Flybondi presentó un plan de acción, como le exigió el Gobierno la semana pasada, y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) la autorizó a seguir volando.
La autoridad aeronáutica le labró dos nuevas actas de infracción por más de 20 vuelos cancelados en junio y más de 100 en julio. Ya le cobró multas por $ 54,7 millones por 38 actuaciones y tiene en trámite 22 sumarios, con sanciones que representarían más de $ 450 millones. Aseguró que intensificó los controles: según sus datos, desde diciembre de 2024, realizó 36 inspecciones y auditorías operativas y 17 inspecciones de talleres aeronáuticos.
Igualmente, informó que verificó que “la empresa cumple con las exigencias de la normativa vigente en materia de seguridad operacional” y que “se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para su operación”, por lo que podrá seguir vendiendo pasajes como hasta ahora.
La semana pasada, el organismo ya había expresado que este es “un tema entre privados” y aclaró que “la legislación nacional no contempla la suspensión cautelar de la venta de pasajes ni de las operaciones de compañías que cuentan con autorización vigente”. “Una medida de esa naturaleza podría afectar el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad comercial, violando la Constitución Nacional”, señaló.
Si en el análisis de la información presentada la ANAC detectaba incumplimientos, podía adoptar medidas como la inmovilización de aviones. No obstante, a partir de esta presentación que requirió que Flybondi comunique su plan de vuelos y flota, la autoridad agregó que continúa el intercambio técnico con la aerolínea, trabajando sobre la programación prevista, en el marco de las tareas de supervisión y fiscalización que lleva adelante.
La presentación realizada el viernes coincidió con el vencimiento del periodo de due dilligence, auditoría que, según la compañía, se llevó adelante para conocer el estado de su situación y en el que, aseguró, encontró “divergencias sustanciales en la información ofrecida por el management y la verdadera situación de la misma”, motivo por el que justificó la remoción reciente de la cúpula y su reemplazo por nuevos responsables en mayo.
Por su parte, en cambio, Brasil le impidió operar, ampliándole la restricciones a la venta de pasajes: a las rutas con Florianópolis, Maceió y Salvador se sumó la de Buenos Aires-Río de Janeiro (con el aeropuerto de Galeão) y por el momento la aérea no puede ofrecer vuelos al país vecino, tras cancelar en julio casi 80% de ellos.
Pese a que a mediados del mes pasado anunció una recomposición de su programación, la situación de la low cost sigue siendo crítica y mantiene una operación mínima. En julio, canceló casi 75% de los servicios previstos, más de 310, según datos de la plataforma Failbondi, que monitorea su actividad diaria. Despegaron apenas 105, solo 25%. A su vez, según el sitio, ya se cancelaron 30 en los primeros cuatro días de agosto.
Según la Central de Deudores del Banco Central, Flybondi acumula cuatro cheques rechazados en julio por $ 559 millones. Asimismo, debe ponerse al día con pagos pendientes con ANAC, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e Intercargo. Para ello se adhirió a un plan de pagos.
Sin una solución a la vista a la crisis en la que está inmersa hace un año y medio y que se profundiza con el correr de las semanas, como anticipó Clarín, los empleados se encontraron con una sorpresa en el ingreso a las oficinas de Puerto Madero: en la pantalla de reconocimiento dactilar del acceso ahora figura junto a la leyenda “¡Bienvenido!” una imagen de un avión con el logo OCA Air.
Los empleados sospechan que la low cost resurgiría con este nombre, asociado a la histórica empresa de correo que COC Global Enterprise, el grupo del empresario Leonardo Scaturicce, compró en diciembre, tras quedarse en junio de 2025 con la aerolínea. De esa forma, OCA sumaría envíos aéreos y traslado de pasajeros. Consultada, la empresa no hizo declaraciones al respecto.