Familias endeudadas: cómo es el plan de salvataje que aprobó la Ciudad para refinanciar saldos de tarjetas y préstamos

La Legislatura porteña aprobó este jueves un plan de desendeudamiento para morosos que acumulen más de dos meses de atraso de tarjeta de crédito o préstamos personales.

Es un programa que apuntará a personas que tengan domicilio registrado en la Ciudad en los últimos dos años, que no tengan ingresos mayores de 3,6 millones de pesos, que no sean poseedores de más de un inmueble y que no hayan comprado dólares durante el tiempo de atraso en la deuda.

Se trata de un proyecto de ley que fue presentado por el legislador Leandro Santoro y que fue aprobado por consenso, porque contó con el respaldo del oficialismo porteño y bloques aliados.

La norma deberá ser reglamentada en los próximos 30 días antes de su puesta en marcha formal. Recién una vez que se conozca la letra chica, el banco público porteño habilitará el ingreso a ese programa, aseguraron.

No es la primera medida de este tipo que toma un gobierno, entidad pública o legislatura para intentar aplacar el problema de la mora crediticia en los hogares.

La provincia de Santa Fe ya había presentado su propio plan para empleados públicos y privados. El Banco Nación lanzó una línea blanda para refinanciar deudas. Y los bancos provinciales bonaerense y cordobés hicieron lo propio para empleados públicos.

Según el texto, podrán acceder al beneficio quienes tengan deudas originadas en tarjetas de crédito o préstamos personales bancarios –no están comprendidas las billeteras virtuales– y se encuentren registrados en la Central de Deudores del Banco Central con atrasos de entre 60 y 180 días.

Si bien el proyecto original incluía a los morosos en categoría 4 (entre 181 y 365 días), finalmente la versión final negociada los excluyó.

Tampoco se contempló a casos de deudores considerados “irrecuperables” (más de un año) porque suelen ser carteras crediticias que los bancos venden a estudios jurídicos para que intenten cobrar esos montos por la vía judicial.

Para el caso de clientes del Banco Ciudad, podrán refinanciar deudas con esa entidad pero también con bancos privados. Los clientes solo de bancos privados deberán esperar que la entidad en cuestión adhiera al programa, algo que la ley promueve en uno de sus artículos a través de un descuento del 50% de los Ingresos Brutos que pagan por los intereses de esos préstamos.

Quienes busquen ingresar a este programa deberán acreditar ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos. A valores de hoy, implicaría un tope de $ 3,6 millones mensuales. Desde julio, será de $ 3,7 millones.

Por otra parte, el peso de las cuotas no tiene que superar el 30% de los ingresos del hogar, por lo que para un ingreso máximo permitido desde julio, el monto adeudado por tarjetas o préstamos personales debería rondar los $ 1,1 millones.

Los nuevos créditos tendrán como destino exclusivo la cancelación o refinanciación de las deudas existentes en entidades que estén reguladas por el Banco Central. El proyecto establece que deberán ofrecer una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.

Esto no implica que esa sea la tasa final, que es determinada a través del Costo Financiero Total (CFT). El proyecto aclaró que las entidades participantes podrán mejorar esas condiciones con tasas más bajas o plazos más extensos.

La iniciativa también fija una serie de exclusiones. No podrán acceder quienes posean más de un inmueble, vehículos con menos de cinco años de antigüedad -salvo que sean utilizados para actividades laborales-, embarcaciones o aeronaves, ni quienes tengan activos financieros cuyo valor supere el monto de la deuda reclamada.

Tampoco estarán alcanzadas las personas que hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos impagos.

Además, el proyecto contempla una línea especial para emprendedores y trabajadores no registrados que mantengan deudas con Ciudad Microempresas y presenten atrasos de entre 60 y 180 días.

Como incentivo para la participación del sistema financiero, las entidades adheridas accederán a una reducción del 50% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los intereses obtenidos por estos préstamos.

Los potenciales beneficiarios dispondrán de un plazo de 60 días desde la puesta en marcha del programa para solicitar los créditos. La reglamentación deberá dictarse dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de la norma.

Un informe reciente de la consultora Analytica estimó que, mientras en las provincias del norte la proporción de morosos respecto al total de endeudados es más alta (llega al 35% en La Rioja), la Ciudad de Buenos Aires es uno de los casos opuestos. Ese porcentaje es de 16,1%.

De todas formas, CABA es uno de los distritos con la deuda mediana más altos del país. En primer lugar Analytica ubicó a Tierra del Fuego, con 1,1 millones de pesos, seguido de Neuquén ($842.000 millones), Santa Cruz ($819.000 millones) y la Ciudad de Buenos Aires ($796.000 millones).