El Gobierno presentó un adelanto del Presupuesto 2027, un documento que anticipa los lineamientos macroeconómicos y fiscales que servirán de base para la elaboración del proyecto de ley que será enviado al Congreso antes del 15 de septiembre.
El escenario oficial para el período 2027-2029 parte de la premisa de que continuará el proceso de estabilización de la economía, con menor inflación, crecimiento de la actividad y mejora de los indicadores sociales.
En el plano macroeconómico, el Ejecutivo sostiene que el crecimiento del PBI en 2027 estará impulsado por una recuperación de la inversión, el consumo privado y un aporte positivo del sector externo.
A la vez, proyecta una fuerte desaceleración de la inflación, que, según el documento, permitirá “fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares” y mejorar las condiciones para las decisiones de consumo e inversión.
Las proyecciones oficiales también prevén una mejora del mercado laboral y de los indicadores sociales. El informe sostiene que continuará la baja de la tasa de desempleo, mientras que “la tasa de la pobreza continuaría reduciéndose, al igual que la indigencia“.
En ese marco, el Gobierno afirma que el escenario de mediano plazo contempla “la consolidación de un proceso de crecimiento económico sostenido, acompañado por una reducción persistente de la inflación” y un fortalecimiento de los equilibrios macroeconómicos.
En materia tributaria, Economía anticipa que los recursos crecerán levemente en términos reales durante ese trienio, impulsados por una mayor actividad económica y un incremento de las exportaciones. Sin embargo, ratifica que continuará con la estrategia de alivio impositivo al sector privado.
Según el informe, durante ese período “se consolidará el objetivo de continuar devolviendo recursos al sector privado, mejorar la competitividad y sostener la apertura económica”, una política que considera clave para sostener el crecimiento.
Respecto de la deuda pública, el adelanto del Presupuesto señala que la programación financiera fue elaborada en línea con los objetivos de “sostenibilidad de la deuda pública, fortalecimiento del mercado de financiamiento y mantenimiento del equilibrio fiscal“, sin adelantar todavía cifras específicas sobre necesidades de financiamiento o vencimientos.
El documento también anticipa que el Gobierno profundizará el proceso de reorganización del Estado. Según el texto, la medida busca “optimizar la asignación de recursos humanos y financieros y fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas”, aunque aclara que se preservará el cumplimiento de los compromisos asumidos con los organismos internacionales de crédito.
En el capítulo dedicado a las provincias, el Gobierno reafirma que continuará promoviendo el equilibrio fiscal en las administraciones subnacionales y la reducción de la presión tributaria. Además, ratifica la continuidad del régimen de compensación de deudas recíprocas entre la Nación y las provincias creado en 2024.
Según el informe, actualmente 20 provincias y la Ciudad de Buenos Aires ya adhirieron al mecanismo y siete jurisdicciones firmaron los acuerdos correspondientes, mientras continúan las negociaciones con el resto para avanzar en la compensación de obligaciones cruzadas.