicó que es de 12 años. Más tarde, reconoció el laudo del CIADI por un monto de 390.907.155,55 dólares al 10 de diciembre 2024 más intereses posteriores.
Pese a la apelación, la corte terminó reconociendo este martes la decisión de primera instancia sobre el plazo de 12 años y el monto a pagar.
En la misma corte, además, se tramita el caso de la constructora italiana WeBuild -continuadora de Salini Impregilo-, que le reclama a la Argentina el pago de 123 millones de dólares por el congelamiento de las tarifas de peaje en el puente Rosario – Victoria. WeBuild ya cuenta con el fallo favorable del CIADI y también busca ejecutarlo.
El gobierno de Javier Milei analizará las herramientas legales disponibles para revertir o mitigar el impacto de la sentencia.
En el caso por la expropiación de YPF, que terminó con un resultado favorable para la Argentina, Burford Capital -financista de las demandas de los accionistas de la quiebra de las sociedades Petersen, que pertenecían a la familia Eskenazi, y del fondo Eton Park- acudió a pedir una revisión de un plenario de jueces, que le fue denegado. Su alternativa ahora es ir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, con pocas probabilidades de tener éxito.
Las expropiaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner tuvieron un costo de aproximadamente 30.000 millones de dólares para el Estado argentino, entre lo que se pagó y los juicios pendientes de resolución ante tribunales extranjeros.
El gobierno de Cristina Kirchner expropió en 2008 Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur al grupo español Marsans, en medio de una ola de nacionalizaciones de empresas que operativamente funcionaban mal y veía como estratégicas.
Las aerolíneas se sumaron al Correo Argentino, a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y luego siguieron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), YPF y la calcográfica Ciccone.
Por el caso Aerolíneas Argentinas y Austral, Marsans vendió los derechos de litigio al fondo Burford Capital, el mismo que financió las demandas perdidas por el caso YPF, y después Burford los transfirió a Titan Consortium.